Ley y democracia

Llevamos casi una semana del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes. Es interesante pasarse tiempo oyéndolo con atención, sirve para entender muchas cosas, esencial en este tema si queremos sobrevolar las engañosas apariencias. Diariamente daría pie para escribir un artículo, pero como lo hago semanalmente, me centro hoy en el que considero tema central de este juicio, visto desde la perspectiva separatista: el conflicto entre ley y democracia.

En pocas palabras: los secesionistas dicen que la democracia está por encima de la ley y de lo contrario, la actuación del Estado español sólo cabría calificarla de antidemocrática. ¿Es así? Para entenderlo es imprescindible analizar que significa Estado democrático, cosa que a veces no tienen muy claro unos y otros. Hoy decir Estado democrático, fórmula sintética, sobreentiende también Estado de derecho, de ahí que lo ajustado sería formularlo como Estado democrático de derecho. Y esto significa dos cosas: la primera y esencial es que no hay contradicción entre democracia y derecho, sino que van juntos: el fruto de la democracia es la ley, el derecho. Y la segunda es que los votos de la mayoría pueden cambiar las leyes, incluida la Constitución, pero respetando los procedimientos establecidos, y cuando no es así, estamos conculcando la propia democracia.

¿Qué quieren conseguir los líderes independentistas en este juicio? Hacer creer que son presos políticos injustamente procesados por haber ejercido un derecho, pero esto es radicalmente falso. La base de su argumentación es que ellos facilitaron lo que era un deseo nacido del pueblo y que la farsa del referéndum acreditó lo que pensaba la mayoría, en definitiva, que se puso en práctica la democracia y esta es superior a la Constitución y a cualquier ley. Pero ni hubo un referéndum con garantías, ni una mayoría clara se manifestó por la independencia, y negarlo es incurrir en un sofisma, que solo se creen los que quieren la separación de Cataluña de España sin pararse en barras. En Cataluña, en esos aciagos días, se produjo un levantamiento en toda regla, llámese rebelión o sedición, que quiso llevarse por delante un Estado de derecho porque solo así alcanzarían lo que legítimamente no podían conseguir.

Oriol Junqueras y Raúl Romeva lo dejaron meridianamente claro en sus declaraciones. Se les estaba juzgando ilegítimamente porque lo que ellos reivindicaban era algo normal en un Estado democrático, ergo, España no lo es. De ahí que esgriman su condición de presos políticos, que tan solo son concebibles en una dictadura. No está mal pensada la jugada, debajo de ella está la concepción de la política como un ejercicio del poder sin límites –la Constitución y las leyes son el principal límite al abuso de poder- y a través de esta argucia obtener lo que sería imposible si se respetan las reglas de juego. Por eso, el recurrente subterfugio de considerar que el problema catalán es un problema político y no jurídico, y que este juicio no debería estar celebrándose porque lo lógico sería estar sentados en una mesa de negociación política, en la que el poder estaría en condiciones de obtener lo que respetando la ley no es posible.

¿Hay un problema político en Cataluña? Indudablemente. ¿Hay que aplicar soluciones políticas para resolverlo? Sin duda, pero las discrepancias comenzarían en el momento de determinarlas. Desde mi punto de vista, en Cataluña no se están respetando elementales reglas del juego, que habría que restaurar antes de empezar a hablar en serio. Acabar con el adoctrinamiento a través de la educación, liquidar unos medios de comunicación públicos que no son pluralistas sino canales propagandísticos de la independencia, devolverle a la lengua castellana el papel que le corresponde no solo legalmente sino por ser la lengua de más de la mitad de los ciudadanos que viven allí. Llevamos casi 40 años llevando a la marginación política a quienes tienen los mismos derechos que los catalanes independentistas, pero que se sienten españoles y no quieren esa ruptura.

Si no se recuperan unas condiciones básicas de igualdad de derechos políticos como los que acabo de mencionar, hablar de negociación política entendida como sinónimo de reconocimiento del derecho de autodeterminación, es una gran falacia. Devolvamos primero sus derechos a quienes hoy viven al borde de la marginación política, restauremos un clima de normalización democrática, y entonces podrá comenzar a hablarse con sentido de negociación política. Ahora mismo es una gran mentira y la única garantía para impedirla es nuestra Constitución. ¿Democracia o ley? Pero qué broma macabra exterioriza esa pregunta. Van juntas y cuestionarlo supone apostar por lo que sucedió en Cataluña: un intento de golpe de Estado para cambiar con la coacción lo que no se puede lograr con la libertad.

Marta FERREIRA