Las víctimas de violencia de género de Castilla y León dispondrán de un plan de seguridad...

Las víctimas de violencia de género de Castilla y León dispondrán de un completo plan de seguridad individualizado y coordinado entre Servicios Sociales y los Cuerpos de Seguridad del Estado para minimizar o eliminar los riesgos de las víctimas y de los menores o mayores dependientes de ellas. Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ante aproximadamente 400 policías que han asistido, en el madrileño Complejo Policial de Canillas, a la mesa redonda 'Perspectivas externas' sobre violencia de género, dentro de una jornada organizada por la Dirección General de la Policía.

Se trata de una de las conclusiones extraídas en dos de los cinco grupos de trabajo creados para diseñar el modelo 'Objetivo Violencia Cero', concretamente el que está estudiado en el modelo de intervención con las víctimas y el que aborda la coordinación y trabajo en red.

Una vez que se ha avanzado para que los profesionales de los Servicios Sociales y los Cuerpos de Seguridad del Estado compartan información y el mismo modelo de valoración de riesgo, llega el momento de dar un paso más en aquellos casos en los que la valoración del nivel de riesgo sea alto o extremo para la víctima. Así, se estudiará crear equipos de seguridad para la atención de estos casos, con independencia de que exista o no denuncia, ni orden de protección, en los que participarían profesionales de los Servicios Sociales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La puesta en marcha del primer equipo de seguridad se podría pilotar en una provincia de Castilla y León.

Las claves del modelo

Tres son las claves de este modelo. Por un lado, prestar una atención integral a cada víctima. Y, para ello, se elaborará un proyecto individualizado de seguridad y autonomía, que cubra la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la integración, que cuente con un profesional de referencia que le acompañe durante todo el proceso hasta que pueda volver a tomar las riendas de su propia vida. Esta ayuda se prestará de forma 'invisible' para preservar la seguridad.

Por otro lado, la Junta se marca como reto actuar antes incluso de que la víctima presente una denuncia. Se trata de abandonar el modelo de espera, más centrado en actuar a partir de la denuncia, e incidir en la detección de las situaciones de maltrato, ya sea desde los servicios sanitarios, educativos o sociales, para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptados a las circunstancias de la mujer.

Por este motivo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades constituyó cinco grupos de trabajo, que están abordando qué necesidades tienen las víctimas, cuál debe ser el modelo de intervención con la víctima más adecuado, cómo tendrá que ser el proceso de intervención en red, cuáles son las claves para implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y el papel de sindicatos y patronal en la consecución de este objetivo. Estos grupos, que tratan de dar respuesta a las tres claves que sustentan el modelo, están constituidos por más de 60 profesionales entre miembros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de las corporaciones locales, de otras administraciones públicas y de entidades, de asociaciones del Tercer Sector, sindicatos y patronal.

Estrategia de actuación

Dentro de esta estrategia, el primer paso dado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades fue la puesta en marcha del Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León, el principal instrumento de información de la Comunidad sobre las víctimas y que hoy tiene ya identificada la historia social de 1.600 mujeres víctimas en Castilla y León.

Desde el pasado mes de julio, la consejera ha suscrito cinco convenios de colaboración -Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Fiscalía General de Castilla y León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- que permitirán abrir el Registro Unificado de Violencia de Género de Castilla y León a profesionales de otras instituciones para integrar y compartir información sobre la historia social de las víctimas, aportada por los Servicios Sociales, y datos relevantes que disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los jueces, los fiscales y los profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a las víctimas de violencia de género.

Así, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los jueces, fiscales y profesionales de corporaciones locales de Castilla y León tendrán acceso de forma actualizada a datos sobre la historia social de la víctima, de sus hijos y personas que de ella dependan, de su situación y de su entorno, recogida en el Registro Unificado de Violencia de Género. Y, además, contarán con información del abanico de recursos que existen en Castilla y León, enmarcados en el modelo 'Objetivo Violencia Cero', entre ellos asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico o la red de atención a las mujeres víctimas de violencia repartida por toda la Comunidad.

El hecho de conocer datos de la historia social de la mujer, de sus hijos, y sus circunstancias, así como de los recursos de los que dispone la Comunidad para atender a un víctima, facilitará a la policía, a los jueces, a los fiscales de Castilla y León y a los profesionales de las corporaciones locales contar con un plus de información básica a la hora de adoptar medidas y tomar decisiones que redunden en una protección más eficaz de la víctima, ya sea para mejorar la seguridad de las víctimas, la adopción de medidas judiciales o a ajustar la propuesta de orden de protección a la situación concreta de las víctimas, sobre todo en las medidas de carácter civil relacionadas con sus hijos.

Así, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado compartirán con los profesionales de los Servicios Sociales información alojada en su sistema 'Viogen' que facilite la adopción de la mejor decisión en las valoraciones, tanto de riesgo policial como social, así como en la asignación de los recursos más adecuados para la víctimas y adaptados a la fase en la que se encuentre.

Los jueces, por su parte, aportarán a los profesionales de los Servicios Sociales información en tiempo real de las órdenes de protección que se dicten en la Comunidad y de las sentencias emitidas tras la denuncia. El conocimiento de la situación judicial de las víctimas multiplicará las posibilidades de estos profesionales de ofrecer una atención inmediata a la víctima. Y es que, desde el mismo momento en que se adopte la orden, los profesionales de los Servicios Sociales podrán contactar con la mujer para ofrecerle los recursos más adecuados a su situación sin que exista lo que se denominan 'periodos de sombra'.

Los fiscales compartirán información sobre los casos judicializados de violencia de género, lo que ampliará sus posibilidades de ofrecer una atención integral a la víctima.

Para Milagros Marcos, compartir esa información es "vital" para conseguir una mayor protección de las mujeres afectadas por esta lacra social y representa pasos firmes de la Comunidad en la articulación del novedoso modelo 'Objetivo Violencia Cero'.

Pero, además, estos convenios abren la puerta a un impulso en la formación en el ámbito policial, jurídico y en el ámbito social, la coordinación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales que intervienen en casos de Violencia de Genero. Ese formación posibilitará a los profesionales de los Servicios Sociales orientar mejor los casos y a policías, jueces y fiscales conocer con mayor profundidad la complejidad del ciclo de la violencia o el estado emocional de las mujeres que sufren esa situación de cara a entender el proceso y adoptar medidas.

Plataforma informática 'Pawla'

Los pasos dados por la Junta de Castilla y León para impulsar el nuevo modelo 'Objetivo Violencia Cero' recibieron un empujón por parte de Europa. Los estados que conforman el Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y el Gobierno de España reconocieron, con una subvención de 170.000 euros, al Proyecto Pawla: plan para la atención social integral a las víctimas de violencia de género, un sistema de información interconectado, presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

De esta forma, Castilla y León contará con financiación extraordinaria para la puesta en marcha del modelo 'Objetivo Violencia Cero'. Esta aportación irá destinada al desarrollo de una plataforma informática que aglutine el mayor número posible de datos sobre las víctimas procedentes de todos los agentes que intervienen en cada etapa del proceso y que esos agentes puedan tener acceso del mismo modo a la información, siempre garantizando la confidencialidad y protección de datos. Para ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sacó el pasado 6 de noviembre a licitación el contrato para desarrollar la plataforma informática que sustenta el trabajo en red del modelo 'Objetivo Violencia Cero'.