Abusadora

Aunque cada vez se va perdiendo el miedo a demandar a la administración, aún son muchos los que no dan el paso o los que dan 2 pasos atrás. Abusos de una institución pública que rodea todo cuanto hacemos en cada día. Le hemos dado excesivo protagonismo en nuestra actividad cotidiana y de ahí la lentitud, el condicionamiento y el miedo.

Si todo español quiere ser o tener un allegado en la administración se debe, no solo a la seguridad de un sueldo, si no a ese derecho de pernada que se consiente a que la administración somos todos y a ella contribuimos para terminar obteniendo algo a cambio.

Pero no todos quieren estar en la administración, entre otras cosas, porque hacen falta contribuyentes que no sean administración y jóvenes con más energía en desarrollar su proyecto empresarial que cargar a la administración con personal.

Ese consentimiento debería ser para que se respete su labor, pero no para que la administración se lo tome para hacer y deshacer con claros incumplimientos de la ley que trata de velar.

Muchos son los funcionarios que se quejan de una huida del derecho administrativo y de una cesión de funciones de la administración en terceras personas o empresas. En algunos casos sirven a la dirección política para conseguir acciones o decisiones en favor de sus intereses (direccionamiento condicionado de la administración, una forma facilitadora de la corrupción) y en otros casos es lograr un mejor amparo legislativo o normativo y una mayor agilidad.

La administración no cumple con la legislación laboral. La última sentencia del Tribunal Europeo sobre interinos llama la atención sobre ese abuso laboral de la administración. Pero que esa cuestión se haya denunciado no quiere decir que sea sólo uno de sus abusos. También existen contratos continuados durante años en base a contratos temporales de 1, 2 o unos pocos meses. Mientras que a las empresas se las obliga a la formalización de contratos indefinidos tras 9 meses de trabajo, la administración abusa de la posición sancionadora. ¿Quién va a sancionar al sancionador? Y qué podemos decir de los médicos residentes que, en su forma de estudiantes, están 4 ó 5 años con un contrato de formación cuando las empresas no podemos prorrogarlo más allá de 3.

Del mismo modo nos encontramos con absentismo laboral, segunda actividad, inactividad, etc. no sancionadas por la administración entre su personal mientras se habla de la falta de eficiencia laboral de nuestras empresas y con ello la propuesta de flexibilidad laboral o jornadas continuadas con fin a las 18 horas.

Sobre el ámbito fiscal el clamor ya es más que palpable entre la base empresarial española. Estamos en un país comunista donde el poder no confiscatorio que proclama la ley tributaria en sus primeros artículos , no se cumple. No es hablar, es demostrar, cómo con papeles en la mano muchos empresarios pagan a la administración impuestos o tasas muy por encima del precio de lo que se trata de gravar. Mientras que a precio de mercado un producto o servicio se ha reducido, las tasas tienen un valor de carácter abusivo. Por cantidad, pero también por base. Y son todas las administraciones. ¿Se imaginan que una vez comprada una impresora, la empresa les cobrara un dinero por cada copia impresa? Obviamente no y en el caso de ser denunciada, sería declarada como cláusula abusiva, pues obvio es que el fin se contiene en la función de la compra. Pues bien, podría ser el momento de denunciar cómo en las Universidades se cobra como tasa administrativa la impresión del título de Grado, Master o Doctor cuando se acaban los estudios conducentes a obtener dicho título ¿acaso no está contenido en el fin y es fruto de la consecución de unos estudios y la demostración de que se haya aprobado las correspondientes materias? Si el expediente es propio del estudiante ¿por qué se le cobra una tasa por la impresión del mismo y no es posible obtenerlo gratuitamente por certificado digital, DNI electrónico o carnet de estudiante? Otras administraciones están obligadas a la emisión de cuantas copias necesite el ciudadano de sus propios expedientes de datos y la certificación electrónica de la veracidad de dichos datos con carácter de gratuito.

Pero no acaba ahí toda la posición abusiva de la administración en cuanto al bloqueo documental con repercusiones económicas sobre el ciudadano. El procedimiento sancionador en materia de tráfico de muchas ciudades, entre ellas la nuestra, Salamanca, es abusivo y lesivo contra el interés del administrado y del sancionado. ¿Dónde está la carga de la prueba en los procesos de multa con aportación de prueba gráfica cuando se hace por medios digitales o telemáticos? ¿Dónde está la foto o las fotos que realiza el multacar para la emisión de la multa? Si sólo es posible obtenerla tras la oposición a la sanción ¿no causa indefensión al ciudadano y por lo tanto es cláusula abusiva al suponer pérdida en la reducción de la sanción? Vamos, el paga y calla de toda la vida.

No es momento de tirar piedras de uno al otro lado del muro, pero sí es momento para que, el arcoíris político sirva para poner sensatez a la administración y dejar de defender la posición hostil que mantiene la administración con los ciudadanos, especialmente cuando se trata de emprendedores y de jóvenes que van a ser el futuro de nuestra país. No pueden tener, desde sus primeros pasos formativos, un ejemplo tan malo de abuso del sistema.