Cerca de 60 condenados, tras 36 sentencias por casos de corrupción política y administrativa

Los jueces españoles han cerrado en el primer trimestre de este año un total de 27 procedimientos por corrupción política y administrativa, en los que se dictó auto de juicio oral o se procesó a 97 personas, según los datos recogidos en el denominado 'repositorio' de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hechos públicos esta mañana. Buena parte de los 27 procedimientos seguidos en España durante este periodo fueron por prevaricación, malversación y cohecho contra cargos públicos.

El repositorio del CGPJ, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y se refiere a procedimientos judiciales protagonizados por funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y los casos suelen afectar a dinero público. La mayoría de las personas acusadas en el primer trimestre del año lo han sido por juzgados de Andalucía, Cataluña y Canarias.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, los juzgados y tribunales dictaron 36 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8% del total. Fueron condenadas 58 personas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación urbanística ?es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y prevaricación administrativa.

Según los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa, a 1 de abril de este año había en España 83 penados ?en 46 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 24 con el de cohecho- y catorce preventivos.