Lunes, 19 de agosto de 2019

Diversidad Funcional@ Discapacidad

El pasado domingo, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de las Personas Discapacidad (PcD) con el objetivo de llamar la atención sobre los Derechos de las PcD. Propósito razonable en una Sociedad que empieza a estar desorientada y confusa con tantos fenómenos virales y cuando se facilita más la vida de los animales, con plazas y jardines dedicadas a las mascotas, cuando siguen existiendo personas que por su condición de ser personas discapacitadas se enfrentan diariamente a barreras físicas, sociales y económicas que les impiden participar de una vida normalizada e integrada.

En nuestro país se han producido grandes avances en materia legal y en la atención educativa y sociosanitaria en relación con las PcD; pero después de tres décadas de desarrollo de la LISMI (Ley de Integración de los Discapacitados de 1982), punto de inflexión en el tratamiento institucional de las PcD, queda mucho por hacer en relación con la efectividad de los Derechos establecidos en la Convención de Naciones Unidas de 2006. Faltan adaptaciones, ajustes y apoyos para lograr mayores niveles de justicia e igualdad de oportunidades.

Siendo consciente de los grandes avances sociales logrados en materia de protección social –Educación, Sanidad y Seguridad Social- es una realidad que los problemas y las necesidades de la PcD no están resueltos de manera efectiva por la falta investigación básica y clínica y, por la falta de atención efectiva, cuando las PcD tienen una alta prevalencia,  el 10% de la población y, seguirá aumentando su importancia y transcendencia social dada la expectativa de vida de nuestro país, 83 años.

Se pueden aludir muchas excusas para justificar la realidad de la situación; pero la verdad es que la mayor parte de los avances han sido más teóricos que efectivos, en términos de equidad y de buen gobierno social. No se han aprovechado las décadas de bonanza económica para mejorar el Estado del Bienestar. Las buenas intenciones de la ley de Dependencia, que fue instrumentada como el gran logro de pasada década, está bajo mínimos y, sobre todo, al amparo de la arbitrariedad de políticos populistas e incompetentes que tratan objetivamente mejor a otras especies que a los más vulnerables de la especie humana, las PcD y/o las Personas Mayores Frágiles y Dependientes. En consecuencia, se debería consensuarun conjunto de prestaciones sociales básicas con cobertura nacional para garantizar su justicia y universalidad y, evitar así los vaivenes populistas y oportunistas autonómicos.

En mi  opinión, cuando se avanza en términos de Justicia y Equidad se avanza en modernidad, sostenibilidad y, hacia un Estado Saludable. Y cuando esto se alcanza, existen razones para estar satisfechos, orgullosos y, realizar celebraciones. Lo malo de nuestra situación es que seguimos celebrando estos días con hipocresías y El pasado domingo, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de las Personas Discapacidad (PcD) con el objetivo de llamar la atención sobre los Derechos de las PcD. Propósito razonable en una Sociedad que empieza a estar desorientada y confusa con tantos fenómenos virales y cuando se facilita más la vida de los animales, con plazas y jardines dedicadas a las mascotas, cuando siguen existiendo personas que por su condición de ser personas discapacitadas se enfrentan diariamente a barreras físicas, sociales y económicas que les impiden participar de una vida normalizada e integrada.

En nuestro país se han producido grandes avances en materia legal y en la atención educativa y sociosanitaria en relación con las PcD; pero después de tres décadas de desarrollo de la LISMI (Ley de Integración de los Discapacitados de 1982), punto de inflexión en el tratamiento institucional de las PcD, queda mucho por hacer en relación con la efectividad de los Derechos establecidos en la Convención de Naciones Unidas de 2006. Faltan adaptaciones, ajustes y apoyos para lograr mayores niveles de justicia e igualdad de oportunidades.

Siendo consciente de los grandes avances sociales logrados en materia de protección social –Educación, Sanidad y Seguridad Social- es una realidad que los problemas y las necesidades de la PcD no están resueltos de manera efectiva por la falta investigación básica y clínica, cuando las PcD tienen una alta prevalencia y, que seguirá aumentando su importancia y transcendencia social dada la expectativa de vida de nuestro país, 83 años.

Se pueden aludir muchas excusas y razones para justificar la realidad de la situación; pero la verdad es que la mayor parte de los avances han sido más teórico-legales que efectivos, en términos de equidad y de buen gobierno social. No se han aprovechado las décadas de bonanza económica para poner las bases del cuarto pilar del Estado del Bienestar. Las buenas intenciones de la ley de Dependencia, que fue instrumentada como el gran logro de pasada década, está bajo mínimos y, sobre todo, al amparo de la arbitrariedad de políticos populistas e incompetentes  que tratan objetivamente mejor a otras especies que a los más vulnerables de la especie humana, las PcD y/o las Personas Mayores Frágiles y Dependientes. En consecuencia, debería consensuarse un conjunto de prestaciones sociales básicas con cobertura nacional para garantizar su justicia y universalidad y, evitar así los vaivenes populistas y oportunistas autonómicos.

En mi  opinión, cuando se avanza en términos de Justicia y Equidad se avanza en modernidad, sostenibilidad y, hacia un Estado Saludable. Y cuando esto se alcanza, existen razones para estar satisfechos, estar orgullosos y, realizar celebraciones. Lo malo de nuestra situación es que seguimos celebrando estos días con verborreas e hipocresía y, sin afrontar la realidad, con responsabilidad y profesionalidad.

 

 

JAMCA