Domingo, 17 de diciembre de 2017

Redes sociales y odio

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Como sabemos, uno de los episodios más trágicos de nuestra historia lo fue la Guerra Civil (1936-1939), provocada por un golpe de estado frustrado dirigido por los generales Mola, Sanjurjo y Franco, y cuyas funestas consecuencias se tradujeron en cientos de miles de muertos y desaparecidos y, en la posguerra, en ejecuciones masivas de presos republicanos, en la separación de los hijos de sus madres presas y en centenares de miles de personas que tuvieron que exiliarse, amén de que una parte de ellos fueron destinados a los campos de exterminio nazi.

Estos son, en resumen, los hechos objetivos que dieron lugar a la contienda fratricida más vergonzante del siglo XX. Y por más algaradas callejeras que hubiera durante la República (que las hubo y que también son condenables), no puede esgrimirse (ochenta años después) como afirman algunos revisionistas de la historia (que ni son historiadores, ni políticos, ni periodistas) que el golpe de estado fue justificado. De la misma manera que tampoco hay causa de justificación en un crimen de género, por muchos celos que se acumulen que provoquen arrebato u obcecación en la conducta homicida.

Aunque han pasado ya muchos años desde el final de la Guerra Civil, la sociedad española sigue aun superando aquél trauma y, por desgracia, tienen que pasar muchos más para que en las cenizas de aquél terrible episodio no queden rescoldos que puedan encender de nuevo la llama de la discordia. Siempre hay personajes y grupos interesados en generar enfrentamientos, porque es su modus vivendi. Algunos confunden la libertad de expresión con un discurso de odio visceral y disfrutan atacando el honor y la dignidad del prójimo.

Me genera una profunda tristeza que de la boca de un ser humano puedan brotar palabras tan hirientes como las pronunciadas por un maestro que manifestó su alegría por el fallecimiento  del infortunado torero Víctor Barrio, que murió empitonado por un toro en el corazón, en términos tan viles y atroces como “me alegro mucho de su muerte”, “bailaremos sobre tu tumba y nos mearemos en las coronas de flores que te pongan, cabrón”. ¿Cuánto odio escupen estas palabras? Por otro lado, tampoco son menos repugnantes las expresiones proferidas por el sacerdote de Villamuñio, en León, cuando dijo que “la vida de cualquier torero español vale más que la de todos los rojos”, porque, según él, “esta es la verdadera cara de los rojos españoles”. Pensaba que los curas no podían acumular tanto odio.

Por otro lado, también resulta bochornoso que se utilicen las redes sociales como medio para descargar la ira de unas personas contra otras, abusando de la impunidad del anonimato. No hay más que entrar en plataformas como Facebook o Twiter para comprobar que existe mucho odio en la sociedad, lo que perturba y degrada los jirones de la convivencia pacífica, absolutamente necesaria en toda sociedad tolerante, pluralista y democrática.

Aunque no soy partidario de que se incriminen conductas que puedan quedar incardinadas en la libertad de expresión como derecho fundamental recogido en las Constituciones Políticas de los países democráticos, comparto la tesis del Tribunal Supremo (en Sentencia de 23-06-16) en la que considera que algunas expresiones se enmarcan dentro del “discurso del odio” y no están protegidas por la libertad ideológica o de expresión. Ahora bien, este discurso del odio, esta conducta humillante y vejatoria, lo que lesiona o pone en peligro es el bien jurídico honor y dignidad de las personas, por lo que no parece procedente que exista una regulación como tal de “delito de odio”, dado que podrían tipificarse conductas carentes de certeza y taxatividad, es decir, cualquier expresión que denote repudio a alguien podría ser delictiva: “Odio a ese porque me ha traicionado, porque es un egoísta y lo único que le interesa es trepar aunque sea pisando el cuello a los demás”, “cada vez que lo veo me entras ganas de vomitar porque es un indeseable”, “ojalá suspenda todas las asignaturas porque me ha puesto los cuernos”, etcétera y otras amparadas por la libertad de expresión, podrían constituir delito de odio; algo incompatible con los principios y valores de un Derecho Penal de un Estado Social y Democrático de Derecho. Incluso estaríamos violando el principio básico del Derecho Penal Liberal de que “el pensamiento no delinque”. Pueden ser conductas (y de hecho lo son) ética y socialmente reprochables pero en ningún caso penalmente relevantes.