Política económica: privatizar beneficios y socializar pérdidas
La oposición pide subir las pensiones
Profesor de Derecho Penal de la Usal
Esta semana ha venido cargada de noticias económicas poco gratas para los ciudadanos españoles. El gobierno está vetando iniciativas económicas solidarias argumentando que, conforme al artículo 134.6 de la CE, ante cualquier proposición de ley apoyada por mayoría en el Congreso de los Diputados que afecte a disminución de ingresos o aumento de gastos presupuestarios puede oponerse el Gobierno. Ha vetado ya hasta 10 proposiciones de la oposición.
La más significativa es la proposición de ley de petición de incremento del 1,2 % de las pensiones para el próximo año 2017, solicitada por todos los grupos políticos, excepto el PP y Ciudadanos. El argumento del Gobierno es que esa subida supondría un desembolso de 1.150 millones de euros (coste de la medida).
La negativa del Gobierno deja en evidencia sus más perversas contradicciones. Por un lado, si el ejecutivo de Rajoy tuviera interés prioritario en las políticas sociales y en el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas no tendría que poner ninguna objeción y reajustaría el proyecto de presupuestos generales del estado, sacando ese dinero de otras partidas presupuestarias que afecten a otros servicios menos necesarios para los ciudadanos. Y, por otro, porque también se ha sabido que el Gobierno asumirá el coste de las autopistas de peaje deficitarias que proliferaron como flores en primavera en los últimos gobiernos de Aznar, sobre todo en la Comunidad de Madrid. El déficit que asumirá el Estado asciende a 3.500 millones de euros y el gobierno ya ha negociado con las entidades bancarias acreedoras de tal deuda, una inyección de 1.200 millones de euros. Estas vías se nacionalizarán previo pago del coste de construcción a las empresas que se encargaron de esa tarea.
No hay dinero público para incrementar las pensiones pero sí lo hay para compensar a las empresas constructoras de las autopistas de peaje deficitarias. Cuando un servicio público genera beneficios, se privatiza, pero cuando hay pérdidas, hay que socializarlas y que se haga cargo el estado con el dinero de los contribuyentes.
Pero no acaba ahí el desaguisado de una política económica gubernamental que muestra más preocupación por los intereses de las grandes empresas que por los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. También hemos conocido que todos los grupos políticos, a excepción del PP, han firmado un documento en el que se comprometen a revertir los recortes en la dependencia que se han producido desde la entrada en vigor de un Real Decreto, de julio de 2012, del gobierno de Rajoy, y que ha supuesto una disminución de un 13 % de la aportación de la administración central para el cuidado de dependientes . El ministerio de sanidad aporta un 20 % de los fondos y el resto corre a cargo de las Comunidades Autónomas. Este documento se ha firmado a instancias de una organización independiente, la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales.
Si estos fondos no se hubieran recortado, se podrían atender unas 265.000 ayudas más, según estimación. Mientras tanto, actualmente hay unas 356.000 personas con ayudas a la dependencia reconocidas que no reciben prestaciones. Además, antes de la aprobación del Real Decreto de 2012 había unos 170.000 trabajadores que cotizaban como cuidadores (la mayoría mujeres) de personas dependientes, mientras que actualmente sólo cotizan alrededor de 10.000 por este motivo. Otra contradicción grave del ejecutivo, porque si realmente quiere que el paro descienda, con políticas de este calibre se contribuye muy poco a generar empleo.
Con estas actuaciones, el presidente Rajoy está incumpliendo el compromiso de diálogo y consenso con el resto de fuerzas políticas parlamentarias que prometió en la sesión de investidura. Será constitucionalmente posible que el gobierno vete iniciativas legislativas cuando éstas comprometen incremento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios, pero es políticamente incorrecto, porque este veto es un desprecio al sistema democrático. Si hay una mayoría absoluta de diputados que apoya una iniciativa, debería respetarse. Por sentido común y por propia lógica democrática.
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