Domingo, 19 de enero de 2020

Declaraciones ‘guerracivilistas’

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Las negociaciones para la investidura del candidato Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, no están resultando fáciles; no porque no sea posible aritméticamente investirlo con formaciones políticas que comparten proyectos e ideas progresistas, sino por la sistemática descalificación que los sectores conservadores y ultra conservadores, tanto políticos como mediáticos, están haciendo del candidato y del partido que lo sustenta: el PSOE, el más votado en las confrontaciones electorales de este año 2019.

De calificativos insensatos y malintencionados como los que en su día hizo Casado sobre Sánchez: “el mayor traidor de la democracia…  un felón”, se ha pasado a afirmar, como lo hacía Díaz Ayuso la semana pasada, que “quizá en enero tengamos a un ministro de hacienda etarra”. Y de estos polvos vienen los lodazales actuales, como lo manifestado por el general retirado Fulgencio Coll en un artículo periodístico reciente, que anima a los “poderes del Estado” para que impidan la investidura de Pedro Sánchez si llega a acuerdos con ERC y que se estudie su “procesamiento” por ser un peligro para la “seguridad nacional”. Estas manifestaciones no son solo contrarias al texto constitucional que tanto dicen defender estos señores de la derecha cavernaria -puesto que las negociaciones del candidato se enmarcan rigurosamente en el artículo 99 de la Carta Magna-, sino pueden también vulnerar el ordenamiento jurídico penal: tratar de impedir que el Congreso de los Diputados pueda reunirse para deliberar y resolver la investidura del presidente del gobierno si se hace con un alzamiento violento y público está tipificado como delito grave contra la Constitución, por el vigente CP.

Por su parte, el exministro del interior del gobierno de M. Rajoy, Fernández Díaz, también ha manifestado que se le debe aplicar el artículo 102.2 de la Constitución al presidente Sánchez, es decir, depurar la responsabilidad penal contra él por “traición” o por cualquier delito “contra la seguridad del Estado”. ¿este señor está legitimado para plantear estas iniciativas cuando él está presuntamente implicado por colaborar con “las cloacas del Estado” en la guerra sucia contra Podemos, en 2016, acusándoles falsamente de financiarse con dinero del gobierno chavista de Venezuela o en las conversaciones con el director de la oficina anti fraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, para desacreditar a rivales políticos?

¿Cuáles son realmente las intenciones tanto del señor Fulgencio Coll como de la mayoría de los líderes de los partidos de la derecha política cuando realizan manifestaciones de este calibre? ¿Admiten la posibilidad de que se impida la investidura de Sánchez al estilo del general Pavía, en 1874 o del teniente coronel Tejero, en 1981, entrando por la fuerza en el Congreso de los Diputados, o, tal vez, como lo idearon Sanjurjo, Mola y Franco, en 1936? ¿o quizá pueden impedirlo siguiendo el modelo del “Tamayazo” que impidió al socialista Rafael Simancas ser presidente de la Comunidad de Madrid en 2003, siéndolo posteriormente la “popular” Esperanza Aguirre?

Las respuestas a todas estas interrogantes son más sencillas de lo que parece. Lo que le importa realmente a la derecha política y mediática no es si España se rompe o no, sino recuperar el poder como sea. No importa si los medios utilizados son o no legítimos, lo importante es el fin; es decir, gobernar y mandar, aunque para conseguirlo lesionen o pongan en peligro cuestiones esenciales de España y de los españoles. Ya lo dejó muy claro Montoro cuando el PP estaba en la oposición al gobierno de Zapatero: “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”.