Domingo, 17 de diciembre de 2017

Ratonera

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) da como una de las acepciones del término ‘ratonera’ el de “Trampa o engaño urdidos con el fin de coger a alguien”. Y ciertamente, ese término valdría para describir la situación política en que se encuentran tanto Cataluña como España en conjunto, antojándose casi imposible la posibilidad de una solución no traumática para alguna de las dos partes ‘enfrentadas’.

Asimismo, ese término valdría para definir tanto la situación a la que se vieron expuestos muchas personas pro-referéndum en Cataluña, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado residentes o desplazadas a Cataluña.

Y es que, por un lado, el Gobierno de la Generalitat ha decidido llevar hasta sus últimas consecuencias una consulta anulada por el Tribunal Constitucional (TC), a sabiendas de que toda la policía desplazada por el Gobierno hasta Cataluña y las órdenes de intervenir urnas y cerrar colegios electorales no hacían presagiar nada bueno. Pese a ello, decidieron seguir adelante con su plan previsto.

Sin embargo, por su parte, la opción represiva tomada por el gobierno de Rajoy ha sido tan dura como torpe, en cuanto que ha conllevado el uso de la fuerza ante una población desarmada, y esto, además de casi un millar de heridos, ha supuesto el descrédito internacional de España.

Personalmente, creo que lo más fácil, habiendo ya señalado previamente que el referéndum, por ser ilegal, no era un referéndum propiamente dicho, hubiera sido dejar que fuese a votar quien quisiese y no reconocer los resultados del mismo, alegando que no se habían dado en el mismo las garantías necesarias y que era inconstitucional por estar anulado por el TC.

Precisamente por este último punto, y ante la sospecha más que firme de que se han empleado fondos públicos para organizar dicha consulta, el Gobierno podía haber optado (aparte del mencionado no reconocimiento de resultados) por llevar simplemente a los organizadores de la consulta a los tribunales para explicar una posible malversación de fondos públicos o por desacato a las órdenes del Tribunal Constitucional. Con ello, nos hubiésemos evitado tanto los casi novecientos heridos el 1-O como el daño a la imagen del país.

Sin embargo, con la solución tomada, se ha dado una imagen penosa de España, que ha alimentado el discurso independentista de que el referéndum era una elección entre una España aún no salida del franquismo y una Cataluña que quiere cerrar esa etapa definitivamente.

Y ciertamente, ni es una cosa, ni es la otra, pero la principal consecuencia de la gestión de todo este proceso ha sido que muchos catalanes se han tornado hostiles a la Policía Nacional y la Guardia Civil, y tras su actuación en el 1-0 han pasado a abrazar el discurso que considera a estos cuerpos como “fuerzas de ocupación”.

Ratonera es en este sentido como se podría definir a la encrucijada en que ha metido el Gobierno a la Guardia Civil y la Policía Nacional (a los que se podría decir que ha dejado “tirados” tras el 1-O), cuyos efectivos desplazados o residentes en Cataluña, han estado viviendo situaciones de acoso en los hoteles en que se alojaban o en las casas cuartel, y especialmente tras acatar las órdenes gubernamentales el domingo pasado, que han dañado seriamente su imagen en Cataluña, lo que ha derivado en situaciones especialmente tensas desde entonces, especialmente en Calella y Pineda de Mar, aunque también han recibido el respaldo público de una parte de la sociedad catalana que les ha hecho llegar muestras de afecto.

¿Y ahora qué?

Y ahora, la gran pregunta de la cuestión catalana es ¿Cómo salir de este atolladero? Y, la verdad sea dicha, nadie sabe cómo se podría salir de esta ratonera, ni si hay posibilidad de salir de la misma decentemente.

-La vía artículo 155

Por un lado, están quienes aluden a la suspensión de las autoridades catalanas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que derivaría en la convocatoria posterior de nuevas elecciones autonómicas, y podría ser más bien un parche temporal porque ¿Qué pasaría si el independentismo catalán volviese a ganar con mayoría absoluta dichas elecciones? Pues que estaríamos más o menos como ahora, con la diferencia de que, una victoria electoral independentista, podría revestir de un carácter plebiscitario a esos comicios y darle un barniz de legitimidad a una hipotética declaración unilateral de independencia posterior.

En todo caso, cabe aclarar antes que nada una cuestión: ¿Cómo se aplica el artículo 155? A este respecto cabe decir que requiere de la mayoría absoluta del Senado (que posee el PP), aunque previamente el Gobierno debería haberle hecho un requerimiento formal al presidente de la autonomía afectada, en este caso a Carles Puigdemont, exigiendo llevar a cabo una serie de medidas concretas. Una vez confirmado que no se hubiese atendido el requerimiento (hecho que tendría que justificar el Gobierno), se remitiría toda la documentación a la Mesa del Senado que, a su vez, se la haría llegar a la Comisión General de Comunidades Autónomas.

