El Ministerio de Energía suspendió la autorización de la mina de uranio en enero

La respuesta del Gobierno sobre la mina de uranio que Berkeley pretende construir en Retortillo -a una pregunta parlamentaria del diputado Juantxo López de Uralde-, asegura que el Ministerio de Energía emitió una orden suspendiendo la autorización de la construcción de la planta. "Orden que no se ha llevado a cabo, pues la empresa ha continuado con los trabajos, de manera ilegal".

En su respuesta, el Gobierno señala que "Mediante Orden de 18 de enero de 2017, el citado Ministerio ha dispuesto la suspensión del procedimiento de autorización de construcción de la planta, con carácter indefinido, hasta la emisión del informe del CSN", sin embargo y a pesar de la orden de suspensión la empresa ha continuado con sus planes, incluyendo la tala de cientos de encinas centenarias en el lugar de su construcción.

Recordamos, indica Equo, que la Junta de Castilla y León ha autorizado la tala de estos ejemplares en unas parcelas que tienen la consideración de espacio protegido de interés comunitario. La Comisión Europea está también investigando si para la mina de uranio se han aplicado correctamente en este caso el Derecho de la UE y, en particular, la evaluación de impacto ambiental y la Directiva Hábitats".

Para López de Uralde, "la respuesta del Ministerio de Industria debe tener como consecuencia la paralización inmediata de todos los trabajos que está realizando Berkeley en la zona de Retortillo. Esta información demuestra hasta qué punto Berkeley ha estado acelerando los trabajos actuando en una política de hechos consumados. Además lo ha hecho cometiendo un grave crimen ecológico arrancando miles de encinas".

En su respuesta también se alude a que el Ministerio de Energía, solicitó al CSN un informe y que el organismo respondió el 18 de noviembre de 2016 poniendo de manifiesto que "dada la complejidad de la documentación aportada como soporte de la solicitud y considerando la experiencia y los procedimientos internos de ese Organismo, el plazo necesario para la emisión del informe preceptivo previo a la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no superará los dos años". Por último, el Gobierno en su escrito afirma no tener conocimiento de la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional, sin embargo el abogado del estado en representación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en aquel momento) presentó alegaciones a dicha demanda.

En septiembre de 2016 el gobierno portugués informó en el parlamento luso que la Administración española les había comunicado que no se habían tenido en cuenta los efectos transfronterizos para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, pero que para la planta de concentrados de uranio si se podría consultar al país vecino para conocer las repercusiones que va a tener esa instalación territorio portugués. "Desconocemos si ya se ha realizado ese trámite o se va a esperar al dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear para realizar esa consulta".

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