Viernes, 24 de enero de 2020

Investidos y embestidos

Una de las sesiones en el Congreso de los Diputados. Foto de EP

A veces es deprimente pensar que lo que pasa en el Congreso de los diputados es reflejo de la sociedad española, a la que representa. Pero así debe ser, al menos en parte, pues los partidos políticos son "manifestación de la voluntad popular" y "expresan el pluralismo político”, según la Constitución (artº 6). (Aunque no es posible tomar en serio este artículo –ni la democracia misma– si el transfuguismo se generaliza, como pedían las derechas y como lo ha practicado la Sra. Oramas en el último debate de investidura. ¿Para cuándo pasar a ley el acuerdo de San Fermín de hace ya varias décadas?)

No por esperado resultó menos bochornoso el discurso de la oposición en ese debate. Frente a un gobierno legítimo que pretendía exponer y debatir su programa no hubo sino insultos y descalificaciones hacia el candidato en lo político, lo moral y lo personal. En una intervención de unos 40 minutos, el “jefe de la oposición” apenas destinó cuatro a hablar de esas propuestas y ni se molestó en ofrecer alternativas. Si esto es así cuando se anuncia un programa político, ¿qué será cuando se empiece a aplicar?, ¿llegar a las manos?, ¿batirse en duelo?, ¿apelar a esos militares facciosos que nunca faltan en España?...

Las derechas españolas carecen del sentido de la medida, entre otras cosas. Pues el caso es que el programa de investidura tiene poco de "radical", “ultra” o "colectivista" como dijo Casado, siendo más bien reformista moderado, pisando suave el freno a la deriva neoliberal que iba sumiendo al país en la desigualdad, la erosión de los servicios sociales y la limitación de los derechos políticos. En materia laboral, por ejemplo, solo parcialmente se deroga la reforma de 2012, pues no se toca la rebaja de los costes del despido, ni la eliminación del visto bueno administrativo en los despidos colectivos (EREs), de modo que la regulación laboral queda en varios aspectos clave como la dejó el gobierno de Rajoy.

En cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, por poner otro ejemplo, se vuelve a la asignatura de religión como voluntaria y sin alternativa para para los que no la sigan y se habla de recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, pero no se mencionan las asignaciones para culto y clero, ni los privilegios fiscales de la Iglesia ni la revisión del Concordato. La propuesta de reforma fiscal aumenta ligeramente la presión impositiva sobre las rentas mayores y las grandes empresas, pero desde luego no basta para cubrir el diferencial existente con la media europea en ese aspecto.

Junto a esta moderación se observa una motivación social, muy adecuada para paliar los efectos de las crisis (la que apenas hemos pasado y la que viene ya), así como un propósito de regeneración democrática y saneamiento del sistema judicial. Y, ¿qué decir de la cuestión catalana? Es evidente que la vía judicial y represiva no ha hecho sino enconar el problema y envenenar las relaciones políticas, de modo que parece llegado el momento de la negociación y del diálogo. Si eso exige reformar la constitución, no es cosa del otro mundo: ya ha habido siete cambios de ese tipo en los últimos dos siglos (sin contar lo de Bayona, el Estatuto Real o las Leyes Fundamentales del Movimiento).

Sería bueno pues que el Congreso en su conjunto dejara las trincheras y el fomento de la inestabilidad para centrarse en el debate de propuestas concretas y en ofrecer alternativas, no invectivas de mala baba. Hay demasiados problemas y conflictos en España y en el mundo como para cerrarse en la banda ideológica y abandonar las buenas maneras.

La sociedad española no debe ver manchada su imagen con la que dan algunos de sus representantes políticos.