Jueves, 1 de octubre de 2020

Caso Couso: dieciséis años de impunidad y vergüenza

Hechos probados:

8 de abril de 2003. La guerra entre EE.UU. e Irak acaba de comenzar. Hotel Palestina, centro de Bagdad, piso 15. Un misil estadounidense: ¡bum! José Couso, muerto.

Dos líneas: un crimen de guerra.

 

David García Méndez

Activista por los Derechos Humanos

La noticia de la muerte (asesinato) de José Couso cayó como un jarro de agua fría en una España agitada. El país acababa de entrar en una guerra sin justificación, sin apoyo internacional ni apoyo ciudadano. Imagínese, las manifestaciones contra la participación española en la fiesta bélica yanqui colapsaban las ciudades españolas y, de pronto, llega el cadáver de un civil, de un cámara de Telecinco. El Gobierno de Aznar, encantado de jugar a las invasiones con los mayores, mira para otro lado y no condena el ataque ni hace muestra alguna de exigir responsabilidades. ¿Qué iba a hacer? A José Couso lo ha matado un misil estadounidense, un misil de nuestro aliado: a Couso se lo han cargado los nuestros.

Eran otros tiempos. En España, por aquel entonces, la justicia universal existía y la familia Couso interpone una querella exigiendo responsabilidades a los EE.UU. El juez Santiago Pedraz inicia las diligencias de investigación y, en 2005, ordena la detención de tres militares norteamericanos con la oposición de la Fiscalía. Empezaba a molestar. El Pentágono acababa de enviar un informe oficial, pulidamente sellado y firmado, jurando que había sido en defensa propia, verdad verdadera, de la buena. ¿Cómo se atrevía un puñetero juez de instrucción a dictar una orden de detención internacional si estaba todo claro y no había sido culpa de nadie? Son gajes del oficio, my friend.

Años de archivos y reaperturas, de peloteo del caso entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los compañeros de José Couso testifican, las contundentes pruebas se acumulan y el caso apesta. Un marrón de los gordos. Los fiscales entorpecen, y la patata caliente quema. Wikileaks entra en escena y filtra documentos que prueban que EE.UU. presionó al por aquel entonces Fiscal General Conde-Pumpido y a los ministros Moratinos y López Aguilar: dejad de tocarnos las narices, you fucking Spaniards. Ya no estaban Bush y Aznar, eran Obama y Zapatero; pero, sobre todo, seguían siendo EE.UU. y España y las condenas por crímenes de guerra son una putada, gobierne quien gobierne.

Llega el Gobierno de Mariano Rajoy con aires de cambio y resolución: se carga la justicia universal. Desde entonces los tribunales españoles no tienen posibilidad real de investigar delitos cometidos fuera de territorio nacional. El juez de la Audiencia Nacional pelea, pero, finalmente, es obligado a cerrar el caso. La patata se enfría, todos contentos y a la familia Couso, si quiere justicia, “vuelva usted mañana”.

Luego entra en escena el Tribunal Constitucional. La familia Couso y la Asociación Libre de Abogados interponen un recurso de amparo contra los autos de sobreseimiento alegando que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. No prospera. El TC resuelve el recurso en junio de 2019 avalando el archivo de la causa y confirmando lo que ya había dicho en el 2018: la reforma de la justicia universal era constitucional.

De forma paralela, la familia Couso solicitó una indemnización al Estado español por denegación de protección diplomática, que fue desestimada por silencio administrativo (el político ya lo teníamos, este es nuevo). Toca recurrir, pero esta vez la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional da la razón a la familia y condena al Estado a indemnizarles con 182.000 euros. No es suficiente. No quieren dinero, quieren una sentencia que condene a los responsables de un crimen de guerra. Presuntamente, tres militares estadounidenses, que, a día de hoy, siguen sin ser juzgados.

El caso actualmente está en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante el que la familia ha recurrido la sentencia del Tribunal Constitucional con la intención de que declare que la reforma de la jurisdicción universal española vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es su última oportunidad.

En su origen, la justicia universal fue concebida como una herramienta para exigir responsabilidades por delitos contra la comunidad internacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha demostrado que no es lo mismo encausar a un señor de la guerra africano que a tres oficiales del ejército americano.

Sí, el orden internacional es complejo, plagado de intereses inconciliables y exigir responsabilidades en muchas ocasiones no deja de ser un deseo formulado al viento; pero, lo confieso, soy un romántico. Yo todavía creo que la altura moral de un país, de una comunidad, significa algo, y dar la espalda a un compatriota asesinado es cobarde e indigno. España no puede seguir mirando hacia otro lado.

No se trata únicamente de José Couso, ni de Taras Protsyuk, cuya vida fue segada por el mismo misil. La batalla por la recuperación de la justicia universal merece ser librada por todas las víctimas anónimas de crímenes contra la humanidad cuyos responsables no han recibido el más mínimo reproche penal. En estos tiempos de patriotismo exacerbado, en los que todo se reduce a los símbolos, os invito a reflexionar sobre si una sociedad puede construir una bandera tan grande o un himno tan emotivo como para que sean capaces de ocultar esta vergonzosa injusticia.