Esta Comisión, fijaría un plazo en el que debería dar explicaciones el presidente catalán (o a quien designase éste como representante de la Generalitat), exponiendo cuanta documentación o razones precisase, y una vez examinado todo ello, la propia Comisión habría de formular una propuesta razonada que determinase si procede o no la solicitud del Gobierno.

Una vez cumplido este trámite, la propuesta ya llegaría al Pleno del Senado, donde debería obtener el respaldo de la mayoría absoluta, lo que daría el visto bueno a las medidas concretas solicitadas por el Gobierno, siendo el permiso otorgado por el Senado estrictamente para adoptar dichas medidas y no otras.

Dentro de los permisos que podría solicitar el Gobierno al Senado en la vía 155, podría estar la de intervenir militarmente en Cataluña, opción que sería especialmente traumática pero que es arengada por los sectores más ultras, y que podría devenir en la instauración temporal de una especie de dictadura dirigida desde el gobierno central en dicho territorio. Este hecho, de agravarse, podría degenerar en un conflicto armado con el surgimiento de focos de resistencia a la ocupación militar, pudiendo dar inicio a una guerra interna en territorio catalán que podría acabar acarreando asimismo la expulsión de España de la Unión Europea.

-La vía referéndum pactado o reforma constitucional

Por otra parte, desde una parte de la oposición (principalmente desde Unidos Podemos) se pide diálogo, tras lo cual se podrían vislumbrar dos propuestas: o bien una reforma profunda de la Constitución, o bien la posibilidad de un referéndum legal pactado, si bien en ambos casos sería indispensable el apoyo del PP, algo que no parece posible, por lo que estas posibilidades parecen más un canto al sol que una opción real.

Respecto a un hipotético referéndum pactado, cabe señalar que, si bien hace unos meses parecía claro que el “no” hubiese podido ganarlo, tras la intervención policial del 1 de octubre la imagen del independentismo ganó algunos enteros entre la sociedad catalana. No obstante, a favor del “no” se situaría ahora el temor a una posible fuga de empresas de Cataluña, una vez que ya se han dado los primeros cambios de domicilio social de entidades como Banco Sabadell o Caixa Bank fuera de Cataluña en los últimos días, con el fin de seguir bajo la legislación de la UE y, con ello, tener asegurados sus fondos.

En todo caso, tanto el referéndum pactado como la reforma constitucional no parecen hallarse encima de la mesa, y estando el Gobierno tajantemente en contra de ambas opciones se podrían dar por descartadas en cuanto a considerarlas “realizables”, especialmente la del referéndum pactado, que suscita el rotundo rechazo de tres de los cuatro principales partidos españoles (PP, PSOE, C’s).

-La vía Estado de excepción

Finalmente, el Gobierno podría decretar el estado de excepción en Cataluña, para lo cual precisaría de la autorización previa del Congreso de los Diputados. En este caso, y tal y como establece el artículo 116.3 de la Constitución, la autorización y proclamación del estado de excepción debería señalar los efectos del mismo y su duración, que no podría ser más de un mes, prorrogable a otro.

En este sentido, el artículo 55.1 de la Constitución recoge que la declaración del estado de excepción supondría que, durante su periodo de vigencia, quedarían en suspenso en Cataluña el derecho a la libertad y seguridad, el de la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, el derecho a la libertad de residencia y circulación, el derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas, el de comunicar o recibir libremente información, los derechos de reunión, manifestación y huelga, o el periodo de detención preventiva (que podría prolongarse más allá de las 72 horas legalmente establecidas). Asimismo, durante el periodo de estado de excepción el Gobierno podría decretar el secuestro de publicaciones, grabaciones y medios de información en el territorio sobre el que se hubiera declarado, que en este caso sería Cataluña.

De este modo, y a modo de conclusión, la cosa no pinta nada bien y, de hecho, la escala de radicalización de posturas que ha desatado todo este proceso, tanto en el nacionalismo catalán como en el nacionalismo español, no hace augurar nada bueno.

Cabe recordar asimismo, y echando una mirada atrás a la historia, que en 1640 ya hubo una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Entonces, la solución tomada por España fue la declaración de guerra a Cataluña, interviniendo Francia en el proceso, y culminando con el Tratado de los Pirineos de 1659, que tras una guerra de más de una década, acabó formalmente con la misma, repartiéndose el territorio catalán entre España y Francia, pues fue entonces cuando el Rosellón, hasta entonces catalán, pasó a formar parte de Francia.

Personalmente, espero que la historia no se repita y los dirigentes políticos tengan la altura de miras suficiente como para saber reconducir la situación hacia un punto en el que no haya ni sangre ni muertes. ¿Merece la pena asesinar por una idea de país? Nos hemos pasado décadas diciendo sobre ello a los etarras que no, esperemos no caer en ese mismo error, por muy duro que sea tener que enfrentarse a un choque de nacionalismos como en el que estamos.