La hora de la verdad

Sí, llegó la hora de la verdad en el conflicto político de Cataluña. El Gobierno de España (eso de Gobierno central, que tanto se lee en la prensa, chirría demasiado, es lenguaje del pasado, aunque algunos no se hayan dado cuenta, hablemos con propiedad) ha respondido a la carta del presidente de la Generalitat, donde nuevamente se recurría a las evasivas (iniciar el diálogo, acabar con ¿la represión?) para evitar contestar algo tan sencillo como si han declarado unilateralmente la independencia o no. El sábado se aplicará el artículo 155 de la Constitución y entraremos en una dinámica desconocida, porque en ningún país de nuestra área geopolítica se ha aplicado nunca un artículo similar (si exceptuamos a Irlanda del Norte, donde la cosa es habitual). Es un artículo no desarrollado, que permite las más diversas soluciones: desde una suspensión total de la autonomía, que sería la más radical, hasta otras más suaves, incluso la convocatoria de elecciones autonómicas, pero que en cualquier caso van a servir para alimentar la estrategia de la tensión propulsada por los independentistas.

Lo peor de la carta de Puigdemont es el chantaje encubierto que encierra. Dice expresamente que si el Gobierno de España no cede a sus pretensiones, procederá a la DUI (declaración unilateral de independencia). Es el colmo de la desfachatez y se corresponde con la empleada durante todo el proceso, caracterizado por el cinismo de sus protagonistas. Por eso, llama la atención su llamada al diálogo. Si tal fuera en serio, me parecería perfecto, pero ¿cómo va a existir diálogo si quien lo reclama se ha saltado a la torera la Constitución, el propio Estatuto de autonomía de Cataluña y hasta la legislación de desconexión? Cuando el independentismo procede así, está tirando por el precipicio lo que llama diálogo, a no ser que por este se entienda pactar la propia independencia con lo que ellos llaman el Estado español, vamos, hacer el arqueo de la caja antes de salirse de España.

Y respecto a la exigencia de acabar con la represión española, el señor Puigdemont no es consciente de que quien decidió el ingreso en prisión de los dos dirigentes independentistas es una juez, independiente del Gobierno español, que al tiempo que decidía tal cosa resolvía la libertad provisional del Mayor de los Mossos de Escuadra y su intendente. La misma juez procediendo de forma diversa en una situación común, qué mejor prueba de su independencia. ¿De dónde pues las interferencias políticas?

En esta hora, pues, tengamos la cabeza fría. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia sobre la ley del referéndum aprobada por el Parlamento catalán en la que además de anularla se hacen consideraciones del todo pertinentes, la principal de las cuales es que una ruptura ha de ser decidida por todos los afectados, porque de lo contrario se arrebataría un derecho común a gran parte de sus titulares: “Lo que a todos afecta debe ser decidido también por todos”. Los secesionistas siempre han tenido claro lo contrario: Cataluña es de los catalanes y el resto de españoles no pintamos nada en este asunto, de ahí que siempre hayan reclamado un referéndum en el que solo pudieran votar los que allí viven. Pero es evidente que esto es una trampa dialéctica, en la que nunca deberíamos caer. Sí, es verdad, no se podría celebrar porque lo prohíbe la Constitución, pero también porque lo exige la razón .Desmembrar España sería una tragedia, pero es posible en caso de que así lo decidamos todos, no ya una parte.

Toda esta locura que vivimos no tenemos que perder de vista nunca que es resultado del fanatismo. Si Cataluña se va, la primera que lo sufrirá es la propia Cataluña y sus ciudadanos, pero entonces la cosa ya no tendrá remedio. Cuando esto es así, ¿cómo evitar recordar fenómenos nacionalistas que trajeron a Europa en el pasado siglo los peores males? Pensábamos que tal situación no podría repetirse, pero estamos de lleno en la misma. Es verdad, hay muchos responsables de que el delirio se transforme en realidad, pero magro consuelo pensar que podríamos haberlo evitado de tener unos políticos dignos de ese nombre. Ahora hay que actuar, con determinación y convicción. Hay que ganar  la batalla de la comunicación a los independentistas, hay que defender nuestras razones, que son más poderosas que las suyas, y no hay que achantarse. Defender el Estado de Derecho, o sea, el imperio de la ley, no es cuestión baladí: en ello está en juego la civilización o la selva. Y no derramemos lágrimas cuando ya todo esté perdido.

Marta FERREIRA