Martes, 17 de julio de 2018

La ética política de la señora Cifuentes

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El vergonzoso escándalo del sospechoso Master obtenido por la señora Cifuentes en la universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, ratifica la total ausencia de ética política y de decencia personal que atesora la presidente de la Comunidad de Madrid; puesto que no sólo ha mentido en sede parlamentaria (llegó a decir que el trabajo fin de Master lo había defendido el 2 de julio de 2012, cuando después ha reconocido que nunca llegó a defenderlo y se ha probado que hubo falsificación de firmas de un supuesto tribunal que nunca llegó a constituirse), sino que tiene la desfachatez de seguir defendiendo que no tiene ninguna responsabilidad y que la misma es, exclusivamente, de la universidad.

Por otro lado, los miembros del gobierno de M. Rajoy y del PP han decidido continuar con el “sostenella y no enmendalla” en relación a las falsedades inherentes a este culebrón, aún a sabiendas de que hay gravísimas irregularidades en todo este proceso que exigen ser aclaradas con la celeridad, eficacia y transparencia adecuadas

Este encubrimiento de la conducta de la señora Cifuentes por parte de M. Rajoy, su gobierno y el PP, deja demasiadas incógnitas por despejar, algo impropio en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, donde los ciudadanos tenemos el derecho a conocer la verdad y los protagonistas de esta tétrica historia, el deber de informar. ¿No será que el PP tiene demasiadas cosas que ocultar que conoce la señora Cifuentes y ésta ha amenazado con revelarlas si le retiran la confianza y provocan que presente la dimisión como presidente de la Comunidad de Madrid? Para un PP podrido de corrupción esta sería la estrategia más lógica, dado que lanzarían la pelota al tejado de Ciudadanos, partido  que tendría que comprometerse a apoyar la moción de censura presentada por el PSOE si quieren mantener su política de no apoyar a gobernantes implicados en casos de corrupción, y este lo es clarísimamente.

Otro argumento para defender la tesis del encubrimiento del PP de asuntos turbios, es la afirmación realizada por el director del Master, profesor Álvarez Conde, de que “va a tirar de la manta contra el PP”. ¿Qué tipo de prebendas obtienen unos y otros (gobernantes, miembros del PP y profesores universitarios y universidades a las que éstos pertenezcan) para seguir manteniendo la falacia del dichoso Master?

No es la primera vez que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid están implicados en asuntos de corrupción (Gürtel, Bárcenas, Púnica, Lezo, Canal de Isabel II y un largo etcétera), también algunos ex diputados como Tamayo y Sáez (que pertenecieron al PSOE), impidieron, con su ausencia en la votación, que la izquierda política gobernase en la Comunidad de Madrid durante la legislatura 2003-2007. ¿Qué habrían prometido a estos tránsfugas y qué privilegios obtendrían para actuar de esta manera?.

Lo que han hecho los gobiernos de Gallardón, Esperanza Aguirre y Cifuentes es utilizar las instituciones (que están al servicio de todos los ciudadanos) para beneficio propio y partidista. Parece que cuando se habla de conductas relacionadas con la corrupción, los ciudadanos incluimos solo las que están relacionadas con los beneficios económicos de políticos y gobernantes, obtenidos de forma ilegal; pero hay muchas conductas que, sin que se perciba un beneficio económico inmediato y tangible, son también conductas prevaricadoras y desviadas por las que se obtienen tratos de favor, privilegios y dádivas que los ciudadanos normales nunca podrán obtener. No obstante, y por la precaria cultura democrática que existe en muchas sociedades (como la nuestra, a diferencia de otros países con una experiencia histórica democrática más consolidada), algunos ciudadanos llegan a ver normal que los gobernantes se lucren, tengan privilegios y el acceso a los servicios públicos de forma prioritaria al resto de los mortales, simplemente por ocupar un puesto de influencia y de poder.

Esto, cuando ocurre en regímenes políticos autoritarios, se asume porque no queda otro remedio, pero cuando se da en un Estado Social y Democrático de Derecho, resulta, no sólo condenable, sino inconcebible, irracional y de un cinismo patológico; porque precisamente en este régimen político el referente debe ser siempre la autoridad de la democracia, no -parafraseando al presidente francés, Emmanuel Macron- una democracia autoritaria, como está pasando con la nuestra (en el gobierno central y en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid). Somos los ciudadanos, es decir, la autoridad donde reside la democracia, los que tenemos que terminar con estas prácticas mafiosas, cuando vayamos a depositar nuestro voto.