Miércoles, 22 de noviembre de 2017

Amnistías ilegales para legalizar el fraude

Esta semana, el tema político por excelencia en España ha sido, sin lugar a dudas, el veredicto que ha emitido el Tribunal Constitucional (TC) señalando que la amnistía fiscal que el Gobierno de Rajoy hizo en 2012 era ilegal.

No obstante, esto no quiere decir que aquellos defraudadores que intentaron regularizar su situación con Hacienda de este modo, tengan ahora que pagar todo lo que por ley les correspondería.

Y es que, dado la tardanza con que el Tribunal Constitucional ha hecho su veredicto, para el que se ha demorado 5 años (a pesar de haber manifestado en la sentencia que es “evidente” su ilegalidad), la declaración como inconstitucional de la amnistía de Montoro no tendrá efectos prácticos, pues ese es precisamente el plazo para que prescriban los delitos fiscales, con lo que la sentencia no afectará a las “regularizaciones” hechas.

Por otro lado, si Hacienda en principio exigía un 10% de lo defraudado al Estado para la regularización de impuestos, posteriormente acotó los requisitos a solo los últimos cuatro años, y finalmente los defraudadores acabaron pagando por este motivo en torno a un 3% de lo que legalmente debían haber pagado (bastante lejos de lo que han dado a Hacienda quienes pagan religiosamente sus impuestos).

Quizá este hecho haya sido el que haya llevado al Tribunal Constitucional a manifestar que “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

En todo caso, y yendo a los números de la amnistía fiscal, si el PP presentó la medida como una forma de que aflorase una ingente cantidad de dinero para las arcas públicas, lo cierto es que finalmente no se recaudó por esta vía ni tan siquiera la mitad de lo que se estimaba (entre otras cosas por la suavización de las condiciones iniciales hecha desde el Gobierno, que supuso pasar del 10% al 3% en lo que se tenía que pagar a Hacienda respecto al total defraudado).

Así, la recaudación final de la amnistía fiscal de 2012 fue de 1.200 millones de euros, o lo que es lo mismo, y de manera comparativa, el dinero que se da por perdido de las ayudas del Estado a los bancos (60.000 millones de euros) sería el equivalente a 50 veces lo recaudado en la amnistía fiscal.

Y es que, tristemente, si hay algo que puede sacarse en claro de todo este asunto, es que en España defraudar a Hacienda (dependiendo de quién seas y cuánto tengas) sale bastante rentable, pues cada equis años se da una amnistía fiscal, ya que anteriormente Boyer y Solchaga hicieron otras en 1984 y 1991, cuando gobernaba el PSOE de Felipe González.

En definitiva, que parece que a nuestros gobernantes les resulta mucho más fácil amnistiar a los que cometen delitos fiscales contra la Hacienda pública, que perseguir el fraude fiscal como les obliga la ley. Y, claro está, si con estas amnistías fiscales se pueden beneficiar ciertos amiguetes, como Rato, Bárcenas, Granados, López Viejo, o el clan Pujol, pues mejor que mejor, al fin y al cabo quien paga la ‘barra libre’ es el pueblo español que no defrauda al fisco.