Domingo, 24 de marzo de 2019

UGT rechaza la carrera profesional aprobada por la Junta “impuesta y no consensuada”

El sindicato se opone y reivindica que se aplique “a todos los trabajadores de la Administración regional y en las mismas condiciones”
Alegría Alonso, Fernando López y Antonia Guerrero. Fotos: Lydia González

El sindicato UGT ha alertado este viernes de la pérdida de derechos de los empleados públicos de Castilla y León y ha mostrado su rechazo a la carrera profesional aprobada esta semana en las Cortes regionales. Fernando López, secretario general de FeSP de UGT, recordó que en 2007 la Comunidad aprobó el estatuto básico del empleado público, que recogía el derecho de todo el personal, tanto laboral como funcionario y estatutario, a la carrera profesional, “que se tendría que evaluar para complementar la dedicación a función pública”.

López ha explicado que a partir de 2010 se comenzó a aplicar en Sacyl, con el compromiso de la Junta de continuar al año siguiente con el resto de personal. Posteriormente, añadió, la Administración paralizó la carrera profesional y se judicializó en Sacyl, reclamando el sindicato desde hace años que se aplicara a todos los trabajadores dependientes de la Junta. El sindicato añadió que, después, comenzó a aplicarse en otro pequeño colectivo, los veterinarios y farmacéuticos. “Nos opusimos porque no se asume la carrera profesional para todos y en las mismas condiciones”, con lo que habrá diferencias entre los empleados públicos.

Para UGT, el PP, con el apoyo de Ciudadanos, ha sacado adelante una Ley que implanta la carrera profesional para todos los empleados públicos pertenecientes a la Junta de Castilla y León, incluido, el personal docente.

UGT ha mostrado su rechazo a esta carrera profesional impuesta a los docentes y no consensuada con los representantes de los trabajadores. Para el sindicato, se trata de un “un retroceso de derechos ya reconocidos, los sexenios”. En este sentido, Alegría Alonso, señaló que la Ley establece de partida una diferenciación “clara y sin justificación” entre los funcionarios docentes y el resto.

En el caso de los docentes, afirmó, cobran desde 1992 por una normativa estatal los sexenios de formación permanente, que valoran los años trabajados, sumados a una determinada formación. Sin embargo, la Junta quiere que los docentes escojan entre la carrera profesional y el complemento docente, “un derecho consolidado, que llevan cobrando muchos años y no nos parece de recibo”, manifestó Alonso. La responsable sectorial de Educación mostró su rechazo a una propuesta “negociada por los políticos y no en las mesas sectoriales, no es de recibo que lo decidan los grupos políticos”.

En la misma línea, la responsable de Sanidad, Antonia Guerrero, recordó que a pesar de que en 2009 sí hubo convocatoria extraordinaria para optar al grado por tiempo trabajado, posteriormente no se realizaron desde 2012.  

Fotos: Lydia González