Político pusilánime, político fracasado

La semana pasada hablábamos del esencial cumplimiento de la ley en cualquier Estado que aspire a compartir los atributos de la democracia. Y no por sabido debe ignorarse la obligación de vigilar dicho cumplimiento a quien ostenta algún tipo de responsabilidad en ese Estado.

En el caso particular de España, en estos cuarenta años de democracia, ya hemos dado suficientes muestras de nuestra peculiar forma de distinguir entre derechos y deberes. Tenemos especial facilidad para aprender los primeros y olvidar los segundos. ¿Qué español no ha intentado –o conseguido—falsear sus declaraciones para abonar menos impuestos, o para evitar una sanción justa? Hubo, incluso, alguna señora ministra que abrió la veda declarando que el dinero público no es de nadie. Es cierto que el ciudadano tiene unos derechos inalienables y, según establece nuestra Constitución, está perfectamente establecida la forma de subsanar los abusos que pudieran cometerse. Pero esa misma Constitución define detalladamente cuáles son nuestros deberes y las consecuencias de olvidarlos.

Aquí tampoco vale alegar ignorancia para justificar incumplimientos. Cada español lleva en su mochila, además de un seleccionador de fútbol, un tertuliano político, un abogado y un economista. Y si hay algo que tiene muy claro es su facilidad para andar con cien ojos a la espera del olvido o la dejadez de quien tiene la obligación de comprobar si ese ciudadano cumple con su deber. Por desgracia, de esto último, hemos tenido, y tenemos, muchos ejemplos en nuestra patria. Citemos algunos.

El mayor fallo que cabe achacar a este Gobierno, y a los anteriores, en el delicado asunto de Cataluña, ha sido su continuada candidez. Candidez para no querer ver el largo proceso de adoctrinamiento que ha sufrido toda una generación de nacidos en Cataluña, hasta conseguir un importante segmento de esa sociedad convencido de su superioridad sobre una España que, a lo largo de toda la historia, creen que sólo ha buscado robar, vejar y sojuzgar a un pacífico pueblo cuyo delito, según ellos, ha sido tirar de la economía del resto de España. Ingenuidad para no darse cuenta que los distintos dirigentes que ha tenido Cataluña en esta etapa sólo se han conformado cuando el Gobierno los ha beneficiado claramente. Cualquier apoyo al Gobierno siempre se tradujo en perjuicio para el resto de españoles.

Lo peor de todo ha sido que, a pesar de ese desequilibrio económico, Cataluña sigue asumiendo su papel de víctima, no porque lo sea, sino porque siempre hubo alguien encargado de subrayar esa condición para poder justificar el auge del independentismo. Está claro que los independentistas nunca se habrían considerado lo suficientemente beneficiados como para olvidarse de su aspiración. Por eso, cuando alguien dice que el independentismo se ha alimentado desde Madrid, está faltando a la verdad, y además lo sabe.

El último episodio de la DUI ha puesto de manifiesto hasta qué punto los independentistas confiaban en que el Gobierno no se atrevería, como tantas veces, a aplicar la ley. Cuando han visto las orejas al lobo, no han dudado en entonar el mea culpa –yo no me lo creo--. Basta con oír las declaraciones de los “arrepentidos” cuando están con los suyos. Quien crea que no volverán a forzar la legalidad, volverá a ser un cándido. ¿Alguien espera cordura en quienes no se arredran aún después de comprobar el batacazo económico que han causado a Cataluña? No pueden volver a engañarnos. Parece que la Justicia no está cediendo al envite. Es preciso que el Gobierno tampoco lo haga.

Si tenemos claro que el Gobierno debe garantizar el cumplimiento de las leyes, también debería estar claro que esa garantía no siempre debe conseguirse “a toro pasado”. Los problemas no surgen de manera súbita. Por lo general, quienes quieren buscar las cosquillas al Estado, suelen hacer unos sondeos previos como tanteo de fuerza. Se ha demostrado que el Estado dispone de los medios necesarios para anular cualquier intento de ataque directo. Acabamos de verlo con el 155. Los mismos que han sufrido sus consecuencias, a pesar de su “arrepentimiento”, no dudan en afirmar que el Gobierno no tiene legalidad para aplicarlo. Si es cierto que el artº 155 sigue vigente ¿vamos a esperar, otra vez, a que vuelvan a saltarse todas las leyes, incluso antes de haberse puesto de acuerdo para formar un gobierno? ¿Alguien cree que no intentarán culpabilizar a España ante organismos extranjeros, falseando otra vez la realidad? Algo tendrá que decir el Gobierno.

Hoy está de actualidad la “maniobra” de alguna Autonomía para soslayar una sentencia del TC que declara nula la jornada de 35 horas semanales. La medida tomada es tan pueril que hiere el sentido común. Sencillamente, se trata de tomar el pelo a la Justicia. Ignoro si se tolerará el gatuperio pero, si así fuera, flaco servicio estaríamos haciendo al resto de funcionarios. Claro que, hablando de funcionarios, aunque no se deba generalizar, no es ningún secreto la escasa o nula seriedad de la Administración con el horario laboral de este personal. Si se exige el cumplimiento de la norma, se deberá llevar a cabo en todas las Autonomías. De paso, no estaría demás acabar con la laxitud que se aplica con el horario de funcionarios en más de un organismo. Otra tarea del Gobierno.

Tampoco es ningún secreto la dejación de funciones que se vive en varias Autonomías, de las llamadas nacionalistas, ante el sistemático incumplimiento de la normativa que regula el empleo del idioma castellano en la formación de nuestros escolares; así como lo ordenado en relación al obligatorio uso de la Bandera de España en Ayuntamientos y demás organismos autónomos. A diario comprobamos cómo se ignoran sistemáticamente los dictámenes de los tribunales, sin que nadie se dé por aludido. ¿Qué hace el Gobierno?

No se trata de ponernos la venda antes de tener la herida, se trata de no volver a tener más heridas. No es mejor político el que mejor cae al ciudadano, sino el que mejor cumple con su deber.