Jueves, 16 de julio de 2020

Elecciones en las regiones históricas

Profesor de Derecho Penal de la Usal

En estos días hemos conocido oficialmente la convocatoria electoral para el 5 de abril de dos de las Comunidades Autónomas que accedieron al proceso autonómico, hace ya cuatro décadas, por el régimen especial, o lo que es lo mismo, las de primera categoría, previsto en el artículo 151 de la CE (Euskadi y Galicia) y próximamente conoceremos la fecha (no más allá del verano) de convocatoria electoral para la tercera (Cataluña). La cuarta (Andalucía) las celebró hace poco más de un año, por lo que actualmente está fuera de ese proceso.

Recordemos que la Carta Magna prevé una situación jurídica y competencial diferente para estas CC.AA. que para las que accedieron por el régimen general del artículo 143 de la CE. Mientras estas últimas necesitaban el transcurso de 5 años desde su constitución y una reforma de sus Estatutos para acceder a las competencias previstas en los artículos 148 y 149 de la CE, las de régimen especial (las que accedieron por el sistema establecido en el artículo 151) asumieron todas las competencias (de los arts. 148 y 149) desde el inicio.

Conforme a esto, las diferentes formaciones políticas han ido acomodando sus posiciones para ubicarse de la mejor forma posible en la parrilla de salida. Los nacionalistas (PNV o Bildu, en Euskadi y BNG, en Galicia), además de PSOE (en ambas Comunidades) y PP en Galicia (donde gobierna) tienen ya sus estrategias bien definidas y la programación de una campaña electoral adecuada a sus circunstancias. Lo mismo le ocurre a VOX, que aunque es una formación nueva tiene expectativas más que razonables de obtener unos resultados favorables, fundamentalmente porque rascará votos de muchos desencantados del ala mas conservadora de PP y Ciudadanos.

Ahora bien, tanto PP como Ciudadanos no cuentan con buenos augurios en Euskadi y Cataluña (a pesar de que en esta última, Ciudadanos es actualmente la fuerza política mayoritaria después de las últimas Autonómicas catalanas de diciembre de 2017). De ahí que en estos últimos tiempos veamos a líderes políticos como Casado y Arrimadas deambulando desesperadamente para intentar unir sus fuerzas y compartir candidaturas en los próximos comicios autonómicos. Operación que ya intentó realizar Casado en las últimas elecciones generales, de noviembre, ante la debacle sufrida en las de abril de 2019, donde obtuvo solamente 66 Diputados al Congreso. En ese momento no interesaba al líder que ya es historia en Ciudadanos, Albert Rivera, quién hambriento de poder y sediento de venganza, se convirtió en el líder más absurdo e inútil de nuestra historia reciente, que se creyó, en todo momento, enviado de la divinidad y el personaje principal del “cuento de la lechera”: su única obsesión fue convertirse en presidente del gobierno en un futuro no muy lejano, apoyado por PP y VOX, a los que luego absorbería como partidos y desbancar al PSOE como primera fuerza política. En aquél momento, la soberbia se apoderó de Rivera y no autorizó listas conjuntas del estilo de Navarra Suma para el resto de las circunscripciones electorales.

En las circunstancias actuales –no ya Rivera, porque el destino político le trató como merecía su arrogancia, obligándole a dimitir-, Arrimadas quiere hacer de la necesidad virtud y ahora es ella la que demanda amargamente acudir junto al PP en las elecciones autonómicas que tendrán lugar en el presente año, con la excusa de unir fuerzas para ser “verdugos” de los partidos nacionalistas. Pero como ni las pretensiones de uno y otro partido son honestas sino que simbolizan una “pelea de gallos” en toda regla, ha tenido que salir el presidente gallego diciendo que “de eso nada, faltaría más, en Galicia no necesita el PP a Ciudadanos ni a VOX”. Y Arrimadas, que le queda ya muy poca fuerza y legitimidad democráticas, tendrá que claudicar e intentar que su muerte política sea lo más digna posible.

Paradójicamente, el primer paso para esa salida digna ya lo han dado apoyando la iniciativa socialista de tramitar la proposición de ley por la que España reconocerá el derecho a la Eutanasia.