Jueves, 14 de diciembre de 2017

Las pensiones en el aire

Esta semana se ha hecho público por el Gobierno el ‘hachazo’ que ha recibido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en lo que va de año, y que se concreta en que, desde 2011, año en que tuvo su nivel máximo (con unas reservas de 66.815 millones de euros), se ha reducido en un 62%, de manera que de dicho fondo apenas quedan 25.176 millones de euros.

 

De esta manera, el futuro de las pensiones públicas parece cada vez más comprometido, en tanto que, si el Gobierno sigue con el nivel de gasto de dicho fondo y sigue empleando las reservas del mismo para pagar otras partidas, éste se acabará en dos años y medio.

 

Y es que, el 1 de julio, el Gobierno hizo público un nuevo mordisco a este fondo. Se trata de los 8.700 millones de euros que ha sacado del mismo para pagar las pagas extraordinarias. Este hecho hace inevitable preguntarse: Si la decisión fue tomada con anterioridad ¿Por qué no se ha hecho pública hasta después de las elecciones? Todo apunta a pura estrategia para evitar una probable fuga de votos.

 

En todo caso, el futuro de las pensiones y el debate sobre el saqueo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el último lustro hubiese sido un tema que debería haberse debatido en la campaña electoral, aunque parece que era más prioritario hablar de Venezuela o de Grecia, que como temas de política internacional podrían tratarse, pero nunca solapar o protagonizar el debate de unas elecciones que se suponen nacionales.

 

La problemática a que se enfrentan las pensiones es notoria a día de hoy. En los últimos cinco años se han despedido más de un millón de trabajadores fijos, con unas tasas medias de cotización superiores a la general, y en su lugar ese espacio del mercado laboral está siendo reemplazado por contratos precarios, temporales (que suponen más del 90% de los contratos realizados en dicho periodo), o siendo sustituidos frecuentemente contratos a jornada completa por contratos a tiempo parcial, con unas tasas de cotización a la Seguridad Social menores.

 

Por otro lado, dicha precarización del mercado laboral está siendo incentivada desde el Gobierno, que ha impulsado subvenciones para realizar contratos de baja cotización, como el contrato en prácticas alargado a dos años de duración. Asimismo, se han tomado medidas que atacan directamente al poder adquisitivo de los pensionistas, como la eliminación del crecimiento de las pensiones al compás de los precios, creciendo a partir de la última reforma por debajo del IPC y, por tanto, perdiendo los jubilados poder adquisitivo cada año.

 

A todo ello habría que añadir el incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años, que no afecta a los ya jubilados, pero sí a los que pretendan hacerlo en el futuro, suponiendo que todos aquellos que se jubilen dentro de once años o después lo harán con 67 años, haciéndolo anteriormente de manera progresiva entre 65 y 67 hasta 2027. Esta reforma afecta, por tanto, sobre todo a las generaciones que poseen menos de 55 años actualmente, que se tendrán que jubilar sí o sí a los 67 años.

 

Por otro lado, y afectando también al futuro de las pensiones, habría que señalar el aumento que ha habido del fraude a la Seguridad Social que, por otra parte, cabe señalar que se debe principalmente al fraude realizado por grandes fortunas, que suponen el 75% del total. Las medidas para perseguirlo han sido muy deficientes, pues no se han contratado los inspectores de hacienda necesarios para combatirlo. Al contrario, se ha estancado su número y, para rematar, se ha hecho una amnistía fiscal que ha permitido a los grandes defraudadores regularizar su situación en España, sin recibir una multa importante por haber engañado al Estado en estos años, lo que supone poco menos que un insulto para todos aquellos españoles que han pagado regularmente sus impuestos.

 

En todo caso, vistos los condicionantes expuestos, hay una pregunta que es inevitable plantearse: ¿Habrá pensiones públicas en el futuro? Ciertamente, parece que el futuro de las pensiones está comprometido no solo por el gasto que estas suponen para una economía como la española, completamente estancada, sino también porque desde las instancias estatales parece que quieran llevar la situación a un punto en que las pensiones deban hacerse por cotizaciones a fondos privados sí o sí.

 

De este modo, la sensación es que se está buscando deliberadamente deteriorar el sistema de pensiones público para privatizarlo, de lo que resultarán más perjudicados los menos pudientes de esta sociedad, pues a fondos privados de pensiones muchos ciudadanos no podrán acceder. Por otro lado, los más beneficiados por dicha situación serán los bancos que los ofrecen, que ingresarán un dinero extra de los trabajadores durante su vida laboral, dinero que dejará de ingresar el Estado, que resultará parte damnificada de la privatización, como lo fue en su día con las privatizaciones de Telefónica, Campsa, Endesa, etc., cuyos ingresos dejaron de revertir al erario público.