El discurso del odio

El discurso del odio se ha convertido, por desgracia, en una de las armas políticas más utilizadas en nuestro país para intentar anular al adversario. Eso, unido a la mentira y a la manipulación, convierte el ruedo político ibérico en un juego de trileros, cuyo objetivo fundamental es la consecución o el mantenimiento del poder a cualquier precio.

Ejemplos los tenemos a diario. Recientemente, desde el Estado se ha intentado cercenar un derecho fundamental (como es el de la libertad de expresión) por parte de la Delegada del Gobierno de Madrid, al prohibir que se portaran banderas independentistas catalanas (esteladas) en la pasada final de la Copa del Rey de fútbol. El Poder Judicial corrigió esa decisión administrativa que priorizaba una supuesta garantía de la seguridad y el orden público (siempre por si acaso) sobre la libertad de expresión, reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 20 de nuestra Carta Magna (entre otras disposiciones normativas).

Cierto es que detrás de estas enseñas separatistas hay mucho fanatismo y odio en algunos de los que las portan, pero también es verdad que otros muchos (yo diría que la mayoría), la llevan no para provocar, sino porque forma parte de sus sentimientos y pasiones, como algunos portan la bandera del Betis, la del Arco Iris o la del Vaticano. Y, en cualquier caso, el odio del fanatismo no debe combatirse con odio institucionalizado, porque, un Estado de Derecho serio, avanzado y consecuente con el respeto a los derechos y libertades de todos sus ciudadanos, tiene el deber de promover la disminución de la violencia social. Y esto se garantiza mejor escuchando, dialogando y consensuando soluciones que recortando derechos individuales.

Vulnerar la libertad de expresión como consecuencia de una "supuesta" y no contrastada alteración del orden público y la seguridad, es un argumento inconsistente, máxime cuando también para el referido día, la misma autoridad gubernativa que prohibió la exhibición de banderas independentistas, autorizó una concentración de grupos radicales de extrema derecha. Con esto no pretendo justificar una prohibición de la concentración de estos últimos, sino todo lo contrario. En honor a la libertad de expresión una Delegación del Gobierno ecuánime y tolerante, debe autorizar las dos concentraciones diferentes garantizando la seguridad ciudadana y no, de forma arbitraria e injusta, prohibir una y autorizar la otra. Y el artículo 404 del Código Penal (que regula el delito de prevaricación) es claro al describir la conducta típica de esta infracción como "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

La mentira y la manipulación también forman parte de la estrategia política para conseguir el poder. Y en eso, el gobierno de Rajoy tiene una experiencia inigualable. Por un lado predican transparencia y regeneración y, por otro, no dejan de salir casos de corrupción en sus filas, porque no hay día en el que los informativos no recojan alguna pifia cometida por alguno de sus miembros. La última supone un esperpento que ya hubiera querido plasmar con tanta brillantez Valle Inclán en los espejos cóncavos y convexos de su novela Luces de Bohemia, porque, después de imponerle el juez José de la Mata al PP una fianza de 1,2 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles en el "caso Bárcenas" referentes a la "caja B" del partido, en un primer momento manifestaron que abonarían la fianza, aunque dos días más tarde se ha publicado que no, que recurrirán la decisión y, en consecuencia, no la pagarán.

Por otra parte, se ha conocido que Rajoy envió una carta a Bruselas comprometiéndose a realizar más recortes en el gasto público si vuelve a gobernar y, en cambio, el mensaje que lanza a los ciudadanos como promesa electoral es que no hará más recortes y que bajará los impuestos. Y digo yo, si es así, ¿de dónde va a sacar los recursos para bajar el déficit, por el que, además, la Comisión Europea le ha impuesto una multa a España? Es de suponer que de la sanidad, la educación, las políticas sociales, el salario mínimo interprofesional, el subsidio de desempleo, el sueldo de los funcionarios o las pensiones, con lo que se incrementarán, aún más, la pobreza y las desigualdades sociales.

Pero no hay problema, porque el gobierno en funciones, para captar el voto de los indecisos, ha decidido considerar como objetivo importante de su gestión, los asuntos sociales y políticos de Venezuela. Así, el gobierno ha incluido esas cuestiones del país latinoamericano en el Consejo de Seguridad Nacional. No estoy muy al tanto del Boletín Oficial del Estado, pero, hasta el momento y que yo sepa, no han vuelto a ser colonias españolas las 6 provincias de la vieja Capitanía General de Venezuela (Venezuela, Barinas, Cumaná, Mérida, Margarita y Guayana).