La trata de seres humanos, la esclavitud de nuestro tiempo

Autora: Pilar Hierro, activista de Amnistía Internacional

En España entran entre 40.000 y 50.000 personas cada año relacionadas con la trata de seres humanos. Según la Organización Internacional del Trabajo, casi tres millones de personas son sometidas a trata y tráfico en todo el mundo y, de ellas, cerca de la mitad son menores de edad. Además, como así lo destaca la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe The globalization of crime: A transnational organized crime treath assessment (2010), las dos terceras partes de las víctimas detectadas por los estados en todo el mundo son mujeres y donde las víctimas de trata con fines de explotación sexual constituyen el 79% de las víctimas detectadas.

Este atentado contra los derechos de las personas es un delito, tolerado, silenciado, y que se presenta como una cadena de explotaciones diversas. Un negocio detrás del cual hay toda una organización criminal al servicio del delito, que se sirve del ser humano, lo explota, utiliza, vende, degrada y destruye con el solo fin de acumular ganancias. Está manejado por organizaciones delictivas que no actúan aisladamente, sino que establecen vínculos con otras formas de delincuencia organizada tales como el tráfico de armas y de drogas. Mafias que usan redes de complicidades que actúan a menor o mayor escala como polleros, taxistas, empresarios, funcionarios públicos, agentes de seguridad y en muchos casos la propia sociedad civil (silenciosa) que asiste callada a la destrucción de la dignidad de las personas.

La trata de personas es un un delito que en cifras económicas, que es como algunos miden las más sucias tragedias humanas, mueve entre 7 y 12 billones de dólares anuales, según un reciente informe de la ONU. En España, supone 5 millones de euros cada día, según afirma la defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Se trata del segundo negocio clandestino del mundo en beneficios, después del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas.

Pero además, es un delito que se aprovecha de la vulnerabilidad de personas agobiadas por la pobreza, la discriminación por motivos de género, las guerras, los desastres naturales, la inestabilidad política, la cultura, los problemas en el ámbito familiar, las leyes y la corrupción. Donde las personas son captadas a través del engaño, amenazas, fuerza, abuso de situaciones de vulnerabilidad y otras formas de coacción, con el fin de someterlas a explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos y sometidas con trampas como la retención de documentación y sus pasaportes, el pago de deudas que la víctima a contraído con ellos por gastos de viaje y alojamiento o por la restricción de sus libertades de movimiento y personales.

Un delito que no es neutral en términos de género que debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a las que están sujetas las mujeres y niñas y que debido a su especial situación de vulnerabilidad, son derivadas a redes de trata con fines de explotación sexual y laboral o se ven obligadas a soportar situaciones de riesgo y abusos añadidos. Una forma de violencia que se reconoce en las Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y en la Plataforma de Acción de Beijing (1995). De acuerdo con ellas, se puede afirmar que este delito es una de las manifestaciones y consecuencias de la desigualdad entre hombres y mujeres tanto en las sociedades de origen como en las de destino.

En este sentido, es un delito que se encuentra legislado de forma autónoma a nivel internacional en la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y en su Protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Un delito penal internacional cuyas normas no son operativas en sí mismas - no hay una legislación universal que pueda hacerse extensiva a todos los estados- sino que requiere, por parte de los estados ratificadores, la sanción de normas propias (nacionales) para la persecución interna del mismo.

Amnistía Internacional, trabaja contra la trata de seres humanos desde una perspectiva de derechos humanos de acuerdo a los instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables en España, considerando como víctimas de trata a todas aquellas que lo sean con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios serviles, explotación de la mendicidad, situaciones de esclavitud, extracción de órganos, de acuerdo a la definición del Protocolo de Palermo y trabaja para mejorar la asistencia y la protección de las desde los distintos ámbitos de trabajo.

Lo que aún no entendemos es la posición del Gobierno de España en la prevención de la trata de seres humanos, en su incapacidad para afrontarlo; pues, si bien se comprometió a elaborar estrategias de lucha contra este delito con la ratificación del Protocolo de Palermo, Bruselas ya dio un tirón de orejas al Gobierno por su negligencia en la prevención de este delito.

La directiva de la UE 2011/36/UE sobre la trata de seres humanos abarca un amplio espectro de medidas para prevenir y combatir la explotación de personas. Así, por ejemplo, obliga a los estados a adoptar cambios en el Código Penal que conviertan en delitos los casos de captación, rapto, traslado, amenaza, engaño, etc. que conduzcan al abuso sobre un individuo. Además, la normativa europea, vigente desde abril de 2011, va más allá de la persecución penal de los explotadores y propone que se regule el consumo de la prostitución e insta a los estados a adoptar "medidas apropiadas, como la educación y la formación, para desalentar y disminuir la demanda como factor que favorece todas las formas de explotación relacionadas con la trata de seres humanos", según refleja la propia directiva.

Por ello, y ante estas cifras aterradoras, hace falta voluntad política para erradicar este delito desde los gobiernos, que no solo, sino también de la complicidad de la sociedad civil. No podemos seguir ciegos e inmóviles, hay que luchar para devolver a millones de personas los derechos conculcados, es una responsabilidad moral. La inacción ante esta barbarie del siglo XXI implica complicidad en esta grave violación de los derechos humanos, la dignidad y la libertad de la persona.