La Constitución de la concordia

De los acontecimientos de estos días, me parece que el más importante es, sin duda, el de la celebración del aniversario de la aprobación de la Constitución española. Se han abierto en los días pasados las puertas del Congreso de los Diputados para poder ser visitarlo, recordando así que allí mismo se aprobó nuestra Carta Magna hace ahora 39 años. Y, por supuesto, hay que poner de relieve el acto institucional que se ha celebrado el pasado miércoles, día 6, con la asistencia de diputados, senadores, presidentes de comunidades autónomas (algunos ausentes, por cierto, como ocurre cada año), y otros representantes significativos de nuestra sociedad.

La presidenta del Congreso leyó una solemne declaración reconociendo los valores de nuestra Constitución y los efectos positivos que se han producido en las cuatro décadas pasadas, tanto en el orden social y político, como en el orden económico y en el gozo de una paz y concordia jamás vistas con una tan larga duración en nuestro país.

La Constitución española fue fruto de largas conversaciones y de un esfuerzo de cesiones por parte de los distintos partidos que participaron en la redacción de sus artículos y acuerdos. La ilusión por encontrar un estado de verdadera libertad, después del largo periodo de falta de libertades verdaderas, llevó a todos a hacer los mayores esfuerzos y concesiones hasta lograr el consenso necesario para la promulgación de nuestra Carta Magna.

Muchos países han reconocido, y hasta envidiado, la calidad y perfección de nuestra Ley de Leyes, como modelo difícilmente superable. ¿Que tiene defectos y aspectos mejorables? Por supuesto. Y la mayoría de los españoles que hoy son regidos por esta Carta Magna no participaron en el Referendum con el que se aprobó nuestra Constitución. Por eso algunos partidos, y aun ciudadanos de a pie, desearían una reforma más o menos profunda para adecuarla a las exigencias del tiempo presente.

Lo difícil es determinar en qué aspectos deberá cambiarse, y más difícil todavía ponerse de acuerdo en aquellos aspectos que se querrían cambiar según las preferencias de cada uno. Es claro que, de reformarse algún aspecto de la Constitución, debería buscarse en ello el bien común, o mayoritario al menos, de los ciudadanos que se cobijan bajo su protección en la línea de defender y proteger los derechos de todos.

Ya se ha creado en el Congreso una Comisión que estudie las posibilidades de reforma y vea las posibilidades de llegar a un acuerdo, que sería deseable fuese al menos con un consenso similar al que se logró en la primera redacción y aprobación del año 1978.

Todos están de acuerdo, al menos entre los que admiten la condición de Reino de nuestro Estado, en admitir la reforma necesaria para que pueda estar en la sucesión monárquica una mujer, si llegara el caso.

Sería bueno también reformar y aquilatar el título octavo, el que se refiere a la constitución y las competencias de las autonomías. Pero ahí ya las discordancias son mayores, sobre todo si se pretende admitir la plurinacionalidad de España, que llevaría a convertirla en un estado federal. No está claro que este reconocimiento sea solución para el grave problema planteado por algunos políticos de Cataluña, que incluso han querido ir más allá saltándose la fuerza legal de la misma Constitución y aun de su propio Estatuto, llegando a la proclamación de una república catalana y pretendiendo así una efectiva separación o secesión del resto del estado español.

No será fácil llegar a un acuerdo o consenso entre los representantes del estado español y determinadas fuerzas separatistas de Cataluña y aun del País Vasco. Sería obligado llegar a una posición común con todos, también los de las comunidades con una mayor fuerza y posición identificatoria, para poder después proceder a la redacción, y a la aprobación mediante referéndum, de las posibles alteraciones introducidas en nuestra Carta Magna.

Recientemente ha causado polémica el reconocimiento y la valoración del tradicionalmente llamado cupo vasco, país que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de España sin que sea conocido su alcance, temiéndose que cree desequilibrios entre las distintas autonomías, y que produzca desigualdades entre los ciudadanos de unas u otras realidades regionales. Habría que encontrar el modo de financiación de las autonomías, manteniendo el equilibrio y la justicia equitativa entre todas las personas de cualquier lugar del territorio nacional.

Esperemos negociar y alcanzar los correspondientes acuerdos de modificación de la Carta Magna de aquí al año próximo, de modo que podamos celebrar gozosamente el cumplimiento de los cuarenta años de nuestra Ley de Leyes.