Martes, 26 de septiembre de 2017

Estado de “no-derecho”

Amnistía Internacional público el pasado 17 de enero un informe exhaustivo sobre las lapidarias leyes, decretos y medidas antiterrorista que se llevan a cabo por parte de miembros de la Unión Europea, cuyo objetivo es proteger nuestras libertades mientras nos privan mas de ellas.

Autor: Rubén Cuéllar Rivero, activista por los Derechos Humanos

“El informe, basado en más de dos años de investigación en 14 Estados miembros de la UE y en el análisis de iniciativas tanto internacionales como europeas, revela hasta qué punto las nuevas leyes y políticas concebidas para abordar la amenaza del terrorismo han pasado como una apisonadora sobre las salvaguardias de los derechos.” expone el comunicado de prensa sobre el informe de Amnistía Internacional.

Según el informe, los Estados, ante la amenaza real del terrorismo, han puesto en marcha medidas que socavan la libertad de expresión, de circulación o que producen discriminación contra las minorías étnicas o sectores de la población. Los refugiados y refugiadas que provienen mayoritariamente de la guerra de Siria, sufren cada vez más ataques basados en el odio, el racismo y la xenofobia. También, como si de una predicción de George Orwell se tratara, algunos estados están poniendo en marcha programas de vigilancia masiva, que conllevan entre otras medidas la intercepción de las comunicaciones. Además, la política antiterrorista esta cada vez mas enfocada a la prevención, lo que ha llevado a que en estos países se ponga en el punto de mira a opiniones, sátiras y demás “chascarrillos”, lo que constituye un “delito de opinión”.

De forma general, el estudio alerta sobre dos elementos: por un lado, la normalización de un estado de excepción constante, por otro lado, un efecto disuasorio, basado en el miedo, derivado de la inseguridad jurídica que producen algunas leyes (paradójico, ¿Verdad?) debido a la ambigüedad en cuanto a la determinación de que constituyen delitos de enaltecimiento de terrorismo.

Centrándonos en España, las últimas semanas son muy frecuentes las noticias sobre como el Gobierno quiere regular la libertad de expresión en las redes sociales o los juicios llevados a cabo contra Cesar Strawberry, miembro del grupo de música Def Con Dos, la tuitera Cassandra o los titiriteros “alkaetarras” (esto el año pasado).

En cuanto al caso de los titiriteros, que protagonizaban un obra satírica en la que uno de los títeres sostenía un cartel en el que se leía “Gora Alka-eta”. Recientemente ha sido archivada la causa por el juez, dado que no “”aparece debidamente justificada la perpetración del delito” tipificado en el artículo 510 del Código Penal.”. En su momento, produjo una gran polémica que la derecha española no dudo en utilizar de nuevo como arma arrojadiza y que llevo a los titiriteros a pasar 5 días en prisión sin fianza. El archivo de la causa ha demostrado que este proceso ha sido una “chapuza” de la justicia española.

La actualidad se centra ahora en las redes sociales, y en concreto en los cincos tuits de Cesar Strawberry que lo han llevado ante la justicia, pasando primero por la Audiencia Nacional, y después por el Tribunal Supremo. De este último salió con una condena de 1 año de cárcel por enaltecimiento de terrorismo, que no cumplirá al carecer de antecedentes penales. "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco" o "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina" fueron dos de esos tuits. Añadir, que el propio Madia expresó su solidaridad con el cantante y su injusta condena.

Por último el caso de Cassandra, a lo que la Fiscalía ha pedido 2 años y medio de cárcel, y 3 años de libertad vigilada, por hacer chistes de Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura franquista. La nieta del ex-presidente se ha pronunciado sobre el caso, lo que considera “un disparate” pedir cárcel por tuits satíricos sobre su abuelo. "Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de prisión” añadió.