Informe Anual de Amnistía Internacional: Los derechos humanos en el mundo. 2015

Guillermo Castán Lanaspa. Activista de Amnistía Internacional

La protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse, ya que las represivas campañas nacionales de seguridad planteadas a corto plazo han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades fundamentales. Millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los 'valores' nacionales.

Por eso se puede decir que los derechos humanos están amenazados globalmente. Amnistía Internacional advierte de una tendencia insidiosa y progresiva al debilitamiento de los derechos humanos, fruto de la acción deliberada de gobiernos para atacar, abandonar o no financiar las instituciones creadas para ayudar a proteger nuestros derechos. Más de 70 años de duro esfuerzo y avances en materia de derechos humanos están en la cuerda floja.

Gobiernos que intentan eludir el escrutinio de sus propios actos están socavando los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y mecanismos regionales como el Consejo de Europa y el sistema interamericano de derechos humanos.

Los derechos humanos, amenazados nacionalmente: Amnistía Internacional ha documentado el número de gobiernos que en 2015 han infringido descaradamente el derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y al menos 29 obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las "leyes de la guerra".

Amnistía Internacional advierte igualmente sobre una tendencia preocupante en los gobiernos, que cada vez adoptan más medidas y emprenden más ataques contra activistas, abogados y otras personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos. En lugar de reconocer el papel fundamental de estas personas en la sociedad, muchos gobiernos se han propuesto acallar por completo las críticas en su país. Se han saltado sus propias leyes en sus campañas de represión contra la ciudadanía.

En parte esto se debe a la reacción de muchos gobiernos ante las nuevas amenazas para la seguridad en 2015. La desacertada reacción de muchos gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional ha consistido en reprimir a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, así como en descarados intentos de presentar los derechos humanos como contrarios a la seguridad nacional, el orden público y los 'valores nacionales'.

La ONU fue creada para 'preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra' y para 'reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre', pero es más vulnerable que nunca a los enormes desafíos, pues muchos gobiernos han impedido a propósito que actúe para evitar atrocidades masivas o para obligar a rendir cuentas a los autores de esas atrocidades, y han desoído o despreciado sus recomendaciones destinadas a mejorar la situación nacional de los derechos humanos.

El conflicto sirio es un terrible ejemplo de las catastróficas consecuencias del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos y el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas.

De la situación de los derechos humanos en nuestro país nos ocuparemos en un próximo artículo, pero ahora conviene adelantar, para que tomen notas quienes deben hacerlo, que España participa también en esta tendencia de recorte de libertades y derechos. Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal, el pasado mes de julio, se ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Se han establecido límites adicionales sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones, y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren "falta de respeto" o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias.

Durante 2015, se reformó el Código Penal en materia antiterrorista. La definición de terrorismo es tan vaga, que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, alertaba de que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho de la libertad de expresión.

"Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión", en palabras de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

En resumidas cuentas, la situación de los Derechos Humanos en el mundo de hoy es crítica; corresponde a los gobiernos parar su asalto contra nuestros derechos y reforzar las defensas que ha establecido el mundo para protegerlos. Los derechos humanos son necesarios, no accesorios, y por ello, igualmente, su defensa gravita también sobre la responsabilidad de los ciudadanos.