Miércoles, 1 de abril de 2020

Desmantelamiento de la sanidad pública

Profesor de Derecho Penal de la Usal

En Mieza, mi pueblo, como en tantos municipios de España, se construyeron nuevas escuelas, para niños y niñas, durante la Segunda República (entre 1931 y 1936). Hasta ese momento, España era un país con un número insuficiente de escuelas, había pocos maestros, su formación era insuficiente, sus salarios de miseria y la tasa de analfabetismo rondaba el 35 % de la población española, sin contar los que apenas sabían leer y escribir y que incrementaban, de forma alarmante, los porcentajes de analfabetismo funcional en nuestro país.

Debido a la precaria situación, el gobierno de la Segunda República aprobó, por Decreto, un plan quinquenal que pretendía la construcción de 27.000 escuelas y llenarlas con los mejores maestros a través de ambiciosos programas de formación, entre los que estaba el Plan Profesional de Magisterio. La mejora del sistema educativo, que impulsaba una educación pública, gratuita y laica para todos los niños y niñas, fue encomiable; pero, como sabemos, la fuerte oposición de la Iglesia Católica, el Golpe de Estado promovido por los rebeldes, la guerra civil y la dictadura de Franco acabaron con el ambicioso plan, y la educación de “la letra con sangre entra”, la de “a palos se hacen los hombres”  y la de los colegios de curas y monjas se instaló definitivamente en España, persiguiendo -en el mejor de los casos con depuración y traslado forzoso y, en el peor, con el exilio, el encarcelamiento o la ejecución- a miles de maestros por tratar de inculcar a los niños los nobles ideales de la Institución Libre de Enseñanza, que no eran otros que la educación pública gratuita, en libertad e igualdad para todos.

Las nuevas escuelas de Mieza se fueron llenando de niños y niñas hasta alcanzar cifras inimaginables hoy día en la inmensa mayoría de los pueblos de nuestra provincia: más de 200 escolares, de una población total que superó ampliamente los mil habitantes en el segundo tercio del siglo pasado. Pero la alarmante despoblación acabó con el cierre de 3 de las 4 escuelas. El ayuntamiento, mediante el proceso de desafectación al servicio público educativo de esas infraestructuras, unificó el espacio de las tres escuelas creando un gran centro social y cultural en el que ahora se pueden sentar todos los vecinos del municipio para asistir a una conferencia, para ver una película de cine o para degustar una “paellada” durante las fiestas patronales.

¿Y qué ocurrió con las instalaciones de la cuarta escuela? El ayuntamiento la ha convertido recientemente en un lujoso y moderno consultorio médico que ha mejorado el espacio y ha anulado las barreras arquitectónicas que padecía el viejo.

Pero, “¡qué poco dura la alegría en casa del pobre!”. Ahora que Mieza cuenta con un consultorio médico puntero al que asiste una médica y una enfermera todos los días, la Junta de Castilla y León va a aprobar un “plan de reestructuración sanitaria” en el que pretende cerrar cerca de 200 pequeños consultorios (como el de Mieza), de los 409 existentes en toda la provincia de Salamanca. Con esto, lo que pretende el gobierno de PP y Ciudadanos  presidido por Fernández Mañueco, es solucionar el déficit de 830 millones de euros que tiene la sanidad en Castilla y León, déficit que lo han provocado décadas de gobiernos del PP en nuestra tierra. El gobierno de la Junta pretende crear Consultorios Rurales Agrupados en localidades más pobladas a los que tendrán que acudir los vecinos de los cada día más despoblados municipios salmantinos. Vecinos cada vez más envejecidos (la inmensa mayoría de la población tiene más de 65 años y, por consiguiente, con mayores problemas de movilidad, sobre todo si tienen que ir a otros pueblos a consulta médica, sin vehículos particulares ni líneas de transporte regular de viajeros. Todo un lujo de gestión en la que el presidente Mañueco se ha instalado.

Esta decisión de supresión de consultorios es unilateral por parte del equipo de gobierno de la Junta, provocando el desmantelamiento de la sanidad pública que, recordemos, es un derecho social recogido en la Constitución Española (que cumple 41 años en estos días); esa que tanto dicen defender, por otra parte, los políticos del PP y de Ciudadanos, pero que tanto vapulean, sobre todo en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos. Si predican que todos los españoles (vivan dónde vivan) deben tener los mismos derechos, incumplen escandalosamente ese sagrado principio con los ciudadanos que viven en zonas rurales, cada vez más despobladas, cada vez más desprotegidas, cada vez más vituperadas por nuestros gobernantes. Políticos y mandatarios que, como en la Berlanguiana “Bienvenido Mister Marshall”, sólo se acercan a estas localidades por las fiestas patronales en las que son agasajados por las autoridades locales, pero que desatienden clamorosamente los intereses y las necesidades de los ciudadanos.

De todas formas, con la “insolvencia intelectual y técnica” que demuestran algunos mandatarios, no me extraña que la gestión de los intereses colectivos esté más en peligro que nunca. Decir, como ha manifestado Díaz Ayuso, -la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación con la violencia machista-, que “el hombre no es un ser violento, porque el hombre también agrede al hombre”, o que “cuando se tiene que organizar un evento de esta magnitud, se tiene que elegir una ciudad o comunidad autónoma gobernada por partidos como PP y Ciudadanos, que son gobiernos liberales, es el mejor ejemplo. Jamás se podría haber organizado un evento de esta magnitud con la seguridad y eficacia que hacemos en Madrid si esta comunidad autónoma hubiera estado gobernada por el socialismo”, es de una ridiculez espantosa. Efectivamente, por eso la organización de la olimpiada de Barcelona 92 se hizo con gobierno central y municipal socialista y Madrid (gobernados Comunidad y Ayuntamiento por el PP) nunca consiguió la organización de unos Juegos Olímpicos. Otro de los ilustres ejemplos de declaraciones ridículas y esperpénticas es la del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, al manifestar en la campaña electoral de las elecciones municipales que iba a acabar con “Madrid Central”, mientras que ahora dice que su gobierno es el único que ha garantizado la prohibición del tráfico de vehículos en el centro de Madrid. ¿Quién puede creerse tal desfachatez? Así de fiables son estos nefastos gobernantes.