Lunes, 25 de junio de 2018

Los extremos se tocan

Los acontecimientos políticos de esta semana me han hecho recordar, como nunca, la famosa frase “los extremos se tocan”, tan utilizada a principios del pasado siglo por Lenin y con la que se demuestra que, en política, algunas formaciones, por muy extremistas que sean, de una ideología u otra y más en las antípodas puedan estar, coinciden en alguna agenda o en alguna actividad a realizar.

Comenzó la semana con la divulgación de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona y por financiación ilegal durante 10 años de Convergencia Democrática de Cataluña, condenando a esta formación a pagar más de 6 millones y medio de euros (cantidades cobradas en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obras públicas) y con penas de prisión al ex tesorero de Convergencia y a los responsables del Palau de la Música, por desviar fondos en su beneficio.

Por su parte, también durante esta semana se han celebrado algunas sesiones del juicio de la rama valenciana de la trama Gurtel, cuyas  investigaciones apuntan también a la presunta financiación ilegal del PP, por comisiones ilegales impuestas a empresas y recibidas por el PP a cambio de adjudicación de contratos públicos. Nunca, como en este momento, formaciones políticas de distinto signo (al menos en lo que respecta a la concepción territorial del estado; Convergencia, nacionalista e independentista y el PP defendiendo la unidad de España y, por tanto, contrario a las pretensiones de los separatistas catalanes). Bien es cierto que las dos fuerzas políticas son ideológicamente conservadoras y desde el punto de vista económico se sitúan más al lado de las élites empresariales que de las clases trabajadoras. El ejemplo más revelador de esta afirmación fue el apoyo que desde CIU se dio al gobierno del PP en la aprobación de la reforma laboral (muy regresiva, que permite condiciones laborales indignas y salarios de miseria); cuando no era necesario, puesto que el PP disponía de una amplia mayoría absoluta en las Cortes.

Durante la semana también hemos disfrutado con la parodia del gran comediante Albert Boadella, en la que se hacía pasar por presidente de Tabarnia en el exilio. Este ingenioso artista decía que los independentistas catalanes son usurpadores de sentimientos, de instituciones, de clubs, de banderas, de dinero, creándose un ambiente irrespirable.

No le falta razón a Boadella y su agudeza mental nos hace recordar que el PP ha hecho lo mismo con los símbolos, banderas y sentimientos de todos los españoles, sobre todo durante la legislatura 2011-2015, en que disfrutó de una amplísima mayoría absoluta. Si durante los gobiernos de Zapatero retorcieron hasta el absurdo electoralmente el terrorismo de ETA, sacando a las víctimas a la calle y trasladando a la opinión pública que ellos eran los únicos que querían derrotar a la banda armada o actuando en connivencia con sectores ultra católicos para manifestarse contra la regulación de la despenalización del aborto por el sistema de plazos, aprobada en 2010, en las legislaturas en las que ha gobernado ha intentado utilizar para su servicio todos los recursos del Estado. No sólo ha controlado el Ejecutivo y el Legislativo, sino que también lo ha intentado con el poder judicial y ha manejado a su antojo los medios de comunicación públicos, que parecen más un boletín propagandístico del PP que unos medios de comunicación que difunden información veraz, imparcial e independiente. Además, también ha intentado ocultar los gravísimos casos de corrupción y desprestigiar y perseguir a quienes iniciaron las investigaciones sumariales del caso Gürtel, como el Juez Baltasar Garzón. También, para combatir gravísimos hechos delictivos, en lugar de impulsar políticas de prevención para que estos casos sean cada vez menos y desaparezcan si es posible (como debe ocurrir en una sociedad igualitaria, avanzada, pluralista y democrática), explotan electoralmente el endurecimiento del Código Penal, como si éste fuera la medicina que erradica totalmente la delincuencia, legislando con las vísceras, cuando toda la doctrina penal opina lo contrario, sólo con la finalidad de recaudar algunos puñados más de votos.

También hay que recordarle al señor Boadella que la construcción de los “Teatros del Canal” -dirigidos por él desde 2009 hasta 2016 a propuesta de la entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre-, también está teñida por la sombra de la corrupción, concretamente por el “caso Lezo”. Sería bueno que este gran comediante reflexionara también sobre estos menesteres.

En consecuencia, cierto es, como afirma Boadella, que los independentistas catalanes quieren imponer el pensamiento único con escasa o nula tolerancia hacia quienes no piensan como ellos. Ahora bien, mis preguntas son las siguientes, ¿hubiera crecido tanto el independentismo catalán si el gobierno del Estado hubiera actuado con menos soberbia, respetando los derechos de todos y priorizando la gestión de los intereses generales de los ciudadanos sobre los suyos propios?, ¿si el gobierno de M. Rajoy se hubiera dedicado a resolver los problemas reales de los españoles, a combatir las desigualdades económicas, preocupándose más por la educación, la sanidad, las pensiones y, en definitiva, la justicia social y no tanto por la guerra de banderas, usurpando estandartes y símbolos que son de todos y persiguiendo sin tregua la corrupción en su partido, hubiera aflorado la vergonzosa situación en Cataluña que está perjudicando seriamente a la convivencia pacífica, armónica y democrática de todos los españoles?