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Los derechos humanos en México: complejidad y desafíos para el próximo presidente
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Los derechos humanos en México: complejidad y desafíos para el próximo presidente

Actualizado 08/01/2019
Marcelino García

Parte de la esperanza que ha despertado el presidente electo se debe a su expresado compromiso con los derechos humanos.

Los derechos humanos en México: complejidad y desafíos para el próximo presidente | Imagen 1

Jorge Luis Hurtado Cardoso

Activista por los derechos humanos

La situación actual en México en materia de derechos humanos ha sido calificada como catastrófica. El gobierno entrante que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, encabezado por López Obrador, ha de heredar una grave crisis en derechos humanos, y enfrentar grandes retos en un entorno regional complejo, donde temas como la relación con la administración de Donald Trump, la desmilitarización de la seguridad pública y el movimiento migratorio centroamericano han puesto al país recientemente en el ojo del huracán.

El presidente electo, de izquierda moderada, es visto como una nueva esperanza por la mayoría de los mexicanos ante la desafortunada realidad social que vive el país. Los diferentes reportes de organismos no gubernamentales, tales como Amnistía internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado cuestiones tales como las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la situación de violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia de género contra mujeres y niñas y la violencia contra personas LGBTI, los abusos sufridos por personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública, y el uso generalizado de la tortura; todas ellas son problemáticas que necesitan acciones concretas y eficientes.

El desafío urgente de la administración entrante estará en articular una buena relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debido al impacto social y económico que implica el vínculo entre los dos países vecinos. El panorama luce velado, sin claridad, ya que por un lado, ambos personajes han mostrado en diversos medios una gran voluntad de cooperación mutua; mientras en materia migratoria, continúa el discurso de odio por parte del ejecutivo estadounidense, sumado a la reciente salida de EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por fricciones en torno a su políticas de Tolerancia Cero hacia los migrantes.

En ese mismo frente, aparece la situación apremiante de las "caravanas migrantes" de centroamericanos que pasan por México con la intención de llegar a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades, las cuales han puesto de relieve las deficiencias del gobierno mexicano y emergen como desafíos para el nuevo presidente.

De acuerdo al reporte de noviembre de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, encabezada por Arturo Peimbert, el número de migrantes de la caravana desaparecidos es entre 80 y 100; esto, sumado a múltiples denuncias de secuestro, abusos y violaciones en su paso por México. Además, el ombudsman de la defensoría señala la falta de modelos de intervención para estos fenómenos sociales por parte del gobierno, ya que se ha utilizado policía antimotines para hacerles llegar propuestas del actual presidente a los migrantes, lo cual expone una perspectiva de criminalización, antes que de asilo político. Resulta de suma importancia atender la situación desde una óptica más adecuada que incluye el "desplazamiento forzoso", ya que la causa de esta migración tiene lugar en los países de origen por motivos de extrema pobreza, inseguridad y violencia, por ejemplo Honduras, donde los delitos violentos son un problema generalizado y es uno de los países con una de las tasas de homicidios más altas del mundo con 43,6 muertos por cada 100.000 habitantes, como lo han señalado organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Mientras tanto, Trump ha desplegado más de cinco mil soldados en la frontera al tiempo que ha publicado en redes sociales señalamientos de ineficacia e incapacidad por parte de la policía y ejército mexicano ante el avance ininterrumpido de las caravanas desde el sur hasta el norte de México. Lo anterior da lugar a las siguientes interrogantes: ¿la nueva administración de López Obrador aceptará el papel de agente migratorio al servicio estadounidense como busca imponer el país vecino? ¿Será capaz de plantear otras alternativas teniendo como eje los derechos humanos?

Parte de la esperanza que ha despertado el presidente electo es gracias a su discurso sobre su compromiso con las garantías individuales, en el cual planteó la desmilitarización de la seguridad pública, estrategia fallida de dos sexenios anteriores, donde se emplearon las fuerzas armadas en tareas que no le corresponden, además de carecer de un sustento constitucional, y ha sido señalado por diversos organismos como Amnistía Internacional o ONU-DH, entre otros, como factor grave de violaciones de los derechos humanos en cuestiones de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el uso generalizado de la tortura.

Insistiendo en la cualidad de velado e incierto del panorama futuro de la próxima administración, surge la dificultad de establecer un cuerpo policiaco eficiente encargado de la seguridad pública que no esté contaminado de corrupción, tal como lo ha señalado recientemente López Obrador en su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, donde propone la creación de La Guardia Nacional, un cuerpo dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con disciplina militar pero con gran énfasis en la formación en derechos humanos. Por un lado, es positiva la preocupación del próximo mandatario por una fuerte capacitación en derechos humanos a las corporaciones de seguridad pública. Sin embargo, en concordancia con las posturas emitidas por ONU-DH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sería un "error colosal" seguir otorgándole un papel protagónico a las fuerzas armadas y no fortalecer las instituciones y autoridades civiles, ya que esencialmente sería la misma estrategia militar, con otro nombre y otro uniforme.

La situación crítica del país plantea un escenario de gran complejidad para Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio en 2018, siendo este año perfilado a ser el año más violento de la historia de México con 21.383 casos de homicidios dolosos, según el último reporte el Sistema Nacional de Seguridad en septiembre. Finalmente, una nueva cara, una ideología diferente, una propuesta fresca, una perspectiva inédita en la silla presidencial, inevitablemente llena a la gran mayoría de mexicanos de ilusión en un provenir mejor, aunque, sin caer en pesimismos, la realidad actual representa desafíos de gran envergadura, los cuales se espera como mínimo sean abordados teniendo en cuenta como eje fundamental, algo devaluado en este país, la dignidad humana.

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