Lunes, 23 de octubre de 2017

Estado de Derecho sí, pero para los demás

Profesor de Derecho Penal de la Usal

La semana que ahora finaliza ha estado cargada de acontecimientos políticos que confirman aquello que algunos maestros, incumplidores de los dictados educativos, éticos y morales que predicaban y siendo sabedores de ello, decían a sus discípulos: “haz lo que te dice el maestro pero no hagas lo que él hace”. Recuerdo personalmente esta afirmación, hecha por mi profesor de autoescuela en las clases prácticas para obtener el permiso de conducir, manejando aquél Seat 133 (que, por cierto, se aparcaba muy bien), por Salamanca. Cuando éramos los alumnos los que conducíamos nos reiteraba, por activa y por pasiva, que nunca metiéramos la cuarta velocidad en ciudad; como máximo hasta la tercera. Un buen día, regresando hacia la autoescuela, después de la práctica, llevó él el vehículo hasta el destino. Conducía de maravilla por la Avenida Portugal y en un momento determinado metió la cuarta llegando el velocímetro a marcar una velocidad de 70 kilómetros/hora. El profesor de la autoescuela notó que me quedé perplejo observándole. En ese momento, me miró y sonriendo me espetó la lapidaria frase.

Y me viene esto a la memoria porque esta semana los miembros del gobierno, que tanto predican que hay que cumplir la ley, que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9 CE), se quedan calladitos cuando se ha publicado un video titulado “las cloacas de interior”, en el que se visualiza el presunto complot entre el Jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso y el entonces ministro del interior, Fernández Díaz, con el fin de perseguir a enemigos políticos. Una operación para la que ponen al servicio particular los resortes del Estado, con dinero público (que podría dedicarse a educación, sanidad o a tapar baches de carreteras), sólo con la finalidad de derribar a políticos incómodos. No les importa, ni a ellos ni a sus aduladores mediáticos, inventarse casos de corrupción con la única finalidad de destruir al contrario. Métodos ilegales utilizados por quienes están cansados de predicar honestidad, limpieza, transparencia y cumplimiento y respeto al Estado de Derecho. Y en las grabaciones del video aparecen nítidamente las voces de Fernández Díaz y Daniel de Alfonso. Si esto se destapa en cualquier país democrático de nuestro entorno, el escándalo hubiera sido mayúsculo y, no sólo los responsables, sino también el presidente del gobierno hubiera tenido que dimitir y responder ante los tribunales por ese intolerable ataque a la dignidad e intimidad de las personas. En España no sólo no ocurre nada, sino que incluso estos personajes (ex ministro del interior) son amparados y homenajeados por el mismísimo presidente del gobierno. Es una pena que los medios de comunicación mayoritarios no hayan querido divulgar el famoso vídeo, cuando en las redes sociales lleva cerca de 750.000  visitas en tan solo 3 días.

Por otro lado, el espectáculo que ha dado Rajoy declarando como testigo por el caso Gürtel en la Audiencia Nacional es tan escandaloso que sienta un precedente muy peligroso en la vida política, por muchos motivos: el primero, porque el comportamiento que ha tenido el magistrado presidente de la sala, Ángel Hurtado, con el testigo y con los abogados de la acusación, no ha sido todo lo independiente que las leyes exigen a los jueces. Ha mantenido un tono árido y no permitió que formularan preguntas incómodas para el presidente del gobierno; el segundo, porque Rajoy “escurrió el bulto” engañando a todos al afirmar categóricamente que en los años que ha formado parte de la ejecutiva del PP, nunca se ha ocupado de la parte económica, sino de la política y, en consecuencia, nada sabía de los fondos del partido ni de su procedencia. Él ha sido coordinador de campañas electorales del PP y estos cargos tienen el deber de  conocer con detalle la procedencia de los fondos destinados a los gastos electorales. Creo que el comportamiento del presidente ha constituido un fraude a los ciudadanos, tomándonos por imbéciles, con la complicidad del tribunal.

Pues bien, estas cuestiones, que parecen tan evidentes, no se han discutido en un debate de la televisión pública emitido el mismo día 26, en que compareció Rajoy. Curiosamente, ninguno de los 6 periodistas que intervinieron en el debate hizo una crítica feroz ni al comportamiento soberbio y displicente de Rajoy ni a la imposibilidad de que los abogados hicieran algunas preguntas incómodas para Rajoy que hubieran sido relevantes en la investigación de la trama Gürtel y de la presunta financiación ilegal del PP.

Lejos de eso, algunos de los contertulios, aduladores mediáticos del Ejecutivo, manifestaron que lo que tienen que ver los ciudadanos no es la corrupción del PP (que es historia), sino los “considerables avances” que se están dando en la economía española y que esos avances se están consiguiendo gracias a las políticas económicas del gobierno. A estos señores hay que decirles que “no es oro todo lo que reluce”, que la disminución del paro se está haciendo con empleos precarios y sueldos miserables, que sigue aumentando la pobreza y la desigualdad en España y que se incrementará aún más si continúan las políticas de ultraliberalismo económico (donde los grandes empresarios aumentan desproporcionadamente sus beneficios y los trabajadores son cada vez más pobres) y que los derechos sociales se verán drásticamente reducidos e incluso algunos desaparecerán

Como ejemplo, hay que resaltar que en el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia (del primer semestre de 2017), elaborado por directores y gerentes de servicios sociales, se pone de manifiesto que más de 100 dependientes mueren cada día sin haber recibido asistencia, que al ritmo actual se tardarán más de 37 años en lograr la plena asistencia y que actualmente hay 320.000 dependientes en lista de espera, de los cuales 120.000 son considerados “grandes dependientes o severos”. Además los directores y gerentes de servicios sociales culpan de la situación a la falta de financiación estatal.