Un antes y un después

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La decisión de las jueces de Palma de no aplicar al caso de la infanta Cristina la denominada “doctrina Botín”, supone un antes y un después trascendental en nuestro país. En primer lugar, se pone de relieve, para quienes lo dudaban, la independencia de un tribunal de justicia frente a un miembro de la Casa Real (de facto aunque no de iure): la justicia es igual para todos y del rey abajo ninguno. Y esto en España es mucho decir, y hay que celebrarlo.

En segundo lugar, para los cenizos de toda laya, supone demostrar que, por muchas ayudas que la infanta Cristina haya recibido para evitar el banquillo en los próximos meses a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, la fuerza de la ley es la base fundamental del Estado de derecho, pues con ella se sostiene la democracia: no hay democracia sin el imperio de la ley, que sienta el principio de la igualdad jurídica. Y esto, hay que volverlo a decir, es revolucionario: para el Estado, y solo para él, todos somos iguales y no hay discriminación que valga.

Y si esto es así, porque así se ha demostrado, alegrémonos, pase lo que pase después. ¿Y qué puede ocurrir? Que tras un proceso con todas las garantías, la Infanta pudiese ser condenada, hasta con pena de prisión. Y en ese caso a algunos se les caen los palos del sombrajo pues piensan que esto no puede ser, pero sí puede ser para los demás, los del común, los que andamos por la vida como podemos, es decir, con dificultades. Buenos, pues podría suceder, como ha ocurrido lo que referimos, sí, pero sabiendo que el caso puede recalar finalmente ante el Tribunal Supremo e incluso el Tribunal Constitucional, es decir, que cuán largo me lo fiáis, hermanos. Y hasta el final sigue rigiendo el principio de presunción de inocencia, del que somos tan olvidadizos, cuando es la principal garantía de un procesado.

Los fuertes nubarrones sobre la institución monárquica han descargado con este potente aguacero, y aunque a algunos les suene mal, tal vez haya sido lo mejor para la propia monarquía parlamentaria española. Ha quedado certificado, por si había alguna duda, que nadie está protegido contra la ley, pues lo contrario habría sido acreditar que la monarquía parlamentaria goza de muy mala salud, que sus presuntos protectores tienen miedo de que se venga abajo, y que para ello había que hacer lo que fuera necesario. Y lo hicieron, pero el sistema fue más fuerte. El sistema se llama democracia y el primer obligado por sus reglas es el Rey y toda su familia. Ha quedado claro, para bien de la democracia y de la propia monarquía.

Marta FERREIRA