Martes, 25 de septiembre de 2018

Venezuela: maquillando la arbitrariedad

El uso del discurso político como herramienta para el odio y la desestabilización social, la persecución a la crítica y el ataque generalizado a la población civil son actos condenados por Amnistía Internacional. 

Laura Mildred Henry

Activista por los Derechos Humanos

Cinco años lleva ya el régimen de Nicolás Maduro, y con ello las múltiples inconsistencias en su mandato. Dichas inconsistencias han desatado una crisis no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel social llevando las vidas de los ciudadanos a condiciones extremas. Problemas como la ausencia de alimentos y de medicamentos y la inseguridad que viven los habitantes son solo algunas de las situaciones a las que se han visto enfrentados los venezolanos. Así pues, en el plano político y social se evidencia una práctica que genera tensión internacional: la represión arbitraria a toda clase de disidencia que afecte el pensamiento y forma de gobierno del mandato en curso, y el procesamiento sin fundamento jurídico de los perseguidos y privados de libertad.

Amnistía Internacional ha evaluado la situación desde el análisis y perspectiva de la defensa de los Derechos Humanos, y ha encontrado que efectivamente se hace uso de la violencia para evitar las voces críticas, viéndose afectandos así derechos tan importantes como el de la libertad de expresión, de asociación y de reunión, el de la participación política, el de la no discriminación y el derecho a manifestarse públicamente. Casos como la detención del activista estudiantil Villca Fernández, por responder ante acusaciones vía Twitter en las cuales se le señalaba de terrorista y desestabilizador de la seguridad nacional; y de Alexander Tirado por encontrarse realizando manifestaciones pacíficas en espacio público sin obstruir la normalidad vehicular, dan evidencia del uso abusivo y arbitrario del poder judicial, y de la injerencia del ejecutivo en las mismas.

Sin embargo, la anulación de la crítica no es el único interés del gobierno venezolano, que se ha basado también en la implementación del discurso como medio generador de violencia en la sociedad, y acorde con la represión, llama a los disidentes “terroristas” y “traidores a la patria”. Además, se ha comprobado el ataque generalizado a poblaciones civiles no manifestantes por medio de la irrupción violenta de vehículos blindados y bombas lacrimógenas por parte de las fuerzas de seguridad. Así pues, Venezuela es un país cuyo respeto al Derecho Internacional es nulo, ya que viola sistemáticamente uno de los pilares básicos de la formación de todo Estado que es la garantía de los derechos de sus ciudadanos.

Los países del mundo son testigos de lo que es hasta ahora la crisis venezolana, pues ya sea por diversos medios de comunicación como el diario, la televisión o la radio, o por la distinción de venezolanos migrantes en sus países, quienes huyen de la represión y buscan una mejor vida. Con base a lo anterior, el interés internacional en reducir esta situación cada vez se hace más fuerte y consistente. Así pues, la directora de Amnistía Internacional para las Américas afirma: “Venezuela atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en su historia reciente. La escalada de violencia patrocinada por el gobierno, y la falta de propuestas para una solución viable por parte del Estado para enfrentar las graves afectaciones que sufre la mayoría de la población, incluyendo el acceso a medios de subsistencia esenciales como los alimentos, las medicinas, y todo producto de primera necesidad están generando una crisis sin precedentes en todo el continente”.

Es por esto que Amnistía Internacional exige al gobierno venezolano respetar las sentencias emitidas por el poder judicial, abstenerse de realizar detenciones arbitrarias, respetar el derecho al debido proceso y el derecho a un juicio justo, cesar toda persecución contra personas disidentes y especialmente respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación pacífica en cumplimiento de los convenios internacionales sobre derechos humanos.