Lunes, 21 de mayo de 2018

Huérfanos especialmente vulnerables

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Se han desarrollado unas jornadas en el Senado sobre violencia de género, promovido por la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, en las que han comparecido huérfanos y familiares de víctimas de violencia de género que, debido a las precarias condiciones económicas que padecen, son especialmente vulnerables. Pero, en cambio, ni los políticos ni los medios de comunicación les dedican la atención que se merecen.

Tengo que confesar que como ser humano sentí vergüenza, rabia e indignación, escuchando los terribles relatos que contaban sus protagonistas. Joshua Alonso, un joven de 25 años narraba cómo tuvo que hacerse responsable de cuidar a su hermano pequeño de 10 años al quedarse huérfanos los dos, porque un hombre (pareja de su madre y padre del menor de los chicos) hizo explotar unas bombonas en el domicilio que compartía con la madre de ambos, muriendo los dos en el suceso.

Este joven héroe, en su relato, solicitaba apoyo económico y psicológico a la Administración para poder hacer frente a esta situación de desamparo. Las pensiones que reciben estos huérfanos de las Administraciones Públicas son muy escasas, inferiores, en algunos casos, a los 200 euros mensuales. No sólo las pensiones de orfandad son ridículas, sino que en el cómputo de las indemnizaciones a las víctimas de violencia machista no llegan al 10 por ciento de las que perciben las víctimas del terrorismo, por ejemplo. De esta forma el propio Estado está haciendo una clara discriminación entre víctimas: hay víctimas de primera y de segunda y no debería ser así. Sólo en los últimos 5 años han quedado huérfanos de madre por violencia machista 194 niños (8 de ellos en lo que va de este año).

Joshua, al igual que otra compareciente, Luz Marina Rodríguez (que se ha hecho cargo de dos sobrinos menores por el asesinato de su madre), alegaron sentirse abandonados no sólo por los gobernantes, sino también  por los medios de comunicación, que únicamente se interesan por las noticias que afectan a los crímenes machistas, cuando suceden, desentendiéndose del caso posteriormente, porque normalmente no vuelven a realizar un seguimiento informativo de la penosa situación en la que quedan las víctimas, en especial de la situación los menores huérfanos.  Con la ridícula pensión de 190 euros es imposible atender las necesidades del menor.

Además, tanto gobernantes como medios de comunicación inician campañas reivindicando incremento de penas para los responsables de estos delitos, cuando no es necesario como finalidad preventivo general, ya que nuestro Código Penal prevé penas severas para estos hechos criminales, pero, en cambio, nadie reivindica incrementos de las indemnizaciones y de las pensiones de orfandad, cuando esto último forma parte de los principios rectores de la política social y económica y uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta un Estado Social y Democrático de Derecho, que siempre debe estar al servicio del ciudadano, respetando sus derechos e intereses legítimos y orientando sus políticas económicas a una distribución equitativa de la renta y la riqueza. Es triste decirlo, pero a los gobernantes les da más votos seguir hablando de terrorismo (sobre todo de ETA aunque ya no exista) que dedicar tiempo y esfuerzos a la violencia machista y sus víctimas.

Otro ejemplo claro en esta materia de que el gobierno de M. Rajoy no cumple con sus compromisos, lo podemos comprobar en las partidas presupuestarias destinadas, en general, a la violencia de género, en cumplimiento de la Ley de Medidas de Protección Integral de 2004. Según el pacto de Estado contra la violencia de género, el gobierno de M. Rajoy se comprometió a aportar 200 millones de euros anuales durante 5 años para la violencia de género y 8 meses después no se ha cumplido nada por parte del ejecutivo. Por el contrario, en el proyecto de presupuestos para 2018, el gobierno sólo incluye una partida presupuestaria de 80 millones de euros, alegando que, el resto, hasta los 200 millones, tienen que aportarlo otras administraciones públicas: Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Un engaño más del gobierno de M. Rajoy a los ciudadanos. Es de suponer que éstos sean conscientes de la situación y no tengan amnesia en el momento de visitar los colegios electorales.