Viernes, 15 de febrero de 2019

Libertad de expresión

Profesor de Derecho Penal de la Usal

En estos días se ha sabido que el juzgado de instrucción 47 de Madrid, a petición del Fiscal, ha archivado la causa contra el humorista Dani Mateo, acusado de un presunto delito de odio y ultraje a la bandera, por sonarse la nariz con la bandera española en el programa “el intermedio”, que dirige el Gran Wyoming.

Parece que la justicia española ha escarmentado algo después de los varapalos que ha recibido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, por condenar a los responsables de otros casos similares. Hace unos años, los tribunales españoles condenaron a 2 independentistas catalanes que en 2007 quemaron una foto de los reyes durante una protesta antimonárquica en Girona.  Esa condena fue revocada hace unos meses por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque este tipo de  conductas forman parte del pluralismo, la tolerancia y a amplitud de miras sin las cuales no es posible una sociedad democrática. Esto es la doctrina reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para estos casos. La libertad de expresión y la intervención mínima del Derecho Penal, son argumentos incuestionables sobre los que pilota este criterio preponderante en todo Estado Social y Democrático de Derecho.

En el caso de Dani Mateo hubo voces críticas con su conducta (e incluso de humoristas que, en su momento, hicieron lo mismo, que es lo paradójico), pues consideraron que era una burla a los símbolos de todos, además de ser una conducta zafia y de mal gusto y que merecía el correspondiente reproche, no sólo moral, sino también jurídico penal.

En un país democrático avanzado estas conductas no suelen llegar a los tribunales, porque son sólo eso, la creación humorística de sus autores, que es una  manifestación de la libertad de expresión, no lo olvidemos. En España, había funcionado así desde la época de la transición y consolidación de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho con la entrada en vigor de la  Carta Magna. Hemos comprobado en nuestra corta historia democrática que humoristas de la talla de Tip y Coll, en los años 70, Martes y Trece, en los ochenta y noventa, los Morancos, Chiquito de la Calzada, Cruz y Raya y un largo etcétera ya en este siglo XXI, nos han hecho reír con sketch de todo tipo sin que nadie se ruborice y, ni mucho menos, se considerase una conducta que terminara el los juzgados y tribunales penales.  

Pero los gobiernos de la derecha política, desde que accedieron al poder con Aznar (sobre todo a partir de la mayoría absoluta de 2000) y con ánimo de revancha, ya que perdieron el poder en la transición y tardaron en recuperarlo (no olvidemos que Aznar no era defensor de la Constitución Española en los primeros años de la democracia), han dado alas a grupos mediáticos integristas y reaccionarios, que denuncian cualquier conducta contraria a sus ideales. Y no sólo esto, sino que políticos como Aznar o Esperanza Aguirre, mediante la creación de fundaciones y asociaciones integristas y reaccionarias y, en muchos casos, fantasmas, y con la colaboración de poderes fácticos como la jerarquía de la Iglesia Católica, han impulsado, promovido y subvencionado estudios y proyectos de investigación para intentar demostrar que la historia reciente de España, la de la Segunda República, Guerra Civil y dictadura franquista, no es como se nos contó en la época de la transición, sino como lo contaron los historiadores del régimen franquista de la talla de  Arrarás en su “historia de la cruzada española” y sus seguidores, José María Pemán y Sáenz de Tejada, quienes se encargaron, en su día, de ensalzar la propaganda franquista, única salvadora de los “valores universales y patrióticos”, como ellos dicen.

Para ello, los políticos conservadores de los gobiernos de Aznar, se valieron de pseudohistoriadores revisionistas que utilizan técnicas de investigación erróneas; no se basan en la investigación de los archivos como ha hecho siempre la historiografía, sino que su único propósito ha sido y es combatir la historia real intentando así confundir a la opinión pública. Y todo esto se ha hecho con dinero público y para justificar y dar carta de naturaleza a las aberraciones del régimen franquista, culpabilizando a las fuerzas democráticas de la Segunda República, de las causas de la Guerra Civil. Lo realmente preocupante es que existen amplios sectores de la sociedad española que se han creído o, al menos, han legitimado este argumento, que es tendencioso, sesgado y falso y que ha contribuido a obstaculizar la construcción de una convivencia democrática en paz, libertad, tolerancia y solidaridad.

De esta forma, fundaciones como la Francisco Franco, la FAES y organizaciones católicas ultra conservadoras, han recibido ingentes cantidades de dinero, en concepto de subvenciones, que utilizan para poner al servicio de intereses mediáticos, abogados y técnicos que impulsan denuncias y querellas de todo tipo contra actuaciones como la de Dani Mateo y otros, porque consideran que sus ideales patrióticos y ultramontanos han sido pisoteados y hay que “machacar” a los responsables como sea, utilizando todas las herramientas judiciales posibles y reprimir y aplastar las ideas contrarias a sus postulados.

Esta es la sociedad que nos han construido en los últimos años. No importa si estos grupos sociales y políticos se han financiado legal o ilegalmente, si han utilizado los recursos públicos para engordar y promover sus intereses privados y partidistas, su filosofía de vida y sus ideales, porque para ellos “el fin siempre justifica los medios”. En este caldo de cultivo no es de extrañar que surjan partidos políticos de extrema derecha.