Jueves, 12 de diciembre de 2019

Educ@ción, Universid@d y Socied@d

Actualmente nadie pone en duda, ni si quiera aquellos que tienen algún conflicto de interés, que la Educación es un pilar básico y fundamental para el progreso sostenible de las personas, los ciudadanos y la Sociedad. Para que esto sea así todas las Administraciones Públicas y sus representantes deben creérselo y, llevar a cabo acciones encaminadas a un Consenso Nacional en Educación. Se trata de poner en valor la Educación porque los españoles lo necesitan. Esta necesidad es prioritaria dado que llevamos décadas cambiando de legislación según los resultados electorales de los dos grandes partidos que han intentado politizar la vida civil y, lo más grave, utilizar la Educación para sus fines ideológicos. Sus resultados de este déficits son tan evidentes que son titulares de prensa (muertes por violencia de género, ahogamientos por imprudencias, fracaso escolar, consumo excesivo de alcohol y drogas, peleas entre padres, agresiones verbales y físicas a profesores, médicos y otros profesionales. Se trata de factor más determinante de la crisis social que se padece por la falta de valores como son: el respeto, la tolerancia, la libertad, la solidaridad, la justicia, la igualdad, etc. Todos ellos se adquieren con una buena Educación en familia y con una adecuada formación y preparación en los diversos centros educativos, desde primaria a la universidad. Además, el contexto  social tampoco ayuda porque la prioridad es tener antes que ser y, con dificultad para diferenciar lo importante de lo accesorio.

A este medioambiente, hay que añadir los eventos acontecidos esta semana que suponen la constatación de la intromisión ideológica y partidista en la Educación Superior, en la Universidad que suponen la punta del iceberg de una cultura nociva en una Institución esencial para el progreso, donde debe primar el esfuerzo, la dedicación y, la validación justa del conocimiento y la competencia. Esta cultura de aprovechamiento de las Instituciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos). Empresas públicas y Entidades Públicas altera y desacredita el desarrollo profesional y social de los futuros universitarios. Estos acontecimientos, con independencia de sus consecuencias y de los políticos cuestionados, se debe a la injerencia de la política en la Universidad, creando universidades que no se necesitaban ni eran una prioridad ni en Madrid ni en Barcelona, el tiempo pone de manifiesto que se dedican a organizar másteres financiados por un interés y, sesgo político. En este contexto las universidades han proliferado porque cada Comunidad Autónoma y casi todas las provincias querían tener una. Todo este despropósito megalómano ha sido consecuencia del populismo que conlleva una política nefasta al dar café para todos con los impuestos y, como consecuencia, a muchos centros universitarios, facultades e institutos les falta financiación para ser competitivos, de Calidad y, con relevancia profesional porque ésta depende de la validez, fiabilidad y competencia de sus titulados. Las universidades están obligadas, ante tales circunstancias, a poner en valor el esfuerzo, la dedicación y la competencia sin ambigüedades y, sin intoxicaciones; pero también expedientando a l@s docentes tóxic@s que participen en dichos conflictos de interés. Tampoco estaría demás aplicar el aforismo latino médico-quirúrgico Ubi Pus Ibi Evacua, donde hay pus hay que evacuarlo o eliminarlo.

Esperemos que el populismo de los partidos y, la megalomanía y adolescencia de algunos de sus dirigentes, dejen en paz a las Instituciones, Administraciones y, Universidades porque el progreso, la innovación y la sostenibilidad justa del sistema democrático necesitan como refiere la Constitución del 78 cumplir con los principios de los artículos 23.2 y 103.3. El primero refiere que el acceso a la función pública sea en condiciones de igualdad y, el segundo, que el acceso debe basarse en el mérito y la capacidad.

JAMCA