¡Joder, qué tropa!

Parece ser que el primer Conde de Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, profirió esta frase cuando, propuesto para ocupar un sillón de la RAE, finalizó el recuento de votos sin haber logrado ninguno, a pesar de habérselo prometido una mayoría suficiente. Desde entonces se emplea para manifestar el malestar que produce sentirse defraudado por la manera de proceder de aquellos en quienes se tiene depositada la confianza, o por aquellos de quienes se esperan decisiones que no sean contrarias a los intereses nacionales ni pongan en peligro la unidad y la convivencia de las personas.

Ante el aluvión de problemas que ensombrecen la vida diaria, están aflorando una serie de reacciones un tanto "atípicas" ?por emplear un término suave- que ayudan bien poco, o nada, a enderezar el rumbo de esta querida España y a evitar un amenazante "batacazo".

El partido del gobierno ?aunque no lo manifieste- sabe que está sangrando votos por la herida del desengaño. Sería de ciegos no admitir que, en la parcela de la economía, se ha enderezado una trayectoria que apuntaba a la catástrofe. En un mundo en el que nadie regala nada, se pone como ejemplo el método empleado por España para superar la crisis. Es sólo el principio, pero otros no lo han conseguido. Por supuesto, no es suficiente. Sigue habiendo excesivos parados, los jóvenes se desesperan buscando un empleo que no existe y aumenta el número de personas con dificultades para subsistir. Pero hay más. Se celebraba hace un tiempo en Madrid una gran manifestación de personas, votantes del Partido Popular, que protestan su decisión de retirar el proyecto de ley de reforma del aborto que llevaban en su programa electoral. Si algún iluminado asesor del gobierno pensó que la medida evitaría la fuga de votos, tendrá que reconocer su fatal error al comprobar que ha cosechado el resultado contrario. Ante el clamor de la gente pidiendo medidas efectivas que sirvan para contrarrestar la epidemia de corrupción, los dos partidos hegemónicos han mantenido un vergonzoso tira y afloja para dar a luz un acuerdo descafeinado, evitando la luz y taquígrafos que pide el electorado.

El máximo responsable del primer partido de la oposición, cuyo lenguaje hablado me recuerda, cada vez más, al estilo literario de Azorín ?frases cortas, ideas que parecen eslóganes, facilidad para no molestar a nadie- se muestra contrario a la aplicación de la ley contra quienes se niegan a cumplirla. Estamos en tiempos, dice, de menos justicia y más política; todos los problemas que tiene España se solucionarían reformando la Constitución; nuestra forma de Estado ha quedado obsoleta y España tomaría otro "aire" si tuviera una estructura federal. En Cataluña sería conveniente blindar competencias autonómicas como el idioma y la cultura. Y unas cuantas flores más. Es decir, el remedio contra quienes se niegan a acatar el mandato constitucional, debe ser darles la razón y seguir negociando. Por curiosidad, ¿es que no ha pensado en el nada despreciable porcentaje de catalanes que no están de acuerdo con esas ideas? ¿Es que ahora el partido socialista se declara partidario de fomentar la desigualdad entre los españoles?

La Fiscalía General del Estado entiende que se ha faltado a la ley con la consulta catalana del 9 N y, en consecuencia, ordena a la Fiscalía superior de Cataluña presentar una querella contra las personas responsables de esa decisión. Para sorpresa ?relativa- de quienes esperaban lo contrario, el Fiscal Superior de Cataluña se niega a ello y obliga al Fiscal General, previa decisión unánime de la Junta de Fiscales de Sala, a ordenarle de nuevo que eleve la querella contra tres cargos de la Generalidad, a quienes se acusa de cuatro delitos. Para un profano en leyes ¿es normal una disparidad tan exagerada de criterios? Si los fiscales han obrado así, no sería extraño pensar que los jueces de la Audiencia de Cataluña rechazarán la querella por no considerar delictiva la conducta de los inculpados. ¿Es que la independencia de la Justicia se ve más atacada por la geografía que por el derecho? Y eso no es lo malo. Lo peor es que los presuntos inculpados se consideran víctimas ?otra vez- del poder central que, en vez de negociar lo innegociable, se dedica a aplicar la ley y, además, está "empujando" a los catalanes fuera de España. La prueba es que ya amenazan con seguir adelante.

Por último, el líder del movimiento populista de moda, el que aborrece la "casta" política actual, ante el primer revolcón sufrido en un programa televisivo, ha roto el compromiso adquirido de ser entrevistado por otra cadena. Ya está comenzando a enseñar sus cartas y le asoma la vena dictatorial.

Ante este panorama, y para emplear un lenguaje más suave que Romanones, no tengo más remedio que exclamar ¿Qué hemos hecho los españoles para merecer una clase política que ha olvidado el sentido común?