Miércoles, 22 de mayo de 2019

El "blindaje" de la caza amenaza con traer cola

La penúltima sesión plenaria de las Cortes de la agonizante legislatura, iniciada ayer con la elección del nuevo presidente de la Cámara, el burgalés del PP Ángel Ibáñez, amenaza con traer mucha cola. Hoy el pleno aprobará, como mínimo con los votos de los procuradores del PP, del PSOE y Ciudadanos, la proposición de Ley consensuada entre los tres grupos para “blindar” la caza en Castilla y León después de las recientes resoluciones judiciales que han obligado a paralizar la actividad cinegética en la comunidad.

Y es que el grupo Ecologistas en Acción presentó en la mañana de ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León una denuncia penal contra los miembros de la Mesa de las Cortes, que el pasado 1 de marzo acordó admitir a trámite y dar curso parlamentario a dicha proposición de ley, iniciativa que a juicio del colectivo ecologista tiene la finalidad “de pasar por encima de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el Alto Tribunal Regional”.

Ecologistas entiende que se trata de una nueva ley “a la carta” similar a otras cuatro aprobadas con anterioridad por las Cortes de Castilla y León que con el tiempo fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional, entre otros motivos por vulnerar la tutela judicial efectiva que asiste a la sociedad civil. Fue el caso de las leyes “ad hoc” con las que en su día se intentaron legalizar proyectos como la estación de esquí de San Glorio o, lo que fue peor, el despilfarro de dinero público sepultado bajo la megalómana Ciudad del Medio Ambiente de Soria o la delirante pista de esquí seco perpetrada en Villavieja del Cerro (Tordesillas) bajo la denominación de Meseta Ski.

“Pañuelitos”, en la picota.- Ecologistas acusa a los miembros de la Mesa de las Cortes -tras la dimisión de Silvia Clemente, presidida ese día en funciones por Ramiro Ruiz Medrano, vicepresidente primero- de incurrir en presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento de los derechos cívicos, lamentando que el órgano de gobierno de la Cámara y los tres grupos parlamentarios proponentes hayan aceptado lo que califican como “una invitación a delinquir” realizada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

“Pañuelitos”, apodo con que se conoce al consejero, no goza precisamente de la mejor reputación entre los ecologistas, que consideran“esperpéntico” que “se envuelva en la bandera de Castilla y León para disimular su inutilidad, declarando amigos y enemigos de la región según sus filias y fobias personales”. “O que se escandalice -añade la organización medioambiental- por las cuatro víctimas mortales que anualmente ocasionan en toda España los accidentes con fauna silvestre, al tiempo que se resiste a adoptar las medidas legales previstas para mejorar un problema como la mala calidad del aire que ocasiona un millar de muertes cada año en Castilla y León”.

Ecologistas en Acción recuerda a los miembros de la Mesa de las Cortes que las penas por los delitos denunciados oscilan entre seis meses y 1 año de prisión y entre 11 y 22 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Puesto que las penas inferiores a dos años se salvan sin ingresar en prisión, la inhabilitación sería la peor condena que podrían sufrir los miembros de la Mesa de las Cortes, que, con arreglo a la tabla salarial de 2019, vienen percibiendo una morterada bruta anual de 93.112,14 euros por cabeza. Que no es poca cosa para lo que hacen.