El PP defiende una moción para instar al Gobierno a la liquidación de cuentas con las Entidades...

Mientras el pasado sábado saltó la noticia a nivel nacional de la liberación por parte del Gobierno de España de 4.500 millones de euros para las Comunidades Autónomas, pocas horas antes en el pleno celebrado en Béjar se rechazaba una moción del Partido Popular, defendida por Purificación Pozo, por la que se solicitaba reclamar al Gobierno la transferencia a las entidades locales de los recursos derivados de su participación los ingresos del Estado.

La moción trataba de que todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Béjar se sumaran, igual que se había hecho en otros municipios como Ciudad Rodrigo o Villamayor, para exigir que se hicieran efectivas las obligaciones económico-financieras que el Estado tiene contraídas legalmente con las entidades locales, que según el Partido Popular, se necesitan para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos.

Además en la moción también se solicitaba la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de la Administración Local para dar cuenta de las razones por las que no se han hecho efectivos estas obligaciones y buscar soluciones inmediatas.

La moción fue rechazada con empate que decidió el voto en contra de la Alcaldesa del Partido Socialista y los dos votos en contra de Tú Aportas y con los votos a favor de Populares y Ciudadanos. Las razones aducidas por los grupos que se han manifestado en contra de la moción han sido: la inminente disolución de las Cámaras que dejará a los partidos sin portavoces a quienes enviar la moción y el escaso retraso en la liquidación de las cuentas, pues es en el mes de agosto cuando tenían que haberse liquidado las de dos ejercicios anteriores, es decir, las de 2017.

La Moción decía: "al igual que ha ocurrido con la financiación de las Comunidades autónomas, el Ministerio de hacienda ha venido invocando diferentes coartadas para impedir hacer efectivas las obligaciones económico-financieras. Resulta una paradoja difícilmente aceptable que el libramiento de los recursos económicos por parte del Estado a las Entidades Locales y que forman parte de un modelo de actuación establecido legalmente y de raíz constitucional, sea puesto en cuestión por el Gobierno de Sánchez, sobre la base de opiniones técnicas no contrastadas. A cambio, ese mismo Gobierno no ha tenido ningún reparo en aprobar Reales Decretos Leyes que crean nuevos derechos económicos, haciendo estallar el techo de gasto no financiero del Estado y quebrando la ordenación jurídica sobre estabilidad presupuestaria".