Jueves, 1 de octubre de 2020

La Amazonia, o la necesidad de una solución colectiva

Los retos de la deforestación y del agua no se detienen en las fronteras administrativas de los Estados, por lo que la Amazonia condiciona el bienestar humano más allá de Brasil

Tal y como funciona el ajedrez político internacional, no se puede intervenir en las políticas internas de un país, aunque se instrumentalice un bien común como la Amazonia para ganancias económicas locales

Tania Curiel

Activista por los Derechos Humanos

Los incendios en la Amazonia brasileña cubrieron los titulares del verano del 2019: «principal pulmón del planeta», «patrimonio de la humanidad», «responsabilidad de Bolsonaro»… ¿Pero en qué medida son estas declaraciones pertinentes?

La Amazonia es una región que abarca 9 Estados y 9 legislaciones diferentes, comprende una selva tropical, el río más largo del mundo, además de una increíble biodiversidad. En concreto, la Amazonia brasileña representa un territorio más grande que el de la Unión Europea y cuenta con 20 millones de habitantes. Los incendios en la región no afectan solo a Brasil y a sus países fronterizos, sino al bienestar humano en general, y apelan entonces a unas consideraciones medioambientales globales. He aquí la raíz del problema.

La manipulación del fuego es una antigua práctica de la Amazonia, donde los agricultores prendían fuegos para despejar el suelo del bosque y poder así obtener pastos y producir su alimento, aunque tratando de preservar la selva: la terra preta —«tierra negra» en portugués— apunta a disponer de tierras mixtas, fértiles y enriquecidas por cenizas y carbón, pero dejando los árboles en pie.

Sin embargo, esta tradición es muy distinta de los incendios actuales, en un 90% proezas de actividades externas. Desde comienzos del 2019 y de la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, la deforestación se aceleró y los incendios forestales se multiplicaron por 3 respecto a 2018. El presidente Bolsonaro animó a intensificar el desmonte de la selva para potenciar la producción brasileña de soja destinada a la ganadería: se tala el bosque por completo, se deja secar la vegetación y se prenden fuegos (ya se quemaron centenas de miles de hectáreas) con el objetivo de aumentar así las exportaciones a EE.UU., Argentina y Francia. Por primera vez en su historia, Brasil posee un gobierno en guerra contra la selva amazónica y sus defensores. Escéptico del cambio climático, Jair Bolsonaro estima que lo que frena el desarrollo del país es el exceso de leyes medioambientales.

Para poder llegar a estos extremos, el presidente Bolsonaro respaldó a las grandes empresas agro-pastoriles locales desmontando los sistemas de protección legales de la Amazonia. El problema es que a partir del momento en que las Autoridades se creen por encima de los acuerdos, no existe ninguna manera de aplicarlos. La Constitución brasileña de 1988 protege las reservas y territorios indígenas, delimitando sus territorios y asegurando que puedan disponer de sus tierras, de su uso y de sus recursos naturales. Pero incluso estas zonas protegidas están expuestas a la intensificación de la ganadería, en este caso ilegal, y el Presidente Bolsonaro elige no implicarse activamente en la búsqueda de estos actores y milicias privadas. Lejos de reconocer el papel benéfico de estas poblaciones, el presidente hizo de los indígenas uno de los principales blancos de su política, acusándolos de ser grandes terratenientes, asegurando que no les cedería ni un centímetro cuadrado más de tierra.

Tal y como funciona el ajedrez político internacional, no se puede intervenir en las políticas internas de un país, aunque se instrumentalice un bien común como la Amazonia para ganancias económicas locales. En el caso de Brasil, las elecciones funcionaron como permiso de deforestación. Si se sigue en esta vía, los incendios amazónicos podrían tener un impacto global con cambios irreversibles en la circulación oceánica y aérea. La selva amazónica no solo emite vapores de agua, sino que envía al aire los núcleos indispensables para la formación de las nubes. Pero también tendrá efectos, paradójicamente, sobre la economía brasileña: según un estudio del Banco Mundial sobre la calidad del agua, cuando esta última es mala, el crecimiento económico de la región disminuye en un 30%.

La Amazonia tiene tendencia a presentarse como santuario a proteger, no menos por sus intereses cruzados que por su papel medioambiental, por lo que tras su incendio, el presidente francés, Emmanuel Macron, tildó la situación de «crisis internacional». Bolsonaro no tardó en caracterizar sus declaraciones de «colonialistas», «entremetidas en la soberanía brasileña», una reacción comprensible, ya que los países del Norte destruyeron el 80% de sus bosques; aunque en un lapso de 5000 a 6000 años, cuando se desconocían las consecuencias sobre el clima. Pero desde la perspectiva del medio ambiente, todas las señales están en rojo: la influencia de Brasil sobre la mecánica del calentamiento global no es la misma que la del resto del mundo.

Es importante subrayar que la selva amazónica es un bosque muy antiguo con una producción de oxígeno limitada; sin embargo, su capacidad de retención de CO2 es todavía importante (un 14% de las emisiones de CO2 mundiales), por lo que al arder, libera enormes cantidades de carbón en la atmósfera. Sin embargo, sí es el corazón del ciclo del agua: su caudal es el más importante del planeta y permite protegernos de la erosión del suelo, garantizar la calidad del agua, fijar los climas y preservarnos de los desastres naturales.

Los retos de la deforestación y del agua no se detienen en las fronteras administrativas de los Estados, por lo que la Amazonia condiciona el bienestar humano más allá de Brasil. Por lo que es necesaria una injerencia medioambiental y un cambio de escala. Transcurrirá mucho tiempo antes de que tengamos una gobernanza mundial y acuerdos internacionales en cuanto a estas cuestiones, pero la destrucción de los recursos cada vez se acelera. Existen recomendaciones y resoluciones medioambientales de la OCDE y de Naciones Unidas para que las decisiones sobre ciertos territorios no tengan impacto negativo sobre otros. Pero reposan sobre la voluntad de los gobiernos de poner en marcha instrumentos legislativos que reconocen los derechos de la naturaleza, y no dar primacía a sus intereses económicos.