Los ladrones no son ovejas negras

Hasta el descubrimiento de Australia, las personas del Viejo Mundo creían que todos los cisnes eran blancos. Lo que demuestra que sólo estamos seguros de lo que vemos. De este sorprendente hecho se hizo eco Nassin Taleb con un libro: El Cisne Negro o el Impacto de lo Altamente Improbable. Es el mismo argumento que los Gobiernos han utilizado: no hay suficiente presupuesto para hacerse cargo de todas las necesidades que demanda la ciudadanía. Esto ocurre cuando se quiere aumentar el Estado de Bienestar o, lo que es lo mismo, la cobertura de desempleo para las personas paradas, o asequibles residencias para personas mayores y por supuesto las guarderías infantiles. Todos estos servicios siempre quedan fuera de su atención, como un cisne negro. Se saben que existen, pero son una rareza.

Ahora que el Parlamento se ha convertido en un lugar, donde más que pactar se ajustan cuentas, donde las mutuas acusaciones están al orden del día, y donde ni siquiera la intención de un candidato de sumar lo que sólo restaba ha servido de mucho. El caso es que todo el país está parado: Las partidas para la Universidad, la contratación de personal, las futuras inversiones privadas, y todos los ejemplos que cada uno de nosotros tiene en mente. Sin embargo, lo que sí sigue a buen paso es el fraude y la evasión de capitales. Todo el mundo sabe que no basta con tener un asesor fiscal que proponga nombres de empresas, o testaferros para escapar de la fiscalidad de nuestro país. Nada de esto vale sin el permiso del defraudador, sin su firma para hacer esquivar los deberes con Hacienda. Unos lo han reconocido, otros apelan al desconocimiento de la ley tributaria, o fueron aconsejados y sólo se dejaron llevar. Contamos con muchos ejemplos, actores, políticos, escritores, hasta tenemos una hermana del antiguo Rey. Lo que tienen en común son sus vergonzosas justificaciones. Ninguno va a devolver el dinero defraudado, esperan pacientemente una multa, o como mucho que su reputación no quede excesivamente dañada ante la opinión pública. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, una organización imparcial presenta unos datos escalofriantes, más de 230 personas murieron sin recibir la prestación de dependencia que les correspondía, además calculan que se necesitarían 5.300 millones de euros para que la cobertura sea eficaz. Si pensamos que lo defraudado, depositado en cuentas en Suiza, en Panamá, en Andorra, o en cualquier país especializado en blindar a los ladrones, asciende a 60.800 millones de euros, el argumento de falta de fondos públicos es obsceno. Pero además deberíamos contabilizar el fraude fiscal, del cual un 76% corresponde a las grandes fortunas, con 43.300 millones de euros. Y lo grave es que el 28% restante corre a cargo de las PYMES, autónomos y particulares, que suman alrededor de 16.500 millones de euros. ¿No hay dinero? Sí, claro que lo hay. Pero no para atender necesidades de aquellos ilusos que no defraudan.