Sábado, 16 de diciembre de 2017

El gobierno de Rajoy, el empleo público y las alternativas

Profesor de Derecho Penal de la Usal
La Administración ha perdido casi 170.000 empleados desde 2012

Las campañas electorales son el mejor termómetro para medir la hipocresía de los dirigentes políticos a la hora de emitir sus mensajes. En el PP se han puesto de acuerdo en transmitir a la opinión pública que la mejor política social es la creación de puestos de trabajo y que durante el gobierno de Rajoy se han mejorado los datos del empleo. No les falta razón y es cierto que el porcentaje de desempleo es menor que hace 4 años. Pero tampoco es menos cierto, como ya he manifestado en infinidad de ocasiones, que la población activa que vive en España actualmente es inferior a la que había hace cuatro años.

Muchos jóvenes titulados, no sólo con licenciaturas y grados universitarios, sino también con doctorados, master y dominio de varios idiomas, cansados de que los empresarios les tomen el pelo con empleos basura, producto de la crisis económica y la reforma laboral de Rajoy, han decidido emigrar a países como Alemania, donde se tienen en cuenta las aptitudes y actitudes de los jóvenes más preparados de Europa. Este es uno de los motivos por los que España tiene menos habitantes que hace 4 años.

Por su parte, el empleo público es uno de los sectores laborales más castigados por el gobierno de Rajoy, ya que la administración ha perdido casi 170.000 empleados desde 2012. Según el Boletín Estadístico de Personal, el descenso de empleados ha sido del 6,20 %. En 2012 había 2.685.837 empleados públicos, mientras que actualmente hay poco más de dos millones y medio. Rajoy tiene el triste balance de ser el único presidente de gobierno de la democracia en cuyo mandato ha descendido, y drásticamente, el número de funcionarios públicos.

No es de extrañar, dado que en el gobierno de Rajoy hay voces, incluso, que quieren privatizar los servicios públicos para que sean gestionados por empresas privadas. Seria un gravísimo error, porque la empresa privada se mueve por criterios de beneficios económicos, lo que deterioraría gravemente la calidad de los servicios públicos. Además, si se privatizaran estos servicios, las empresas que los gestionaran, no tendrían en cuenta los criterios de selección de los funcionarios públicos en el acceso a la función pública, que como nos prescribe el artículo 103.3 de la CE, se debe realizar de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Este es otro dato por el que no es entendible que, a pesar de los graves recortes sufridos por los españoles en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, apoyos a la investigación y el desarrollo y ayudas a las víctimas de violencia de género (entre otros), la deuda pública se haya disparado hasta la escandalosa cifra del 100,5 % del PIB en el primer trimestre de 2016. Según datos del Banco de España, esta cifra bate todos los récords históricos y se ha incrementado en casi 23.000 millones de euros con respecto al último trimestre de 2015 y en 43.350 millones en relación al primer trimestre de ese mismo año.

Las consecuencias de esta desastrosa política económica son realmente graves. Según el informe de Eurostat, el porcentaje de personas en España con riesgo de pobreza o exclusión social es el 29,2 %. Es decir, unas 13 millones de personas y somos el segundo país de la Eurozona (después de Grecia) donde más ha subido la pobreza. En cambio, Rajoy engañó a todos los españoles, en el debate televisado junto al resto de candidatos de los principales partidos políticos, diciendo que el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza era del 7,4 %. Una mentira escandalosa y mezquina.

A pesar de esto, el candidato Rajoy promete que en los próximos cuatro años, si gobierna el PP después de las elecciones del 26 de junio, no va a subir los impuestos y que tampoco acometerá más recortes sociales. ¿Alguien con dos dedos de frente puede creerse semejante afirmación?, ¿de dónde van a salir los ingresos para financiar los servicios públicos de los ciudadanos?, ¿de la fiscalidad de los empleos precarios que se están creando, por muchos que fueren?, ¿de dónde van a salir los ingresos para pagar las pensiones en un futuro cada vez más cercano?, ¿volveremos otra vez a un férreo Estado Liberal de Derecho que no intervenga en la corrección de los desequilibrios económicos y sociales olvidándose, por consiguiente, de los problemas de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables?

Por otra parte, haciendo una reflexión más profunda del proceso electoral que estamos viviendo, se puede concluir que algo estarán haciendo mal el resto de los partidos políticos en liza para el examen del día 26, porque, si ante este negro panorama (al que hay que unirle los escándalos de corrupción), el PP sigue liderando las encuestas de intención de voto, es porque tampoco ofrecen alternativas creíbles y confianza a los ciudadanos.