Sábado, 18 de noviembre de 2017

Francia y su política antiterrorista

Francia se ha convertido en estos últimos años en el punto de mira de los terroristas, y así se ha dejado ver en los continuos ataques yihadistas que se han ido produciendo desde el año 2015 hasta la actualidad; entre ellos podemos destacar los ataques a Charlie Hebdo, la toma de rehenes en el supermercado Kosher, los atentados en Bataclan, el Estadio de Francia o el atropello en Niza. Estos ataques han provocado más de 230 fallecimientos, decenas de personas heridas, secuelas, miedos… en definitiva, estos acontecimientos han conllevado una situación de peligro tanto para la nación como para los ciudadanos.

Sabrine Frijy

Activista por los Derechos Humanos

Respecto a esta situación de peligro, Francia ha proclamado el estado de excepción en diciembre de 2015 con el objetivo de preservar el orden público y prevenir nuevos atentados terroristas, y ha sido prorrogado hasta julio de 2017. Este estado de excepción tiene como consecuencia la posibilidad de prohibir la estancia en algunas partes del territorio a toda persona susceptible de crear disturbios de orden público, requisar personas o medios privados, prohibir algunas reuniones públicas o cerrar temporalmente algunos lugares de reunión, autorizar registros administrativos en presencia de un oficial de la policía judicial, y mantener en arresto domiciliario a toda persona cuya actividad resulte peligrosa para la seguridad y el orden público.

          En este contexto, algunas de estas medidas adoptadas por el estado de excepción se están empleando de forma desproporcionada. Por ejemplo, en las restricciones que se están haciendo en la libertad de reunión (se está prohibiendo la práctica de manifestaciones pacíficas y públicas, incluso las que tienen como único fin condenar los ataques terroristas). Sin embargo, hay que subrayar que no es admisible la utilización abusiva del estado de excepción, por tanto, se percibe una vulneración de estos derechos fundamentales.

          Por otro lado, se ha llevado a cabo un acuerdo por la Comisión Europea con los países de la UE en 2015 cuyo objetivo era reubicar aquellos refugiados que piden asilo a estos países debido a que han tenido que abandonar su país (Siria, Libia, etc.) por la situación de guerra que se está produciendo allí, y que han tenido que emigrar a Europa. En este sentido, se había acordado un reparto de 160.000 refugiados entre los distintos Estados miembros de la UE, en el que a Francia le correspondían 24.031 personas. Pero del total de refugiados pactados solo se ha acogido un 7%.

          En relación con lo anterior, Francia tiene la posibilidad de imponer controles en sus fronteras e incluso cerrarlas al declararse en estado de excepción. Como consecuencia de estos atentados, Francia ha decidido restringir la entrada de los refugiados acordados con la Comisión porque supuestamente cree que se infiltran terroristas entre ellos. Sin embargo, restringir la entrada de los refugiados y solicitantes de asilo cerrando las fronteras supone una violación de las obligaciones internacionales de Francia y del resto de Estados miembros de la UE. Además, no se debería de realizar contra estas personas porque solamente piden ayuda para subsistir, ya que huyen de la violencia y la persecución. Una vez más, hay que exigir respeto por los derechos fundamentales y cumplimiento de las leyes internacionales.