CSI-F acude a los tribunales para defender 740 plazas de la oferta de empleo de la Junta de...

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) considera que "existe un claro incumplimiento de la legalidad, al no convocar la Junta la oferta de empleo de los años 2010 y 2011, que suponen 740 plazas. Infringe la Constitución, el EBEP, la Ley de Función Pública de Castilla y León, así como los propios decretos por los que se aprobaban las distintas ofertas, ya que la administración no cumple con los plazos establecidos en la legislación para realizar las convocatorias, ni con el plazo máximo e improrrogable que la normativa básica establece, esto es, tres años para ejecutar la oferta de empleo público".

En este sentido, CSI-F afirma que la administración no puede ampararse en la 'crisis'. Cuando el Real Decreto Ley 20/2011, de medidas urgentes en materias presupuestaria para la corrección del déficit público, estableció la congelación de la oferta de empleo público para el año 2012, CSI-F explica que "ya se mantenían las ofertas de empleo público, y las convocatorias aprobadas entes de ese polémico Real Decreto".

Por ello, "en Castilla y León se debería haber llevado a cabo las ofertas de 2010 y 2011, o bien dictar un decreto derogando expresamente esas ofertas pendientes", indica el responsable sindical regional de CSI-F en la administración regional de la Junta, Mariano Prieto. "Esta situación implica que la falta de ofertas y de convocatorias está impidiendo a los ciudadanos poder acceder al empleo público o promocionar en él, y ello implica un coste para todos aquellos que, ante la expectativa creada por la administración, se han estado preparando para presentarse a una prueba".

La Junta de Castilla y León por Decreto 17/2010, de 15 de abril, (BOCyL nº 75 de 21 de abril) y por Decreto 14/2011, de 24 de marzo (BOCyL nº 62 de 30 de marzo) aprobó las Ofertas de Empleo Público para los años 2010 y 2011; "y con estas ilusiones de empleo no se puede jugar desde la administración, especialmente en una situación laboral tan difícil como en la que nos encontramos. La actitud de la administración es reprochable e indigna", tilda Prieto.

Por ello, CSI-F ha llevado la reivindicación y la exigencia de estas ofertas de empleo a los tribunales, "por responsabilidad sindical y por compromiso ante los empleados públicos y los ciudadanos". Así, el 7 de noviembre se interpuso una demanda en el TSJ contra el incumplimiento de las convocatorias de la oferta pública de empleo de la Junta.