Derechos Humanos en España: pasan los años y se enquistan los problemas

Autor: Guillermo Castán Lanaspa, activista por los Derechos Humanos

Persistió el uso del delito de "enaltecimiento del terrorismo" para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y expulsión colectiva por parte de agentes de policía contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos. En algunos casos no se investigaron eficazmente las denuncias de tortura y otros malos tratos. Las autoridades sólo aceptaron reasentar y reubicar a unos pocos cientos de personas refugiadas, una cantidad muy inferior a la declarada en los compromisos contraídos. Las autoridades continuaron negándose a cooperar con la justicia argentina en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Este es el resumen de la situación que puede leerse en las primeras líneas del informe dedicadas a España. Viejos problemas, como se ve, que a pesar de haber sido señalados en numerosas ocasiones por los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos, el gobierno español no ha querido abordar. Viejos problemas denunciados en numerosas ocasiones por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y otras, y siete sentencias del Tribunal de Estrasburgo contra España, que no han hecho saltar las alarmas de un gobierno que prefiere mirar para otro lado.

Y es que, en efecto, en 2016 se ha utilizado el delito de "enaltecimiento del terrorismo" para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión. La amplia y vaga definición sobre terrorismo recogida en el Código Penal ha dado pie a casos muy conocidos como el de los titiriteros de la compañía "Títeres de abajo", (su causa se archivó en enero de 2017), o el de la persona que está siendo juzgada en estos días de finales de marzo por insertar en redes un chiste sobre Carrero Blanco, destacadísimo personaje de la dictadura.

De las 28 personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por sus mensajes aparecidos en las redes sociales, 25, han tenido sentencias condenatorias. Entre ellas, el cantante de Def con Dos, César Strawerry.

El Grupo Local de AI de Salamanca el día 4 de marzo, en la Plaza Mayor, en un acto de la campaña #Yo Acojo.

La impunidad ante el uso desproporcionado de la fuerza, o ante las denuncias de torturas y otros malos tratos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad son una tendencia consolidada en España, pues estos hechos, en general, no se investigan con eficacia y exhaustividad, como ha puesto reiteradamente de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por otro lado, España ha combinado una retórica positiva de acogida a personas que huyen de conflictos o graves violaciones de derechos humanos con una inacción preocupante a la hora de acogerlas de manera digna y de respetar sus derechos. España apenas ha cumplido con su compromiso con la Unión Europea de acoger a más de 17.000 personas solicitantes de asilo que huyen de la guerra Siria. Hasta el momento se ha acogido a poco más de 1100, sólo un 4% de su compromiso de reubicación y reasentamiento. Las fronteras de Ceuta y Melilla están prácticamente selladas para personas migrantes y solicitantes de asilo que no sean de nacionalidad siria. Durante 2016 y principios de 2017 se ha vuelto a producir uso excesivo de la fuerza en el transcurso de expulsiones colectivas de personas que intentaban entrar irregularmente en Ceuta y Melilla desde Marruecos, las últimas a principios de 2017. No se ha tenido en cuenta si estas personas podrían ser solicitantes de asilo o podrían estar en situación vulnerable.

En otro orden de cosas, la impunidad tiende a consolidarse en los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. España sigue sin investigar y pone obstáculos a las investigaciones abiertas fuera del país. Esto deja a las víctimas y sus familiares sin sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Y en cuanto al derecho a la vivienda, el informe señala que hasta septiembre de 2016 había habido 19.714 desalojos por ejecución de hipoteca, y 25.688 por impago de alquiler. Sin embargo, no hubo datos oficiales que reflejaran el número de personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias en España, ni datos desglosados por sexo o edad, lo que impidió adoptar medidas para proteger a las personas más vulnerables. Las personas que se enfrentaban a demandas de desalojo seguían sin disponer de recursos jurídicos adecuados para hacer valer ante los tribunales la protección de su derecho a la vivienda.

Otros problemas que aborda el Informe, que puede consultarse en la página web de AI, se refieren a la violencia contra las mujeres o a la retirada de la tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas en situación administrativa irregular. Y desde luego, puede razonablemente llegarse a la conclusión de que 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en España. Esto obliga a la ciudadanía a tomar posturas activas en la defensa del gran patrimonio cívico, ético y político que son los derechos humanos, y a recordar al gobierno que sin una rectificación en positivo en estos aspectos, la democracia se debilita y los ciudadanos quedan al albur de un sistema de poder cada vez menos respetuoso con nuestros derechos.