Chile, ¿crónica de una insurrección anunciada?

Mariana Iglesias
Activista por los derechos humanos

Chile vive un descontento social desde hace muchos años (movimiento de escolares en 2006, movimiento de universitarios en 2011, marcha anti AFP en 2018) y las autoridades han hecho oídos sordos a estas manifestaciones. Chile es uno de los países con más desigualdad social del mundo, por lo que este “oasis” dentro de Latinoamérica del que hablaba hace poco el presidente Sebastián Piñera tocaba sólo a unos pocos. En el país, el sueldo de un parlamentario equivale 32 veces al sueldo mínimo en Chile. ¿Qué tal?

En Chile existe una educación para pobres y una educación para ricos, una salud para pobres y una salud para ricos, y así. Por otro lado, es un país extremadamente caro. Se vive con precios de país desarrollado pero con sueldos de país subdesarrollado. La mayoría de las familias de clase media que no puede acceder a subsidios estatales apenas alcanza a llegar a fin de mes, por lo que existe un excesivo endeudamiento en la sociedad.

Estos problemas vienen de larga data, más bien el problema viene desde las bases institucionales, establecidas en la Constitución Política de 1980, redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. En ésta se estableció el Estado Subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? El mercado se regula perfectamente solo y el Estado sólo debe intervenir en aquellas cosas en las que aquél no puede hacerse cargo, como por ejemplo, la seguridad interna y externa del país que está entregada a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Esto tuvo como consecuencia que en el país todo quedó en manos de privados. La salud y la educación no son derechos sociales sino bienes de mercado. Si no tienes recursos no puedes acceder a absolutamente nada de calidad.

Sin embargo, no sólo se privatizaron los derechos sociales sino que también los bienes nacionales que pertenecen a todos, como los recursos naturales. En Chile una planta de aguacate tiene más derecho al agua que una persona. Los glaciares no están protegidos por ley y las empresas mineras pueden dejar sin agua a una población completa sin que se les pueda decir nada.

Ante toda esta debacle, las autoridades en un principio negaron todo, luego hablaron de una guerra y de un enemigo que amenazaba la estabilidad política del país; y finalmente expresaron que si bien el sistema no es perfecto y tiene fallas, la solución no es cambiarlo sino “mejorarlo”, es decir, seguir igual.

Lamentablemente, Chile se sigue rigiendo por una Constitución Política redactada en dictadura y en 30 años ningún gobierno democrático se ha propuesto realizar una nueva sino que sólo modificarla. Mientras no se llame a una Asamblea Constitucional y se redacte una Constitución Política democrática, las cosas no van a cambiar. Si el desdén de las autoridades continúa, el descontento social va a continuar hasta un punto en que es probable —espero que no— que se llegue a una guerra civil. Esto no fue un estallido de un día para otro, son demandas que se vienen haciendo desde hace años y que si las autoridades las hubiesen escuchado en el momento en que se produjeron es probable que estuviéramos contando —y escribiendo— otra historia.