Vergüenza nacional

El gran filósofo griego, Aristóteles, proclamaba ya en el siglo IV antes de Cristo que lo que debía caracterizar a un político era la decencia. Cuando han transcurrido más de 2.400 años desde entonces, muchos políticos, lejos de aproximarse a la decencia que reclamaba el estagirita, siguen siendo corruptos, apropiándose del dinero público, bien para sí, para sus familiares o para el partido político al que pertenecen.

Lo ocurrido esta semana raya el esperpento y reproduzco sólo algunas de las noticias relacionadas con la corrupción de los políticos: "La Generalitat de Camps nutrió de dinero negro al PP". El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha levantado totalmente el secreto de sumario correspondiente a la investigación sobre la corrupción del PP valenciano de la operación Taula, en la que, al parecer había 5 "cajas negras" y en las que estarían implicados, entre otros, Francisco Camps (ex presidente de la Generalitat) y algunos que actualmente ostentan cargos públicos y de partido, como Gerardo Camps (que sigue siendo diputado del PP) o Vicente Betoret (presidente del PP de Valencia).

Por su parte, otra de las noticias aparecidas dice que: "Anticorrupción pide seis años de cárcel para Griñan por un delito continuado de malversación". En la noticia igualmente aparece que el también expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves está asimismo involucrado, dado que el Fiscal pide para él 10 años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. Tanto uno como otro están implicados en los presuntos delitos cometidos en el caso de los ERE de Andalucía.

Y en el número 1 de la lista de corrupción de esta semana sigue apareciendo la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP por esa Comunidad Autónoma, Rita Barberá, aquélla que en los mítines del PP era vitoreada por Mariano Rajoy ante una plaza de todos abarrotada de Valencia, al grito de "Rita, eres la mejor". A esta 'joya' de la política valenciana le dedican los titulares informativos muchos medios de comunicación, con textos como este: "el Tribunal Supremo ha decidido investigarla por presunto delito de blanqueo de capitales del PP en el ayuntamiento de Valencia, en una pieza separada del caso Taula". Lo más grave de esta mujer es que, a pesar de que le han pedido desde su partido que deje las filas del PP y entregue su acta de senadora, propuesta por la Comunidad valenciana, sólo ha obedecido a su partido en lo primero y no a lo segundo. Es decir, que sigue siendo senadora designada por el Parlamento valenciano, aunque tenga que pasar al Grupo Mixto del Senado. Coincido con las valoraciones realizadas por algunos políticos y cargos públicos (entre ellos las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aunque no opinen lo mismo otros miembros de su partido, como la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que sigue defendiendo a Rita Barberá) que manifiestan que, en estos casos, si el Parlamento Autonómico le revoca la representatividad en la cámara legislativa, el político afectado tendría, inexorablemente, que renunciar.

Paradójicamente, parece que los ciudadanos de este país padecemos un masoquismo enfermizo y suicida, dado que algunos de estos políticos que han sido imputados por presuntos delitos relacionados con la corrupción, han seguido siendo elegidos mayoritariamente por el pueblo en las últimas elecciones generales del 26 de junio; algo incomprensible en cualquier país serio y medianamente democrático.

Menos mal que en otro de los sucesos negativos protagonizados por un político esta semana, la interesada tuvo la decencia de renunciar a su cargo. Me refiero al accidente de tráfico provocado por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, cuando triplicaba la tasa de alcoholemia en un control realizado posterior al incidente.