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Anpe denuncia la violencia de los alumnos hacia los docentes
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CRECE LA INSEGURIDAD DESDE 2005

Anpe denuncia la violencia de los alumnos hacia los docentes

Actualizado 04/11/2014

La Fiscalía alerta del aumento de agresiones en edades cada vez más tempranas y sólo en Salamanca ha habido 887 casos de denuncia

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Desde 2005 la violencia domésticas de hijos a padres no ha dejado de crecer en nuestra comunidad autónoma. Así lo indica la Memoria de la Fiscalía de Castilla y León 2013.

Hace tan sólo unos días, el Fiscal General de Castilla y León alertaba del significativo aumento de la violencia de los jóvenes a edades cada vez más tempranas en nuestra comunidad, solamente en Salamanca ha habido 887 casos de denuncia, según la propia Fiscalía. ANPE ya lo venía anunciando desde 2005, exigiendo a la Consejería de Educación la revisión de los Derechos y Deberes de los alumnos, el Plan de Convivencia en los Centros y finalmente la promulgación de la Ley de Autoridad del Profesorado en 2014.

El hecho de que los hijos ejerzan violencia hacia sus progenitores es una nefasta información para la tarea docente. Un joven que agrede, insulta o amenaza a sus padres es un alumno que presentará conductas similares en el contexto educativo.

En ANPECyL, trabajamos para que los centros educativos sean lugares de convivencia, carentes de agresiones y donde se pueda desarrollar la tarea educativa en condiciones dignas. Las situaciones familiares desestructuradas, donde los padres no ejercen su autoridad de forma adecuada, mediante el establecimiento de normas y límites, también tienen consecuencias en los centros educativos.

Este aumento de agresiones de hijos a padres confirma la importancia que ANPE concede a la Ley de Autoridad del Profesorado. Ya tenemos la norma. ANPECyL la llevaba demandando desde hace una década, momento en el que se creó el servicio de El Defensor del Profesor. Pero con la publicación de la Ley no basta. Es necesario hacer un intenso trabajo de difusión e información sobre lo que esta Ley supone. ANPECyL ya lo ha iniciado pero es imprescindible la colaboración de la Administración Educativa y del resto de agentes sociales.

Si no ponemos fin a este tipo de situaciones las consecuencias se extenderán más allá del ámbito familiar y educativo.

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