Martes, 26 de septiembre de 2017

Autonomía del Ministerio Fiscal

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El Ministerio Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la CE, debe “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”. Además, ejerce sus funciones “conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”. Esta autonomía del M. Fiscal es, junto a la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, que debe garantizar el cumplimiento de los valores superiores del ordenamiento jurídico español; a saber, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No obstante, en la propia Carta Magna se pone en peligro la garantía de esa autonomía del M. Fiscal, cuando en el último apartado del referido artículo se establece que el Fiscal General del Estado será nombrado a propuesta del Gobierno.  Este es el comienzo y la legitimación de la politización de la actuación del Fiscal General del Estado y, por consiguiente, como subordinados de éste, de los fiscales adscritos a los tribunales de justicia.

Esto no sería un problema si los gobiernos de turno respetaran los principios constitucionales, las reglas del juego democrático y actuaran siempre en defensa del interés general persiguiendo sin tregua a quienes vulneren el ordenamiento jurídico. Pero la realidad nos demuestra que no siempre es así, sobre todo con los actos de corrupción política y económica realizados por nuestros gobernantes y los partidos políticos que los sustentan.

Resulta miserable y vergonzoso que se puedan dar instrucciones políticas al Fiscal General del Estado para que proceda a remover a los fiscales que están actuando contra la corrupción política de miembros del partido que sustenta al gobierno de la nación. Como ejemplo de que no parece haber interés político en perseguir la corrupción, tenemos actuaciones muy emblemáticas que así lo demuestran. Es lamentable que los primeros condenados por los casos de corrupción política del PP, Gürtel y de la corrupción económica de “las tarjetas Black”, en el que también estaba imputado un miembro del PP, Rodrigo Rato, lo fueran los jueces que estaban instruyendo los hechos (Baltasar Garzón y Elpidio Silva).

Los últimos cambios en las jefaturas de las fiscalías de los tribunales de justicia, están impregnados de un oscurantismo sospechoso, sobre todo en el caso del fiscal saliente de Murcia, López Bernal, que ha denunciado intimidaciones por luchar contra la corrupción en una Comunidad donde han aflorado múltiples casos, como el “Auditorio” y por el que este fiscal pidió la imputación del presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez.  El fiscal relevado ha denunciado amenazas a los fiscales que investigan la corrupción.  Y pone como ejemplo que al fiscal anticorrupción de Murcia le han entrado a robar 2 veces en su domicilio para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción. En el robo sustrajeron su ordenador personal pero, en cambio, no se llevaron nada de dinero que aparentemente estaba visible. También le entraron a robar en su domicilio a un subinspector de hacienda de Murcia.

Considero, por ello, acertado que la Unión Progresista de Fiscales haya declarado que los cambios de los responsables de las fiscalías obedecen a “intereses políticos” y resulta comprensible que los partidos de la oposición hayan solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados de los ministros de Justicia, de Interior y del Fiscal General del Estado.

Lo que no me parece tan acertada es la actuación política de Ciudadanos, puesto que su líder, Albert Rivera, firmó con el PP el pasado mes de agosto, una serie de condiciones para apoyar la investidura de Rajoy, entre las que aparecía que ambos partidos se comprometían a expulsar a todo cargo público imputado por delitos de corrupción. Parece que Rivera se ha ablandado y, aunque en noviembre amenazó con retirar su apoyo al Gobierno si el PP no cumplía con esa condición, actualmente sigue apoyándolo. ¿Qué le han hecho los del PP a este chico, líder de Ciudadanos y aparentemente incorruptible, para que ya no piense lo mismo que hace unos meses?

El señor Rivera tiene que saber que si su partido ha venido cosechando éxitos electorales recientemente ha sido, precisamente, porque en su ideario político siempre ha insistido que hay que terminar con la corrupción, que los corruptos deben ser expulsados de la vida pública y de la representación política y que no se puede ser condescendiente con ellos. Si cambia de criterio, los votos que ha conseguido arañar de los electores moderados del PP, volverán a este partido, probablemente.

Quizá sea lo que le interese al PP en este momento y por eso no está preocupado por mover ficha y obligar al presidente de Murcia a que dimita y sí en convencer a Rivera que deben esperar para expulsar a los imputados hasta que se proceda a la apertura de juicio oral, en aras a la presunción de inocencia, a la que acuden siempre que los presuntos responsables son ellos, pero no cuando lo son sus adversarios. El PP sabe -porque la experiencia se lo ha demostrado en los últimos años- que a otros partidos sus electores no les perdonan igual que a ellos los suyos, que los defrauden incumpliendo las promesas electorales. Y, por ello, actúan en consecuencia con total impunidad.