Viernes, 23 de febrero de 2018

Y el Tribunal Constitucional aplicó una “solución creativa”

La tentativa secesionista en Cataluña da de sí lo que ni nos imaginábamos en sus inicios. Lo que gloso hoy es la última o penúltima derivada de lo que se ha convertido en el principal problema de España, aunque algunos se nieguen a verlo, pero ya se sabe que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En nuestro país abundan.

Como resultado de las elecciones de diciembre, que ganó Ciudadanos pero sin alcanzar la mayoría absoluta ni con el apoyo de los demás partidos constitucionalistas, el presidente del Parlamento catalán, en conformidad con lo que le propusieron todos los partidos independentistas, nombró candidato a la presidencia de Cataluña a Carles Puigdemont, el anterior presidente. Y vuelta la burra al trigo, vuelta a la situación previa a estas elecciones, pero con políticos como Junqueras en la cárcel y otros como el propio Puigdemont prófugos de la justicia al no comparecer en España ante el tribunal competente. ¡La locura, el despiporre, el cachondeíto fino en toda Europa hacia España! Pero son las consecuencias de plantear mal la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Tras su sonoro fracaso en esas elecciones (quedó el último, junto a la CUP, ¡el partido del Gobierno español!), cundió el pánico en el Ejecutivo, por lo que se convirtió en objetivo esencial impedir que Puigdemont entrara en España sin ser detectado y se presentara a la sesión de investidura, que ganaría, con lo que nos encontraríamos con el pandemónium de un presidente de la Generalitat  golpista y perseguido por la justicia. El panorama no podía ser más dramático, hasta el punto de que las más descabelladas estrategias para entrar en la sede del Parlamento de Cataluña fueron tomadas en cuenta, como la ya famosa de entrar en el capó de un coche como si de una maleta se tratara, y toda la seguridad del Estado entró en liza para no repetir el rotundo fracaso del pseudoreferéndum  celebrado hace unos meses.

Hasta que se le encendió la bombillita a Dª Soraya, vicepresidenta con todos los galones de nuestro Gobierno. Abogada del Estado ella, tras reunirse con sus consejeros (muchos ellos del mismo gremio, la irónicamente tildada como “Brigada Aranzadi”) y dar con lo que ha calificado de solución jurídica “creativa”. Miedo me dan estos creadores de Derecho, no lo voy a negar, pues detrás de lo que se ha dado en denominar “creación de Derecho” al margen de sus fuentes tradicionales han estado siempre aplicaciones judiciales pero que muy discutibles.

¿Qué parieron los cráneos privilegiados de estos abogados del Estado de La Moncloa? Pues ni más ni menos que interponer un “recurso preventivo” ante el Tribunal Constitucional para que este declarara la nulidad de una insólita comparecencia de Puigdemont en carne mortal o mediante holograma por medios informáticas. Hay que reconocer que el Gobierno tenía motivos para el terror: España habría quedado a la altura de la zapatilla, pero más aún Cataluña. Y Aunque Rajoy, en una entrevista radiofónica, preguntado por la estrategia del Gobierno ante el evento,  tuvo que reconocer que hasta que no se consumaran los hechos no se podía hacer nada y solo entonces vendrían los recursos constitucionales correspondientes, la vallisoletana consiguió convencer a su jefe de lo contrario y en horas 24 tenían el recurso preparado.

¿Con qué se encontraron? Con una sorpresa que les dejó blancos. Previo al recurso, y sobre su justificación, tiene que pronunciarse el Consejo de Estado, dando por supuesto Dª Soraya, la genio jurídica de Valladolid, que validaría la actuación gubernamental, pero justo sucedió lo contrario. El Consejo de Estado argumentó de modo lógico que no podía presentarse un recurso contra un acto administrativo que aún no había sucedido, por lo que, aun comprendiendo las razones esgrimidas del Gobierno, aconsejaba que se pospusiera hasta que los hechos se consumaran. Para quienes creen y propalan la conspiración del Estado cuando llegan los momentos decisivos, fue esta una lección clara de que el Estado español es claramente democrático y su Consejo lo suficientemente independiente para no seguirle la pista al Gobierno cuando no tiene razón.

Claro, hay que recordarlo, los dictámenes del Consejo de Estado son consultivos y no obligan al Gobierno a seguirlos, por lo que, de tirados al río pensaría Sáenz de Santamaría, se presentó el recurso de inconstitucionalidad, pese a la opinión en contra del órgano consultivo. Y aquí viene, a tope, lo de las “soluciones creativas”. Raudo y veloz se pronunció sobre el recurso nuestro Constitucional. El Gobierno le pedía la admisión a trámite del mismo, lo que suponía de inmediato si lo aceptaba la suspensión de la sesión de investidura, y en esas estábamos cuando el Tribunal Constitucional se salió con una “solución creativa”…pero no la que pedía el Gobierno.

Dejando de lado la aceptación del recurso, que ha quedado pospuesta, se pronunciaba sobre el fondo de la cuestión, sentando definitivamente la doctrina de que Puigdemont, si quería ser investido presidente de Cataluña, tenía que comparecer físicamente en la sesión de investidura, pero tras haberse entregado  previamente a la justicia que lo reclama y una vez hecho esto el juez del Tribunal Supremo podría autorizar su comparecencia parlamentaria. O en otras palabras, un prófugo de la justicia no tiene derecho a pedir la investidura presidencial si antes no pasa por el cedazo judicial, quedando en manos de este la última palabra. Sibilinamente, el Tribunal Constitucional le había cerrado prácticamente todas las puertas a Puigdemont para ser presidente, pues si comparecía al margen del control judicial, la decisión del Parlamento de Cataluña sería nula.

El Constitucional no se pronunció sobre el recurso del Gobierno, que quedó aparcado, pero solucionó el problema, con una “solución creativa”. ¿Se quedan ustedes con ella o prefieren que se respeten escrupulosamente las leyes, no arriesgando hasta el punto de que se cuestione si estamos en un Estado de Derecho y sembrando la duda de que no se haya respetado la independencia judicial? Es una cuestión de alto calado jurídico y político, sobre la que se escribirá mucho. Pero la política es la política y, aunque aquí falló lo previsto por el Gobierno, vino el Tribunal Constitucional y lo arregló. ¿Discutible? Sin duda, pero ante un problema de armas tomar que ponía en peligro al propio Estado, sus magistrados no dudaron en aplicar una “solución creativa”.

Marta FERREIRA