Jueves, 5 de diciembre de 2019

El perfil reaccionario de la derecha política

Profesor de Derecho Penal de la Usal
Ortega Smith / FOTO: E.P.

El pasado lunes 25 se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hubo actos conmemorativos de todo tipo en instituciones, asociaciones, centros docentes y culturales, además de manifestaciones en casi todas las ciudades y pueblos de nuestra geografía. Incluso, desgraciadamente y como paradoja diabólica, en Tenerife otra mujer fue asesinada por su pareja; otro crimen más en el que el agresor descargó el odio, la ira, la dominación, la violencia y los celos sobre la víctima.

Asimismo, los partidos políticos apoyaron manifiestos de condena, excepto VOX, que continúa sistemáticamente calificando la violencia machista como una invención de la “dictadura progre”. Bochornoso fue el acto en el que intervino el concejal de Madrid, Ortega Smith, en el que negó la violencia de género y tuvo la cobardía de no mirarle a los ojos a una mujer -paralítica por las heridas provocadas hace años por un criminal de género- que le estaba recriminando al concejal que los miembros de su partido (VOX) sigan negando este tipo de conductas delictivas execrables que tanto daño está haciendo a las mujeres por el hecho de serlo.

Esta vergonzosa actitud del partido de la ultraderecha española ha impedido que hubiera unanimidad, sin paliativos, en la condena por parte de los responsables políticos de esta lacra que nos atenaza. Hay que seguir trabajando sobre las estructuras educativas, sociales, culturales, laborales y de otros medios de control social (incluido el Derecho Penal, pero como última ratio), para que la ancestral sociedad en la que existe control y dominación del hombre sobre la mujer, vaya remitiendo y se implanten estructuras de igualdad, sin discriminación ni sometimiento.

Pero la responsabilidad de VOX no es aislada, dado que se le han concedido demasiadas atribuciones para que participen en asuntos de gobierno en varias CCAA y ayuntamientos: Andalucía, Madrid (Comunidad y Ayuntamiento) o Murcia, entre otras administraciones territoriales. Parte de esa responsabilidad la tienen PP y Ciudadanos, sobre todo este último, porque ya sabemos que VOX es una clara escisión del PP y que una buena parte de los postulados de VOX los defiende el PP. Lo que ocurre es que la operación cosmética del partido de Casado pregonando la moderación no convence. En realidad, al partir del mismo tronco y tener ideólogos que siguen “atizando el enfrentamiento”, como Aznar, los posicionamientos de uno y otro partido son muy similares.  Se vio perfectamente en un acto de condena, en el mes de septiembre, en el que VOX exhibió una pancarta diferente al del resto de los grupos políticos del ayuntamiento de Madrid y en la tensa conversación que mantuvo el alcalde, Martínez Almeida, con Ortega Smith, aquél le reconoció a este que “no era partidario de la ideología de género”, apostillando, además que “ya lo sabes”, asintiendo Ortega Smith y diciendo: “lo sé”.

Hay que recordar que, aunque el PP votó a favor de la aprobación de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la entonces portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Susana Camarero, dijo en su intervención que no era una buena ley, sino una “operación de marketing del PSOE por su compromiso electoral”, rechazando, además, el tratamiento penal específico para los agresores y alertó sobre su “posible inconstitucionalidad”, pero el Tribunal Constitucional, por Sentencia 59/2008, de 14 de mayo, consideró constitucional la penalidad más elevada a los maltratadores hombres, prevista en la citada Ley de Violencia de Género, por el hecho de ser el agresor hombre, ya que es una manifestación de control, dominación y violencia del hombre sobre la mujer; síntoma de una sociedad machista.

No obstante, este perfil reaccionario de la derecha política se extiende a otros ámbitos sociales, culturales y económicos: los partidarios de una economía ultra liberal, que beneficia incuestionablemente a los más poderosos, pero que acentúa la vulnerabilidad de los más débiles y repercute notablemente en la protección social de los ciudadanos. De ahí que sectores mediáticos y círculos de empresarios adscritos al liberalismo económico estén demonizando el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, porque saben que las grandes empresas no están aportando lo que deben a la Hacienda Pública ya que no se impulsa un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, como establece el artículo 31 de la Carta Magna. Resulta vergonzoso que muchas de estas empresas estén aportando al Fisco solamente un 0,3 % de los beneficios empresariales y cuenten, además, con una legislación laboral que posibilita contratos de trabajo precarios, con salarios insuficientes y condiciones laborales precarias y tercermundistas.