Viernes, 18 de enero de 2019

Érase un consenso para una ley de educación...

 

LGE, LOECE, LORU, LODE, LOGSE, LOPEG, LOU, LOCFP, LOCE, LOE, LOMCE. No, no aspiro a ahuyentar este sábado a los lectores con apertura tan abrupta y cacofónica. Me he limitado a citar las leyes, y habré omitido alguna, que han regido la educación en España durante los últimos cincuenta años, aunque el gran cambio vino con la sustitución de la LGE, la ley de 1970 promovida por el ministro Villar Palasí, por la LOGSE, de la mano del gobierno socialista de González en 1990.  La LOCE no llegó a aplicarse, la LOE derogó la LOGSE, la LOMCE parece el diablo hecho ley a decir de algunos que no deben creer en el diablo… y así seguimos, caminando hacia no se sabe muy bien dónde pese a que se trata de algo tan fundamental como la educación de los niños y jóvenes españoles, responsabilidad de sus padres, y la capacitación e instrucción que merecen y a la que tienen derecho con la cobertura del Estado… y la imprescindible colaboración de docentes e instituciones no gubernamentales que enfocan su servicio al bien común en el ámbito educativo.

Lejos estoy de dominar el asunto de la calidad en la enseñanza, de las líneas pedagógicas más interesantes y actualizadas, o de la orientación que debe darse a una ley educativa, pero como padre me llega para saber que el Estado debe ayudarme en la instrucción de mis hijos, que la educación es competencia de la familia, y para sostener con la conciencia tranquila que somos los padres, no el Estado, quienes escogemos lo que creemos mejor para nuestros hijos. “Demanda social”, sí; si muchos padres escogen un colegio concertado les ampara su libertad para elegir. Aunque resulte tentador arrebatarles ese derecho y hacerles torcer su voluntad por la fuerza de la atroz burocracia. Ya sea frenando la expansión de un colegio en particular, ninguneando a la asignatura de religión católica que quieren cursar muchos alumnos, o combatiendo en determinadas zonas de España una lengua tan universal y tan valiosa como la castellana que las familias hablan y desean como idioma vehicular.

Me llega también, como antiguo universitario y espectador de la realidad, para lamentar que en nuestra nación se acceda a las facultades sin un mecanismo justo y equitativo para todos los aspirantes. Los exámenes completados por los bachilleres, hasta ahora con todas las materias aprobadas y su autoestima, supuestamente, sin rebajar, son diferentes según la comunidad autónoma en la que sean examinados. El distrito único universitario convive con las diecisiete “selectividades”, no vaya a ser que los españoles tengamos que ser iguales en algo, ¡qué ocurrencia!

Me llega, al fin, para desear que cuanto antes se aparquen prejuicios ideológicos y se reconozca que una ley de educación está al servicio de las personas, de las familias, del futuro de España. Los políticos, entre otras cosas, cobran para llegar a buenos acuerdos para la mayoría y respetuosos con la minoría. Pues a ello, que no parece tan difícil.

En la imagen, sede del Ministerio de Educación en Madrid, calle Alcalá 34.