Miércoles, 17 de octubre de 2018

Sin tregua en la fractura social

Profesor de Derecho Penal de la Usal
Disturbios en Valencia

Por desgracia, la cuestión catalana está pasando factura en las relaciones sociales entre españoles y parece que el conflicto no ha hecho más que empezar. Al disparate de consulta celebrada el 1 de octubre en la que no se podía votar, pero se votó, de las cargas policiales contra ciudadanos que iban a depositar el voto y las valoraciones políticas realizadas después, se unió una huelga general en Cataluña apoyando al independentismo y varias manifestaciones promovidas por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, que reivindicaban diálogo, unas (sin banderas ni estandartes políticos) y por el Estado de Derecho y la unidad de España, otras (en las que se mezclaban banderas españolas y catalanas). Días más tarde, siguieron otras concentraciones en las que hubo graves disturbios protagonizados por grupos ultras que agredieron a manifestantes y destrozaron mobiliario urbano (Valencia, 9 de octubre, o Barcelona, 12 de octubre).

Para colmo del caos, el presidente de la Generalitat confundió a toda la sociedad catalana y española al declarar y suspender la independencia de la “republica catalana” o simplemente suspender la declaración de la misma. Es normal que los ciudadanos independentistas concentrados en los exteriores de la sede del Parlament acabaran frustrados y desorientados con la intervención de Puigdemont debido a que no declaró –como les había prometido- la independencia de Cataluña. Pero también el resto de los ciudadanos de Cataluña y España asistimos atónitos a todo este circo (más propio de una película de Berlanga que de políticos serios y respetables). Personalmente creo que de la interpretación literal de las palabras pronunciadas por el presidente de la Generalitat no puede deducirse que concretara esa declaración de independencia y que luego pidiera al parlamento la suspensión de la misma, sino que no llego a proclamarla, sino a suspender esa declaración.

Pero el despropósito no termina aquí, porque con motivo de la celebración del 12 de octubre, muchos gobernantes han publicado bandos para que los ciudadanos se concentren en las plazas de los pueblos y de las ciudades apoyando a la Guardia Civil y la unidad de España, lo que también provoca una ceremonia de confusión en la ciudadanía. Por un lado, porque una cosa es la celebración de la patrona de la Guardia Civil (la Virgen del Pilar, que se festeja desde tiempo inmemorial) y otra muy diferente la celebración de la Hispanidad o, desde hace algunos años, el día de la patria nacional de España. Y por otro, porque no es licito en democracia transmitir a los ciudadanos que quién no esté dentro de este concepto de nación -vista desde una ideología política concreta-, es la anti España, a quién hay que perseguir y señalar como enemigo. Es decir, también son españoles los que no comparten esa idea de “rigurosa unidad de la nación española”, entre otras cosas porque la Constitución Española reconoce la libertad de pensamiento, de expresión, de ideas políticas y religiosas y el libre desarrollo de la personalidad y porque también reconoce la pluralidad y diversidad de las distintas nacionalidades y regiones existentes en la nación española.

Esa era la idea que intentaba transmitir Azaña (presidente de la Segunda República) en su famoso discurso “paz, piedad y perdón”, de 1938, cuando decía que “todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo”, es decir, interpretar el dogma de la nación como categoría no excluyente, sino integradora de la diversidad de los ciudadanos que la componen, con independencia de sus ideas políticas, convicciones filosóficas o religiosas o fidelidad a un determinado territorio.  Por cierto, Rajoy, en la comparecencia sobre el asunto catalán que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados expresó las mismas palabras de Azaña, pero no lo citó y debió hacerlo.

Merece la pena citarse, entre otras, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que establece que “admitir la persecución de ideas que molesten a algunos o bastantes no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”.

De otra parte, se puede honrar a la Guardia Civil sin tener que mezclar ese apoyo con el de la unidad de España, entre otras cosas porque también pueden homenajear a este cuerpo armado ciudadanos extranjeros que viven en España. Por cierto, aprovecho para resaltar el compromiso y la profesionalidad de la Guardia Civil y denunciar, por otro lado, sus condiciones laborales y económicas. Lo ha manifestado el 12 de octubre un responsable de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que reclama al Ejecutivo mejoras laborales y económicas para los miembros de la Guardia Civil, porque están percibiendo entre 600 y 800 euros menos al mes que los policías autonómicos. Están en su derecho y desde aquí les envío todo mi apoyo y reconocimiento.